La cédula falsa que El juez que no debió ser entregó al Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Ilustración MCCI.

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A Arturo González Tabaco lo acusaron de haber sido contratado en el 2013 para asesinar a una mujer, y lo torturaron para arrancarle la confesión. Un médico del hospital Ángeles certificó que le aplicaron toques eléctricos en los testículos y que le lastimaron la columna vertebral. Pero esa certificación la mantuvo escondida por varios años el Juez Penal de Cholula, José Refugio Alejandro León Flores, el juez que no debió serlo.

Esto lo cuenta el abogado Adrian Cadena, abogado penalista y defensor de González Tabaco. Y ademas afirma que ha promovido varias denuncias en contra de León Flores, lo mismo en la Procuraduría General de la República (ex PGR o Fiscalía General) que en el Consejo de la Judicatura de Puebla, pero que no han prosperado por que el juez de Cholula fue protegido político durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.

“Al juez lo tengo denunciado en PGR, y lo tengo denunciado en Puebla. Las pruebas las escondió porque uno de los señalados como responsable fue el secretario de Seguridad Pública con Martha Erika Alonso: Fernando Rosales Solís; él fue la persona que torturó a mi cliente”.

En aquel momento –2013–, Rosales Solís encabezaba la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI). Con los cambios estructurales que se dieron en los gobiernos de Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali Fayad, fue nombrado titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), cargo al que renunció para ser nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el efímera administración de Alonso.

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Dice Adrián Cadena que, tras darse cuenta de la protección política que gozaba León Flores –quien incluso permitió que la denuncia en la PGR se congelara–, decidieron esperar a que concluyera el gobierno de Moreno Valle: “Cuando queda Gali pues estábamos en la misma situación, no había como controlar los efectos, y luego llegó la esposa, pues te imaginarás».

«Luego se dio el fallecimiento y eso nos cambió las fichas y metimos toda la carne al asador”. Ahí fue cuando decidieron denunciar a León Flores ante el Consejo de la Judicatura y llevar ese caso a medios.

Una crisis jurídica y de credibilidad

El especialista sostiene que el caso de “El juez que no debió serlo” pone en jaque los procedimientos y las sentencias que emitió León Flores durante los 30 años que ha trabajado en el Poder Judicial.

“Hay coincidencias, de todos los jueces amigos con los que he hablado, en que es nulo absoluto todo lo actuado [por León Flores]. Ahora, habría que ver qué efecto tendría esa nulidad. En algunos casos tendría que reponerse el procedimiento para aquellos que aún no hayan sido sentenciados, y para los que ya se terminaron los juicios tendría que haber nulidad y ya sin la reposición. Porque si en tu estado, si no tenías un juez que cumpliera con las condiciones para ser, pues entonces no soy culpable”.

—¿Y tendría que haber reparación del daño, como ya están pidiendo algunos ciudadanos sentenciados u hostigados por el Juez de Cholula?—.

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—Sí, por supuesto. Hay una responsabilidad solidaria con el estado. Si tú demandas al Estado normalmente quien termina pagando es un seguro, pero en el caso de los poderes judiciales no existe ese seguro. La responsabilidad del Estado en ese caso sería muy alta y va a ser muy difícil que acepten que tiene responsabilidad y pague una reparación, pero igual lo tienes que pelear, y podrían llegar hasta la corte interamericana—.

Eso en caso de que se reconozca la culpabilidad del juez, porque se trataría de resoluciones judiciales que parten de una persona que no cumplió de inicio con los requisitos para ser juez, pero además que cometió delitos de falsificación de documentos y de usurpación de profesión.

La otra posibilidad, reconoce, es todavía peor. En el caso de que el Consejo de la Judicatura decidiera exonerar al juez, ahí se daría un gran mensaje de impunidad.