Foto tomada de UN News

Mtro. José Rosario Marroquín Farrera

La violencia creciente constituye un recordatorio constante de una guerra de múltiples frentes que asuela al país: por un lado la lucha criminal contra la vida y la seguridad de las personas, por otra parte la vulneración de los derechos humanos por parte del estado mexicano y, en otro flanco, el avance del despojo territorial en áreas rurales y urbanas a causa de mega proyectos empresariales.

El 7 de noviembre el estado mexicano fue examinado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los informes enviados para tal fin por el gobierno mexicano y por organizaciones civiles dan cuenta de las áreas en que se debe avanzar y de aspectos en los que son necesarios cambios reales a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Se debe garantizar la justicia y la legalidad frente a la impunidad que parece ser el principal rasgo distintivo de la vida pública.

Son múltiples y serias las deficiencias detectadas en la información allegada para este examen: un sistema de justicia que no constituye un contrapeso eficiente ante la criminalidad, prácticas sociales en el límite de la justicia y la venganza, así como violaciones arraigadas a los derechos de las personas trabajadoras bajo el argumento de la eficiencia económica sobre toda consideración de derechos. Lo anterior en medio de sociedades que parecen altamente tolerantes con la vulneración de derechos no exigidos. Como si se hubiera arraigado la costumbre de vivir mal.

Por si no bastase, las amenazas contra el ejercicio de los derechos humanos se expresan también como atentados contra la vida, la salud y el futuro de quienes habitan o transitan por México a causa de la expansión urbana y el despojo de los territorios. El alto consumo energético en condiciones de desigualdad constituye un tema de justicia ambiental y una negación del derecho a vivir con dignidad.

Los pueblos que han experimentado directamente las consecuencias nocivas de la alta demanda de energía han visto también que la defensa de sus derechos se agrava por el avance de la criminalidad y la violencia. De manera que la violencia no es solamente el efecto no deseado de una fallida estrategia de seguridad sino un elemento inherente a la expansión de proyectos que implican el despojo y la devastación de los territorios.

Dos grandes bloques llamaron la atención de los países en la sesión donde México fue evaluado: problemas relativos al sistema de justicia y amenazas contra la vida y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre ellas defensoras y defensores de los territorios frente a grandes proyectos empresariales y de infraestructura.

En línea con el despojo territorial los estados recomendaron la adopción e implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, que surge a partir de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. También se recomendó hacer esfuerzos para garantizar el derecho a agua potable y saneamiento para toda la población. Los estados recomendaron reforzar la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en los asuntos que conciernen al uso del territorio.

En relación con los procesos territoriales el gobierno mexicano abordó en su informe dos temas: el derecho a un ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas. Con respecto al primero menciona que ha sido incorporado, junto con el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua, a la Constitución. Indica que se ha fortalecido el ejercicio de las acciones colectivas y la intervención de cualquier persona para reclamar por afectaciones ambientales. En cuanto a los derechos de los pueblos el gobierno menciona la creación de una comisión de diálogo para asegurar el respeto a la libre determinación y autonomía. Informa además que la Semarnat desarrolla un plan para garantizar el cumplimiento al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, conforme a los criterios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La experiencia en el estado de Puebla permite afirmar que se trata de acciones que hasta hoy no han tenido ningún impacto positivo frente al despojo territorial y frente a las agresiones contra defensoras y defensores comunitarios.

Un informe presentado por organizaciones civiles identifica a la reforma energética entre las causas del retroceso en materia de derechos humanos debido a que hace prevalecer la extracción de recursos naturales sobre cualquier uso o forma de coexistencia con la tierra. Situación que se agrava porque no existen instancias adecuadas para expresar la oposición a los proyectos que implican despojo. En esta área, y no solo en el tema de la violencia criminal, la impunidad es visible en la falta de sanción ante  el control y despojo de grandes extensiones de tierra para la explotación forestal, mineral, agroindustrial, turística, energética y de hidrocarburos.

Diferentes violencias se unen. Vale la pena encontrar los puntos que las articulan y mantener frente a ellas un alto nivel de exigencia en materia de derechos humanos.

*Foto de portada tomada de Garuyo