Foto: Marlene Martínez

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera

El debate sobre la despenalización del aborto es, sin duda, uno de los debates más dolorosos que  han tenido que enfrentar las sociedades contemporáneas y que de nueva cuenta se encuentra en escena de manera álgida. Es un debate que hace alusión a una situación particularmente delicada porque relaciona de manera muy compleja vida, dignidad y libertad. Es un debate que tiene enormes consecuencias políticas que van más allá del tema.

¿En qué momento desde la penetración del espermatozoide en el óvulo, la formación del cigoto, la implantación del óvulo fecundado en el útero, la aparición de la actividad eléctrica cerebral, etc., se puede hablar de persona humana? Ciertamente, desde el momento en que aparece un nuevo código genético, 18 a 20 horas después de la fecundación, lo que está presente es código genético de vida humana;  sin embargo, no es tan claro que esa realidad pueda llamarse “ser humano” único e individualizado. De ahí surge toda clase de polémicas motivadas por diferentes intereses, unos más éticos que otros. Probablemente continúe siendo un debate ríspido por muchos años, a no ser que nuevos avances científicos, biológicos, psicológicos, sociológicos y nuevas reflexiones filosóficas aporten datos relevantes a la discusión. Entre tanto, la problemática le da muchos dividendos a las políticas tipo Trump o Bolsonaro para quienes la preocupación por la vida, en cualquiera de sus manifestaciones, está ausente.

El tema de la interrupción voluntaria de un embarazo es un tema ético, si por ética entendemos lo que atañe a la vida, a la dignidad, y a la libertad, individual y colectiva. Ocurre así que las decisiones éticas, por definición, son decisiones que se toman ante conflictos de valores que se articulan de manera muy compleja y exigen responsabilidad, información, contextualización, diálogo e introspección. Lo que siempre está en juego es la vida y la dignidad humana de las personas y de las colectividades, de las generaciones presentes y de las futuras. Y todo eso –todo– es lo que está en juego en el tema del aborto, donde el diálogo se ha vuelto casi imposible porque predominan posturas polarizadas que, paradójicamente, convergen en que ambas argumentaciones parecen eliminar precisamente la complejidad y la tensión valoral que conlleva la interrupción de un embarazo.

En un polo están los grupos autodenominados “pro-vida”,  la jerarquía de la iglesia católica, miembros de otras iglesias cristianas  y diversos grupos, quienes consideran que el aborto voluntario (considerando aborto incluso el uso de la píldora de emergencia) sea cual sea la causa, y en cualquier momento del proceso, es un homicidio.

En otro polo están grupos feministas que consideran que la mujer tiene derecho absoluto sobre su cuerpo y, por lo tanto, puede decidir libremente si quiere abortar, en el transcurso de 12 o 13 semanas de gestación.

En el primer caso, lo primero que salta a la vista es la falta de sensibilidad a las causas del aborto, como si este se diera en un vacío de contexto y por mala fe de la mujer, eliminando así los valores que entran en conflicto. Y entre las principales causas del aborto en nuestro país están: la miseria, la falta de información y educación sexual contextualizada, así como el machismo. Muchos embarazos no deseados son el resultado de relaciones asimétricas de poder de los varones sobre las mujeres. Uno se asombra de cómo se hablaba de excomunión automática ante el aborto –algo que ha matizado el actual Papa Francisco–,afirmando que es como mandar sicarios a acabar con la vida.

Estas posturas entran en contradicción con la manera en que organizaciones pro-vida y jerarquías de las diferentes iglesias cristianas  han tolerado e incluso apoyado lo que podríamos nombrar: “abortos colectivos”, generados por las políticas del FMI; por los abusos de las instituciones financieras; por el silencio ante los megaproyectos que destruyen la vida y sus posibilidades de reproducción; por la obscena concentración de la riqueza en el mundo y nuestro país que mata –sí, mata– de desnutrición, de falta de oportunidades, además de  desintegrar a las familias de una gran parte de la población, la de los migrantes.

¿Por qué no se condena con el mismo énfasis esa “cultura de muerte”? ¿Con qué autoridad moral se habla de respeto a los seres humanos cuando al mismo tiempo, por ejemplo, durante años, se han encubierto los delitos de pederastia al interior de la Iglesia católica; delitos que han destruido tantas “vidas”, verdaderas «masacres» como ha señalado Alberto Athié? Si eso indigna a todo ser humano con sensibilidad moral, más aún nos indigna a los creyentes. Y si a la condenación del aborto se le añade la prohibición del uso de preservativos y las reticencias a una sana educación sexual por parte de amplios sectores de la Iglesia, nos encontramos en un escenario que pone a la mujer entre la espada y la pared. Esto es gravemente injusto e inmoral por parte de la Institución. Y de todo esto sacan provecho las corrientes políticas de ultraderecha, corrientes que a través de sus prácticas económicas y sus visiones estigmatizadoras, afectan la vida y la dignidad de la mayoría de la población.

En el segundo caso, el del planteamiento de que la mujer tiene derecho absoluto sobre su cuerpo, parte de una visión discutible sobre el ser humano. Me parece que no tenemos derechos absolutos ni sobre nuestro cuerpo, ni sobre nuestra vida, ni sobre el entorno. Precisamente porque los seres humanos creímos que teníamos derechos absolutos sobre la naturaleza hemos deteriorado los bienes naturales del planeta. Creo, como dice Raimon Panikkar, que somos seres “relativos”, es decir, estrechamente relacionados con los demás y con la naturaleza, seres inter-in-dependientes. Creo, como plantea Levinas, que somos responsables los unos de los otros incluso antes de tomar conciencia de ello. Pero por esto y porque creo que la libertad es ante todo una forma de relación, no una desvinculación per se, me parece fundamental continuar la lucha por la equidad de género que supone, entre otras cosas, continuar la lucha contra la expropiación que del cuerpo y de la sexualidad de la mujer han hecho el Estado, las creencias y los hombres.  No obstante, sostener que el carácter absoluto del derecho de la mujer sobre su cuerpo es el punto nodal para la decisión del aborto voluntario, me parece que es eliminar la premisa que planteo de que el aborto es un conflicto de valores, y de que la subjetividad y la corporeidad no son una individualidad completamente autónoma sino entrelazada. Considerarlo un derecho absoluto que no entra en tensión con otros derechos, creo que es banalizar el problema.

Edgar Morin en su libro L’Éthique, que tiene como hilo conductor la complejidad de la ética, plantea constantemente las relaciones complementarias, antagónicas y recurrentes entre individuo, sociedad y especie, y considera que la cuestión ética está en el corazón mismo de esta dinámica. Dice, en el caso que nos ocupa, que inevitablemente nos enfrentamos a los antagonismos que supone el derecho de la mujer a preservar su libertad abortando ante un embarazo no deseado, el derecho de nacer del embrión, y el derecho de la sociedad a preservar su demografía. Morin le concede derechos al embrión, lo que es precisamente un aspecto fundamental del debate, pero plantea de manera seria la complejidad de lo que está en juego, y que lleva a considerar que la calidad de las decisiones morales no puede prescindir del contexto individual y social en el que están inmersas.

Pero lo complejo no debe de llevar a la parálisis sino a la seriedad, a la responsabilidad y a la aceptación del carácter incierto de nuestras decisiones. Además, ocurre que el debate en el que nos encontramos en este momento es uno en torno a una legislación. Por lo tanto, es necesario distinguir el nivel de la ética y el de la legalidad. Por supuesto que ambos niveles tienen relación. Si algo deseamos es que el respeto a la vida y a la dignidad informen las leyes de todo tipo y su aplicación; sin embargo, para permitir una convivencia sana en una sociedad plural (ya que una sociedad que no es plural no es sana) es necesario legislar a partir de acuerdos mínimos.

Foto: Marlene Martínez

La despenalización del aborto no es una ley que obligue a ninguna mujer a abortar en ningún caso, eso sería inadmisible, pero no se puede legislar sobre casuística, y en el caso del aborto voluntario cada caso es una situación especialmente compleja y dolorosa. Por lo mismo, debe quedar a la conciencia de la mujer la decisión última. En cambio, la penalización del aborto es una amenaza seria a la salud pública en el contexto concreto actual en el que es urgente proteger a miles de mujeres que mueren o son explotadas por abortos practicados en clandestinidad, y –subrayo– fundamentalmente mujeres pobres, lo que hace particularmente injusta una legislación punitiva. Ese es el meollo ético del asunto de la despenalización. Y es también –no menos importante– el esfuerzo por ir quebrando esa relación entre sexualidad y poder en la que las mujeres han sido las víctimas.