Jorge Enrique Rodríguez Camejo | Connectas, Diario de Cuba

La primera asesinada del año se llamaba Leydi Laura García Lugo y tenía 21 años. Pero es probable que no sea la primera. Tal vez, por la conmoción que causó el hallazgo de su cadáver a un costado de la autopista nacional que conduce desde Santa Clara a Ranchuelo, y la inusitada confirmación del Ministerio del Interior, la suya sea la única cara visible del 2019. Aunque seguramente murieron otras. Otras que fueron sepultadas por el silencio de la prensa oficial, que durante décadas ha tratado de fortalecer el postulado de que en Cuba no hay violencia de género y menos Feminicidio. “Un efecto de la Revolución”, en palabras de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín. Hija de Raúl, sobrina de Fidel.

Leydi Laura había hablado por teléfono con su madre la mañana del sábado 30 de marzo. Acababa de terminar la guardia en el Hospital ginecobstétrico Mariana Grajales del municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, como parte del servicio rotativo que debía cumplir en su cuarto año de Medicina. Le había anunciado que llegaría antes del medio día. Se encontraba sola, en la carretera, haciendo “botella” o como se conoce popularmente en la isla a la acción de pedir un aventón al primer vehículo que aparezca. Nunca llegó. Esa misma tarde, la familia denunció la desaparición y empezó una búsqueda desesperada por redes sociales que terminó trágicamente tres días después.

Eran las 11:00 del martes cuando el cuerpo de la joven fue hallado en medio de un cañaveral. Llevaba pantalones azules, de los que usan los médicos, calzado deportivo de igual color y una blusa manga corta blanca. “Tenía hematomas en la cara y abdomen”, según recoge el medio alternativo Tremenda Nota, así como “claras señales de violencia extrema”. Tanto que las autoridades no permitieron que su familia la vea y fue sepultada esa misma tarde en el cementerio local de Ranchuelo. Aunque trascendió que murió por estrangulamiento, nunca se esclareció si fue abusada sexualmente, y como prácticamente todos los crímenes contra mujeres en Cuba, a falta de información los vecinos comenzaron a especular sobre las causas. Venganza familiar o Feminicidio, se ubicaron como las principales motivaciones.

El Feminicidio es un término identificado por la ONU como el asesinato de una mujer por razón de su género que “ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado”. Un término del que se habla en voz baja en la isla y que no es reconocido por la legislación cubana ni autoridades policiales ni tribunales, explica la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal CUBALEX. Diversent habla de la violencia de género como un problema social, de prejuicios y estereotipos arraigados, y del Feminicidio como su consecuencia más extrema. “La negativa a reconocer el Feminicidio, en parte es ideológica, para llamarlo de alguna forma. El proceso revolucionario supuestamente tuvo en cuenta la progresividad de los derechos de la mujer y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reafirmó esa idea”, sostiene.

“La violencia de género, según el Estado cubano en sus informes presentados al Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un problema intrafamiliar, sabes… ‘entre marido y mujer, nadie se debe meter’, así la mate a palo, a puñalada o a machetazo”, indica Laritza Diversent. “La relación social entre el hombre y la mujer es de sentido de pertenencia y subordinación, una mujer puede ser atacada por su pareja por simples rumores de infidelidad o porque no quiere regresar a la relación”, añade la jurista y recalca: “La violencia intrafamiliar no es parte del derecho a la intimidad”.

Mientras que en la mayoría de países de la región las legislaciones avanzan en la protección de la mujer con acciones como la tipificación del Feminicidio, en Cuba la tendencia es contraria. Poco cuenta la considerable presencia de mujeres a nivel estatal y político, que según cifras oficiales representan el 46 por cierto de la fuerza laboral del sector público-civil y el 65 por ciento de profesionales y técnicos del país. Mientras que en las últimas elecciones del Poder Popular se eligió a un 40 por ciento de delegadas y a un 30 por ciento de presidentas de asambleas municipales.

“El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia”, dicta el último inciso del artículo 45 de la nueva Constitución cubana, aprobada en referendum el 26 de febrero pasado. Un precepto constitucional que ha levantado expectativas en la isla, en el debate sobre la violencia machista y el feminicidio que es un fenómeno tangible aunque no se lo llame por su nombre. Pero para la abogada Diversent, aquello es letra muerta si no trae como mínimo cambios al Código Penal y al Código de la Familia. “No basta con el reconocimiento constitucional, las obligaciones (del Estado) son mucho más amplias. La reforma del sistema legal es una de esas. En palabras concretas, tienen que poner todo su sistema legal en función de la protección de los derechos fundamentales, incluido la protección de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad como son las mujeres que se ven expuestas a toda forma de violencia”.

Tirado como si fuese un desecho, también fue encontrado el cuerpo de Yulismeidys Loyola Fernández cerca de Camino Jorobao, al oeste de la localidad de Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Tenía 16 años, era hija única y estaba por empezar el último año de bachillerato. La hallaron con los pantalones abajo y la blusa desgarrada. Apenas unas horas antes, se había vestido de blanco y le había pedido a su madre que le tome una foto para Facebook, como si inconscientemente hubiese querido dejar grabada su impronta por última vez. Había salido a divertirse con unos amigos a Villa Rancho Hatuey, un lugar de esparcimiento ubicado en la periferia de la ciudad. Transcurría la penúltima semana de agosto de 2018.

La adolescente fue apuñalada salvajemente. Tenía una estocada en la pierna, dos en la espalda que le atravesaron los pulmones y estaba degollada. El culpable, según reveló la policía y reprodujeron los medios estatales, era uno de los jóvenes con los que había departido esa noche. El móvil, un intento de violación. Aunque familiares dudan de la versión oficial y piensan que el abuso sexual sí se perpetró. En este caso, también hubo alarma y desinformación entre los lugareños, hasta que las autoridades se pronunciaron al noveno día. Un hecho insólito en cuanto a asesinatos de mujeres en Cuba, que han sido sucedidos por un silencio ensordecedor durante los últimos años. Todos, a excepción de tres casos: el crimen de Leydi Laura, el de Yulismeidys y el de Leydi Maura Pacheco de 18 años, quien fue secuestrada, violada y asesinada a finales de septiembre de 2017 en la localidad de Junco Viejo, provincia de Cienfuegos.

Pero otros crímenes atroces como los de Daylin Navarro Causse de 36 años y su madre Tomasa de 64, perpetrados también en Cienfuegos, en el municipio cabecera a mediados de mayo de 2017, no merecieron ninguna declaración oficial ni cobertura de los medios del Estado. Ambas fueron asesinadas a puñaladas por la expareja de Daylin, que no soportó la idea de que rehiciera su vida y esperara un hijo de otro.

Ocultamiento de Feminicidios, una política de Estado

Luis Mario, como se identifica este instructor de policía, asegura que acumula más de quince años de experiencia en procesos de investigación penal. Desde su apacible domicilio familiar de Ciego de Ávila, dice sentirse más cómodo para hablar de un tema catalogado como confidencial. Confiesa que es la primera vez que accede a conversar con la prensa independiente. Acto seguido, advierte que esto podría costarle el cargo y acarrearle represalias.

Hasta ahora, Luis Mario no tenía idea del significado de Feminicidio. Puesto al tanto de que se trata del asesinato de una mujer a manos de un hombre a razón de su género, con tintes de machismo y misoginia, el instructor calcula que al menos una docena de casos que han pasado por sus manos “encajan perfectamente en la descripción”.

Según el relato del policía, las investigaciones de crímenes de mujeres en Cuba nunca tienen un enfoque de género ni se realizan de forma cabal. “No existe un empeño real más allá de identificar al autor y establecer la existencia del delito y los elementos básicos que lleva un expediente penal”, sostiene y reconoce que existe una política de Estado que tiene a ocultar un fenómeno que ni al Ministerio del Interior ni al partido le interesa confrontar.

Esto lleva a que los procesos judiciales se sigan por homicidio, que según el Código Penal cubano contempla penas que van desde los siete a los quince años de privación de libertad. En lugar de que se sigan por asesinato, que se castiga con penas desde los quince a treinta años y amerita la incidencia de agravantes como la premeditación, el aumento del sufrimiento de la víctima, su imposibilidad de defenderse y su relación familiar o conyugal con el perpetrador. Agravantes que suelen ser comunes en los crímenes contra mujeres en la isla.

“Es válido señalar también que existe cierta impunidad que las leyes del país ofrecen a los hombres agresores de mujeres”, reflexiona Luis Mario. “Las condenas de cárcel no corresponden muchas veces con la naturaleza del delito, ya sea maltrato físico, mutilación o muerte. Por ejemplo, no existe ningún castigo contra los agresores que violan las órdenes de restricción o las actas de advertencia. En muchos casos de muertes de mujeres, su homicida incumplió las medidas impuestas por los Tribunales o cumple sentencias leves por lesiones o maltratos”.

Cuando Luis Mario habla de la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género frente a su agresor y la omisión cómplice del Estado, parece como si estuviese recordando la muerte a puñaladas de Misleydis González García. Quien sabe si su asesinato, ocurrido un 26 diciembre de 2017, fue parte de esa docena de casos de Feminicidios que ha conocido el instructor durante su carrera y que además, reconoce haber tratado a la ligera. Con la consigna de cerrarlos en el menor tiempo posible, sin levantar mucho polvo.

En el caso de Misleydis se junta todo. Un largo historial de violencia intrafamiliar. Denuncias previas que no sirvieron de nada. Nulas opciones de refugio por parte del Estado para resguardarla de su agresor. Silencio de las autoridades y la prensa oficial. Se trata de un caso que vio la luz por la publicación de la revista feminista independiente Alas Tensas, cuya directora Ileana Álvarez y editor, Francis Sánchez, tuvieron que exiliarse en España junto a su hijo menor. Esto, por el hostigamiento policial que sufrieron tras investigar y visibilizar el Feminicidio en Cuba.

Misleydis tenía 47 años y era residente de la localidad de Aguas Verdes, provincia de Ciego de Ávila. Había presentado varias denuncias contra su conviviente, quien la amarraba, golpeaba y hasta le había propinado un machetazo en el brazo que la dejó liciada. En un último intento por salvaguardar su vida, pasó sus últimos días refugiada en casa de una amiga cercana. También acudió a interponer una última denuncia, aunque en el fondo sabía que esa demanda de protección a las autoridades no haría la diferencia.

“No recuerdo exactamente la cifra, pero sí puedo asegurar que en el 90 por ciento de los casos, la víctima (de Feminicidio) sufría violencia doméstica, y en poco más de la mitad de los casos, la víctima habría denunciado a su pareja o expareja con anterioridad”, asegura Luis Mario, como si del caso de Misleydis hablara. “Muchas veces, cuando una mujer acude a la policía para denunciar amenazas o maltratos, ni siquiera son atendidas por una oficial mujer. La policía no ofrece a las mujeres amenazadas o abusadas la más mínima protección, y tampoco existe una institución en Cuba, como en otros países, de refugio o protección para ellas”, revela el policía.

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*Ilustración: Juan Carlos Hernández

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