Lado B
La publicidad electoral en brigadas, imposible de fiscalizar
Es como la repartición de despensas o recursos como bultos de cemento, que formalmente “no existen”, pero en la práctica se hacen
Por Aranzazú Ayala Martínez @aranhera
30 de mayo, 2016
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Foto: Luis Colchado

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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Desde el inicio de las campañas electorales en Puebla los cruceros de avenidas principales se llenaron de decenas de personas, principalmente jóvenes, que hacían publicidad para dos de quienes aspiran a la gubernatura del estado.

Esos grupos o brigadas reparten artículos promocionales a automovilistas y transeúntes, que deben ser fiscalizados como parte de los gastos de campaña, pero lo que nadie sabe es cuánto gastan los partidos en movilizar a las personas que los promocionan al menos cinco horas diarias.

Marco Rodríguez del Castillo, consejero presidente del consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que no hay una figura específica para definir a las brigadas de promoción, y que para este tipo de actividades proselitistas hay dos escenarios. El primero, que se trate de voluntarios que lo hagan a título personal como parte de su militancia comprometida, a quienes en teoría no se les otorga ninguna remuneración. La segunda posibilidad es que tengan una retribución económica que no es precisamente un salario, pues ese tipo de actividades son consideradas dentro del proceso de fiscalización como Reconocimiento Para Actividades Partidistas (Repap).

Pero, ¿cómo saber cuánto se gastó por concepto de Repaps?

La Unidad Técnica de Fiscalización –que dependen del órgano descentralizado del mismo nombre del INE– es quien se encarga de vigilar el uso de recursos. Sus integrantes hacen recorridos por vialidades y actos de campaña donde documentan espectaculares, promocionales y personas, para después contrastar esos datos con la información que  brindan los propios partidos políticos.

Rodríguez del Castillo dijo que todos los candidatos están obligados a entregar al INE un reporte con sus gastos e ingresos por periodos de 30 días desde el inicio de las campañas. Estos reportes son revisados por las autoridades electorales, quienes hacen observaciones y apuntes que tienen que subsanar los aspirantes a la gubernatura.

Sin embargo no existe un registro formal de cuántas personas participan en las brigadas de promoción: sólo en el informe de cada aspirante viene cuánto dinero se destinó para pagarlas, en general. Además de que estos informes y reportes no se hacen públicos sino hasta casi dos meses después de haber concluido el proceso electoral.

Dentro de los propios partidos hay una confusión en cuanto a la retribución monetaria de las brigadas. Jorge Murad, coordinador de cruceros de Jóvenes con Tony Gali, dijo en entrevista previa a un evento del candidato panista a la gubernatura que todas las personas que participan en este tipo de actividades de difusión lo hacen de manera voluntaria. Murad dijo que las brigadas son de entre 8 hasta 20 personas y que hay 12 distritos activos en Puebla capital y tres municipios del interior del estado, cada uno con su coordinador.

[pull_quote_right]Cualquier cosa irregular, cualquier cosa que no está bien normada siempre va a favorecer al más fuerte, siempre, porque es el que tiene más recursos para sacar ventaja de esos huecos mientras que aquellos con limitaciones económicas tienen menos posibilidades de sacar ventaja de ese tipo de situaciones[/pull_quote_right]

Sin embargo, al pedir trabajo en una de las brigadas, el coordinador “Enrique” (su nombre fue modificado) dijo que por estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde se daba un apoyo de 150 pesos. Al acompañar una de las jornadas del crucero de Zavaleta y Bulevar Atlixco, uno de los jóvenes dijo que recibía 150 pesos al día por estar 6 horas ondeando banderas del candidato y repartiendo pulseras, volantes y colocando microperforados en los automóviles.

La candidata del PRI, Blanca Alcalá, también tuvo brigadas de promoción. Uno de los coordinadores, Luis Donaldo Coronado, dijo en entrevista durante una actividad en el crucero del Bulevar 5 de mayo y la Avenida 31 Oriente que las actividades de difusión son voluntarias, realizadas por los jóvenes integrantes del movimiento de jóvenes del PRI.

Pero al platicar con quienes repartían publicidad y echaban porras afuera del Centro Cultural Universitario, una persona dijo que le pagan 200 pesos al día por la jornada de 6 horas y otra más que ganaba 1500 pesos semanales. Sin embargo, no hay forma de comprobar a cuántos les pagan y cuántos realmente lo hacen de manera voluntaria. 

El Maestro Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencia Política y Administración Pública en la Ibero Puebla, opinó que el problema está en la comprobación de gastos. El desvío de fondos, el que se hagan donativos en especie y el que se condicione la promoción mediante apoyos o programas sociales son cosas que no son nuevas.

“Cualquier cosa irregular, cualquier cosa que no está bien normada siempre va a favorecer al más fuerte, siempre, porque es el que tiene más recursos para sacar ventaja de esos huecos mientras que aquellos con limitaciones económicas tienen menos posibilidades de sacar ventaja de ese tipo de situaciones, pero evidentemente esa es una preocupación: ¿quién financia, cómo financia, de donde sacan los recursos?”.

En palabras del especialista, las brigadas de promoción electoral se prestan para hacer un uso inadecuado de recursos, porque se puede argumentar que las personas están ahí de manera voluntaria, pero eso no se puede comprobar. Porque los partidos movilizan a la gente, pero finalmente queda fuera de la supervisión directa del INE.

Calderón consideró que sería bueno que este tipo de trabajo “voluntario” fuera considerado como donación, o que si no se le diera una retribución a quienes hacen promoción en las calles para los candidatos. De esa manera, “se podría considerar como una donación y sería una forma también de supervisar qué tanto peso están teniendo estas actividades”, dijo.

Comparó este tipo de movilizaciones con la repartición de despensas o recursos como bultos de cemento, que formalmente “no existen”, pero en la práctica se hacen. “En general hay un problema con todo el sistema de fiscalización, porque no sabes cuánto dinero está llegando y tienes estos mecanismos de aportaciones en especie, ahí se vuelve un problema la supervisión”, dijo.

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Autor Lado B
Aranzazú Ayala Martínez
Periodista en constante formación. Reportera de día, raver de noche. Segundo lugar en categoría Crónica. Premio Cuauhtémoc Moctezuma al Periodismo Puebla 2014. Tercer lugar en el concurso “Género y Justicia” de SCJN, ONU Mujeres y Periodistas de a Pie. Octubre 2014. Segundo lugar Premio Rostros de la Discriminación categoría multimedia 2017. Premio Gabo 2019 por “México, el país de las 2 mil fosas”, con Quinto Elemento Lab. Becaria ICFJ programa de entrenamiento digital 2019. Colaboradora de “A dónde van los desaparecidos”