A mi padre, mi madre y mi hermano, con quienes aprendí que para hacer un sueño no hacen falta alas, bastan las manos, el pecho, las piernas y el empeño.

Así como feminista, la Cuarta Transformación será con progresividad fiscal o no será. Podrá ser o no con Andrés Manuel López Obrador, quien ha evitado este debate en función de su promesa de no aumentar impuestos, pero un Estado social fuerte en su capacidad de garantizar derechos requiere de una fiscalidad justa. Sin ánimo confiscatorio alguno, sino desde una racionalidad de equidad y del reconocimiento de la relevancia de los bienes públicos, que contribuya más el que tiene más.

Si en algo acierta el planteamiento reciente del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, es en ubicar la progresividad fiscal como base para la edificación de un verdadero Estado de bienestar. La ecuación no es novedosa, los países nórdicos tienen bastante experiencia en esto. Se trata, no obstante, de una fórmula con alto contenido político, desafiante en un país tan desigual como México por la carga que supone para las grandes fortunas.

El revuelo causado por las ideas de este dirigente político entre opositores y correligionarios es un asomo del ruido y la animadversión que supone siquiera abrir el portal de la discusión.

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Si bien la confrontación se dio alrededor de su propuesta de facultar al INEGI para medir la concentración de la riqueza y la interpretación de una descuidada redacción que llevó a algunos a entender que los encuestadores de esta institución podrían ingresar a los domicilios de la gente a revisar su patrimonio, el sustrato de la iniciativa es el de la lucha contra la desigualdad. Una lucha que, con intervención del INEGI o no, encuentra un instrumento ideal en la progresividad fiscal.

¿De qué tamaño es la desigualdad? Zoom out. Según el último informe global de Oxfam, 2 mil 153 multimillonarios en el mundo poseían más riqueza que 4 mil 600 millones de personas. Zoom in. De acuerdo con un estudio de la Cepal de 2016, el 10% más rico de América Latina contenía el 71% de la riqueza de la región y sólo tributaba el 5.4% de su renta. Más zoom in. En México, según Oxfam, el 10% más rico concentraba hace unos años el 64% del total de la riqueza del país; mientras el PIB crecía a menos del 1% anual antes de 2015, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplicaba por cinco.

Foto: Pxfuel

Ante esta obscena concentración de la riqueza, Oxfam ha recomendado en los últimos años avanzar hacia una economía más humana sostenida en un sistema fiscal justo y progresivo que permita su redistribución. Un modelo fiscal progresivo es una bandera tradicional en las agendas de izquierda y, sin embargo, no forma parte de las prioridades de la 4T.

En su ensayo sobre la política económica en los tiempos del coronavirus, López Obrador sostiene: “En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no es gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Es y será, en cambio, garante de derechos.” La mutación no es menor. El apuntalamiento de un Estado desde esta piedra angular requiere de recursos ingentes para el fortalecimiento de instituciones sociales como el aparato de salud, no se diga la educación pública o un sistema robusto de seguridad social. En esta dirección, la austeridad que vertebra el documento presidencial es importante, pero insuficiente si no viene acompañada de una mayor y mejor recaudación fiscal.

En paralelo al intercambio que generó la comunicación de Ramírez Cuéllar, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue presentado un punto de acuerdo que se anunció a principios de mes con el fin de otorgar un ingreso vital de 3 mil 746 pesos a quienes se han visto afectados económicamente por la emergencia sanitaria, de carácter temporal y no condicionado, a fin de que puedan quedar cubiertas sus necesidades básicas. El monto es equivalente a un salario mínimo mensual.

Inicialmente, este punto de acuerdo para apoyar tanto a trabajadores formales como informales lo suscribieron 95 diputadas y diputados de seis grupos parlamentarios. El miércoles 20 de mayo fue leído por la diputada Laura Rojas en la sesión virtual de la Comisión Permanente con el respaldo de 124 firmas legisladoras y legisladores, y más de 20 organizaciones sociales, entre ellas Nostrxs, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Fundar, Gesoc, El Día Después, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadoras del Hogar y Oxfam México.

Con la pérdida de cientos de miles de empleos, los escenarios son alarmantes. El Coneval ha estimado que 9 millones de personas podrían engrosar las filas de la población con pobreza por ingresos, mientras que hasta 10 millones más incrementarían el número de personas en situación de pobreza extrema. Si a estos cálculos le sumamos que los actuales programas sociales del gobierno federal no incluyen a 32 millones de las 52.4 millones de personas en situación de pobreza en México, una población predominantemente urbana, apoyos como el ingreso vital parecen inaplazables.

Este tipo de transferencias monetarias directas recuperan propuestas como la de una renta básica universal ya explorada en algunos países con resultados positivos. El economista español Daniel Raventós define la renta básica como el derecho de todo ciudadano a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, sus necesidades vitales, sin que ello suponga una contraprestación. Todavía más breve, en palabras de Juan Carlos Monedero, es el derecho de todo ser humano a una existencia digna.

No sin la descalificación de una vergonzosa oposición, España ha dado el paso. Para amparar a personas que sufren pobreza severa en el país ibérico, esta semana su Consejo de Ministros aprobará el ingreso mínimo vital a partir de junio beneficiando a 850 mil hogares con montos que van de los 462 por adulto a los 1,015 euros por hogar.

¿Acaso no tiene gran pertinencia la progresividad fiscal en contextos y momentos como los que están en curso? Como diría Víctor Hugo: nada tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado.