Los Estados de América Latina deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y la criminalización de sus luchas debe detenerse, como requisitos para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en el marco de las Naciones Unidas para 2030.

Se trata de los derechos de más de 800 pueblos con unos 60 millones de personas, 10 por ciento de la población de la región, señaló un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac).

Los indígenas “padecen un nivel de pobreza superior al de los no indígenas en la región, por lo que debemos terminar con la cultura de los privilegios y adoptar la de la igualdad”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

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En América Latina existen 1223 conflictos territoriales que han generado movilizaciones de los pueblos originarios, en primer lugar frente a explotaciones de minas e hidrocarburos, a las que se ha respondido con represión y criminalización.

Producto de ello, 232 defensores de la vida y los territorios indígenas fueron asesinados entre 2015 y el primer semestre de 2019: en promedio, cuatro defensores o defensoras indígenas asesinados cada mes.

Foto: César Martínez López | CIMAC Noticias

El estudio de Cepal y Filac, “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, reconoce avances en el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas en la región, y propone superar rezagos.

En primer lugar, se pide a los Estados “resguardar la seguridad jurídica de los derechos originarios de propiedad y posesión colectiva” mediante “mecanismos de demarcación y titulación que aseguren la integridad de los territorios indígenas”, manteniéndolos fuera del juego del mercado.

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Igualmente, implementar procesos de consulta previa a las comunidades indígenas sobre cualquier proceso que pueda afectar sus territorios o los recursos naturales que contienen, para obtener su consentimiento libre, pleno e informado.

Un campo importante es la declaratoria de áreas protegidas que hacen los Estados, a menudo sobre territorios ancestrales de pueblos indígenas y que pueden afectar los derechos de esas comunidades.

Los territorios indígenas tradicionales, que abarcan 22 por ciento de la  superficie  terrestre,  coinciden  con  áreas  en  las  que  se  encuentra  80 por ciento de la diversidad biológica mundial, y la mitad de las zonas protegidas se han establecido en tierras tradicionalmente utilizadas por pueblos indígenas.

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*Foto de portada: hdiaz | Pixabay