«Marcha de las putas» contra los feminicidios en Puebla llega a Fiscalía (noviembre 2017)
Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Debido a la omisión del gobierno de Puebla para eliminar y combatir todos los tipos de violencia contra las mujeres, y la opacidad y simulación con que se condujo en el supuesto cumplimiento de las recomendaciones para evitar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla, un grupo de organizaciones exigió al gobierno federal declarar dicho instrumento.

La demanda de actuación acorde a la ley para garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres es de “hace años, no es asunto de tiempos electorales, ni tiene ver con quién gana”, manifestaron este martes en rueda de prensa las integrantes de la Mesa de Seguimiento de la Solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla, conformada por académicas, activistas e investigadoras de diversas organizaciones y periodistas independientes.

Del análisis realizado, la Mesa de Seguimiento concluyó que de las 11 recomendaciones que el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) hizo al gobierno del estado, para evitar que se decretara la Alerta, cinco no fueron cumplidas y otras seis se cumplieron sólo parcialmente.

Lo anterior contrasta con la calificación que dio el Grupo de Trabajo de Conavim, que sólo consideró 2 recomendaciones incumplidas, 3 parcialmente cumplidas, 3 en proceso de cumplimiento y 3 cumplidas, pese a que el gobierno sólo reportó pequeños avances y promesas de cumplimiento, como lo documentó LADO B en el especial “Alerta de Género en Puebla: la simulación”.   

Opacidad e indiferencia

Lo primero que destacaron las integrantes de la Mesa de Seguimiento fue la opacidad y falta de acceso a la información, ya que los documentos que “prueban” el cumplimiento de las recomendaciones no son públicos, por lo que tuvieron que ser obtenidos vía transparencia.

Entre los hallazgos del análisis de dichos documentos destaca que las cifras del Centro Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (CEDA) no están actualizadas y que los registros estatal y nacional no son homogéneos.

Además no hay pruebas de la evaluación de resultados de las capacitaciones a funcionarios que atienden temas de violencia de género, y siguen sin realizarse las modificaciones legislativas del matrimonio igualitario y la responsabilidad médica en caso de violencia obstétrica.

También se había recomendado más presupuesto pero la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) autorizó sólo 40% de la cantidad que pedían las instituciones.

En total fueron utilizados 18 millones de pesos, que además de ser recursos públicos y por ello su uso debería ser transparente, es una cantidad mínima si se contextualiza con lo que se invierte en otras cosas. Natalí Hernández, de Cafis AC, comparó la cantidad con los cientos de millones de pesos que gastó el gobierno del estado para la compra e instalación de la estrella de Puebla, casi 26 veces más que los recursos que destinó a cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo.

“Si lo dimensionamos con otras problemáticas el recurso es poco; a la estrella de Puebla le dan 480 millones de pesos y a una problemática que afecta al 52% de la población apenas 18 (millones de pesos)”, dijo.

Responsabilidad estatal y federal

La Mesa señaló la responsabilidad del gobierno del estado de Puebla en todos sus niveles, y principalmente del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), que formó parte del Grupo de Trabajo designado por la Conavim, y cuya titular afirmó que Puebla no estaba en un estado de emergencia en cuanto a violencia de género.

Para las integrantes de la Mesa, el mensaje que envía el gobierno federal al no declarar la Alerta de Género es de tolerancia hacia la omisión del gobierno de Puebla y de minimización de la violencia contra las mujeres.

Por lo que exigieron al gobierno estatal:

• Publicar los informes relativos a la implementación de las recomendaciones y las medidas específicas adoptadas para dar cumplimiento a cada una de las recomendaciones, así como los documentos que las prueban.
• Transparentar y rendir cuentas de los recursos ejercidos en el marco del cumplimiento de las recomendaciones.

Y al gobierno federal:

• Aceptar las solicitudes de declaratoria de AVGM.
• Instalar un grupo de trabajo que dé seguimiento y evalúe las evidencias entregadas por el gobierno del estado evitando la simulación y solapamiento de las recomendaciones incumplidas y cumplidas parcialmente.
• Que las recomendaciones futuras del Grupo de Trabajo incluyan mecanismos para transparentar el proceso de atención de las recomendaciones, y se pueda monitorear el uso adecuado de los recursos, y que haya participación de las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las acciones implementadas por el gobierno del estado.

La AVGM, un pendiente para Puebla

En menos de dos años Puebla ha acumulado cuatro solicitudes para emitir la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM). La primera, realizada por la organización Todos para Todos, fue rechazada el año pasado, luego de que Conavim determinara que no había elementos para declararla.

En 2017 se juntaron otras tres solicitudes para declarar la alerta, cada una de las cuales aborda problemáticas distintas como violencia sexual y desapariciones. Pese a la diversidad de temas, el gobierno federal decidió utilizar al mismo Grupo de Trabajo para dictaminar las tres solicitudes en bloque, sin darles el enfoque adecuado a cada una.

De manera paralela la organización Todos para Todos interpuso un amparo ante la negativa de la Conavim, proceso que sigue mientras se dictaminan las otras peticiones.

La Mesa de Seguimiento está conformada por  Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres (CADEM AC); Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social AC (CAFIS); Comaletzin AC; El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana AC; Mutradh, Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos; Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (ODESYR); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana Puebla; y las periodistas Karen de la Torre y Samantha Páez.

(Link del informe completo de la Mesa de Seguimiento).