Durante 2019, en Puebla se registraron 34 agresiones hacia periodistas o medios de comunicación, lo que posiciona a la entidad en la cuarta más violenta contra la prensa en el país. Esto según el informe anual de Artículo 19, llamado en esta ocasión “Disonancia: voces en disputa”, haciendo referencia a la marcada polarización entre el nuevo régimen político y la prensa crítica desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.

La Ciudad de México encabeza la lista de las entidades con más casos de agresiones, pues registró 84, seguida de Quintana Roo con 57, Guerrero con 51, Puebla con 34 –como hemos dicho ya– y Oaxaca y Veracruz con 33 cada una.

Las 34 agresiones acaecidas en el estado están conformadas por: 9 casos de bloqueo, alteración o remoción de información; 8 casos de intimidación y hostigamiento;  7 amenazas, 4 ataques físicos, 4 casos de uso ilegitimo del poder público, 1 allanamiento y 1 ataque a bienes materiales.

El documento explica que si bien hubo una disminución con respecto a la cifra del año pasado, ya que en 2018 a nivel local se registraron 45 casos, e incluso Puebla pasó del tercer al cuarto lugar en la lista, en la entidad estas agresiones se dirigieron a casos más complejos que afectaron el derecho a la información. 

Ocurrieron bloqueos informativos, se eliminaron contenidos, y hubieron descalificaciones y acciones legales contra el portal e-consulta, en primera instancia, y posteriormente contra los medios Datamos y El Popular, por parte de funcionarios del gobierno de Miguel Barbosa. 

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Asimismo, se señala que la disminución de casos en estados como Puebla, Oaxaca o Veracruz, no significó una reducción de los ataques a nivel nacional, pues estos aumentaron en otras entidades como Baja California o Quintana Roo. 

En el caso de Baja California, señala el informe, el aumento se debió a que los presidentes municipales multiplicaron el discurso del gobierno federal de desacreditar a los periodistas. Mientras que en Quintana Roo las agresiones aumentaron por el narcotráfico y la presión constante de las autoridades para no publicar los índices de violencia y los actos de corrupción.

A nivel nacional se registraron 609 agresiones contra la prensa (75 más que en 2018), entre estas: 166 casos de intimidación y hostigamiento, 144 amenazas, 62 ataques físicos y 10 asesinatos. Los reporteros fueron los más afectados por estas agresiones, pues recibieron 241 ataques, seguidos por los directores generales, con 127. 

Por otro lado, los funcionarios públicos fueron quienes más agredieron a los periodistas con 265 de los 609 casos; mientras que 339 agresiones del total se dieron por cubrir temas de corrupción y política. 

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“El presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno”

Foto: Marlene Martínez

Durante la presentación del informe, la directora regional de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, lamentó el incremento de agresiones que se registró en el 2019, pese a las acciones iniciales del gobierno federal, como el reconocimiento de la violencia ejercida por el Estado en años anteriores y la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 

Dijo que el surgimiento de nuevas amenazas para los periodistas y la libertad de expresión se han dado por la estigmatización del trabajo periodístico, generada por el discurso de López Obrador, quien en los primeros 100 días de su mandato ya había consolidado expresiones como: “conservadores” o “hipócritas”, para dirigirse a los periodistas o medios que criticaban sus acciones. 

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Explicó, además, que pese al intento del gobierno federal por hacer parecer a las conferencias matutinas como un estrategia de comunicación, en realidad no son un espacio informativo, pues es muy complicado verificar la información presentada, incluso a través de las plataformas de transparencia. En cambio, son más un espacio de sobre exposición del mandatario federal, lo que le permite definir con más facilidad el debate público.

“En el intento por ganar la narrativa, el presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la resistencia de sus adversarios y las viejas élites con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la narrativa. Es así que, contrario a lo que dijo el Ejecutivo, el derecho a disentir en el gobierno no está garantizado”.

*Foto de portada: Marlene Martínez

A pesar de que Puebla pasó del tercer al cuarto lugar, la violencia hacia los periodistas en México no significó una reducción de los ataques a nivel nacional