Primer acto: en su informe anual, la organización Artículo 19 denuncia que, a dos años del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en materia de libertad de expresión prevalecen los viejos anclajes autoritarios; en todo caso con nuevos manejos, bajo “formas más sutiles, pero no por ello menos dañinas para el espacio democrático”.

Segundo acto: el Departamento de Estado de Estados Unidos incluye en el capítulo de México de su reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo, una investigación en la que esta misma organización colaboró y documentó ataques a periodistas críticos orquestados desde la dirección de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano.

Tercer acto: molesto por lo anterior, el presidente sale en defensa de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, y acusa a la organización internacional con presencia en el país de pertenecer al “movimiento conservador” y recibir recursos del extranjero.

Cuarto acto: el periódico La Jornada cabecea su primera plana: “Financiado por EU, Artículo 19 nutrió el golpe contra México”. Al titular le acompaña la leyenda “Puedo probar que todos sus miembros son opositores a la 4T: AMLO”.

También puedes leer: No censuro, no ataco, sí tergiverso

¿Que cómo se llama esta obra? Lo anticipó Artículo 19 en su informe anual Distorsión: el discurso contra la realidad, en el que expone seis tendencias preocupantes en materia de libertad de expresión y derecho a la información: 1) la concentración y clausura de la información, 2) la desigualdad informativa en la pandemia, 3) el permiso para agredir a la prensa, 4) la vocación por censurar internet, 5) el desmantelamiento de la protección de derechos y 6) la disculpa por el pasado y la negación del presente.

En sus 278 páginas, el informe desarrolla ampliamente y con evidencias cada uno de estos comportamientos, revelando que, en medio de un contexto estigmatizante, en 2020 se documentaron 692 ataques contra la prensa –una agresión cada 13 horas, de las que 49.5 por ciento provinieron de agentes del Estado– y se registraron seis asesinatos de periodistas. Pero son dos de las tendencias mencionadas las que ayudan a explicar la simplista descalificación al trabajo de Artículo 19 hecha por López Obrador en su conferencia matutina del pasado 31 de marzo, la consecuente carta de impunidad extendida por el presidente a la gestión de Sanjuana Martínez en Notimex y la vergonzosa portada de La Jornada del 1 de abril.

La primera es la concentración y clausura de la información. Son varias las formas con las que, particularmente, la figura presidencial concentra y clausura la información. Lo hace desde la tribuna de las mañaneras en las que el presidente “pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y… desinforma”. Las voces críticas a su gobierno y sus decisiones son consideradas desde este epicentro de las narrativas oficiales y los otros datos como adversarios, tal y como lo hizo la semana pasada dirigiéndose a Artículo 19, una semana después de la publicación de su informe.

Otro mecanismo lo sigue siendo la publicidad oficial. De acuerdo con el mismo informe, aún no existen criterios claros para la asignación de la pauta publicitaria, es decir, los recursos públicos erogados por el gobierno federal en medios de comunicación; el gasto se concentra en los últimos meses del año, específicamente en diciembre; y la concentración persiste: el 54% de lo ejercido en 2020 se repartió en apenas 10 medios, mientras que el 46% restante se distribuyó en 387 empresas informativas. Es cierto que el gasto ha disminuido significativamente en contraste con el despilfarro del sexenio anterior, no obstante, el problema de la concentración que repercute en las líneas editoriales permanece. Entre la lista de los 10 medios más favorecidos con recursos públicos, figuran con montos superiores a los 100 millones TV Azteca, La Jornada y Televisa, en ese orden.

La segunda tendencia a destacar es el permiso para agredir a la prensa, que desencadena un efecto cascada. Desde que Artículo 19 inició operaciones en México, según consta en su informe, 2020 ha sido el año con más ataques contra la prensa, 13.6% más que en 2019. No cabe duda que son múltiples los factores que influyen en este registro, sin embargo, resulta insoslayable pasar por alto el ambiente hostil para el gremio que se alimenta desde el poder presidencial.

La animadversión oficial hacia la prensa, puede leerse en el informe de la organización, “alienta a mandatarios municipales y estatales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios locales y envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos, que encuentran en las narrativas estigmatizantes un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.  Esto lo confirma el caso Notimex: a 10 meses de la investigación hecha por Artículo 19, Aristegui Noticias y el laboratorio Signa Lab del ITESO, las agresiones denunciadas siguen en la impunidad.

Y por si la obra de cuatro actos quedara corta, la narrativa oficial ha decidido seguir jugando con la carta de los golpes blandos para desacreditar todavía más la crítica.

Como lo ha manifestado el titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, “señalar desde la presidencia a quien cuestiona al poder público –como respuesta principal a la crítica formulada– es un camino muy delicado en el que la historia sólo muestra ejemplos de deterioro de la democracia”. Pero además, “pierde el debate público porque quienes están pidiendo a sus autoridades aclarar posición frente a unos cuestionamientos legítimos no reciben una respuesta y, en cambio, pasan a soportar el peso del señalamiento con el dedo presidencial: el más poderoso del Estado”.

El trabajo de Artículo 19, que no es perfecto, está allí como prueba de su congruencia con una agenda indispensable para construir más democracia. La distorsión, en cambio, la erosiona a través de la intoxicación del debate.

*Foto de portada: Gobierno de México