Entre los factores que contribuyen a la violencia contra migrantes en tránsito irregular por México están los bajos índices de desarrollo humano que presentan tanto los países de origen, como el de tránsito, y la falta de congruencia entre legislación e instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos, señala Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Foto: Ximena Natera, tomada de En el Camino.

Lado B

@ladobemx

Actualmente existen muchas lagunas en materia de protección de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito irregular, y cada vez más esta población, en particular las mujeres y la niñez, emprenden viajes más riesgosos y clandestinos que los enfrentan a condiciones de abusos y explotación, sobre todo por viajar a Estados como México, cuya respuesta ha sido la militarización, políticas basadas en la persecución –bajo el argumento de la seguridad nacional– y lejos de una política basa en los derechos humanos, señala el Informe sobre la situación de las personas migrantes en tránsito irregular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Detenciones arbitrarias y en condiciones inhumanas; expulsiones colectivas y/o sumarias; políticas migratorias restrictivas y enfocadas en la seguridad nacional; falta de acceso a servicios de salud, vivienda y trabajo digo; extorsiones, con la participación de actores públicos y privados en total impunidad; falta de debido proceso y acceso a la justicia; y tráfico y trata de personas, son algunas de las vejaciones que enfrenta la población migrante en tránsito irregular en nuestro país.

[pull_quote_right]Ellas sufren diversas modalidades de violencia como extorsiones, con la participación de diferentes autoridades de distintos niveles de gobierno, principalmente durante los operativos de revisión y detención migratoria realizados en puntos móviles carreteros[/pull_quote_right]

De acuerdo con dicho informe, son las mujeres y la niñez migrante en quienes más repercuten estas violaciones a derechos humanos, donde las especificidades de género juegan un papel determinante. Ellas sufren diversas modalidades de violencia como extorsiones, con la participación de diferentes autoridades de distintos niveles de gobierno, principalmente durante los operativos de revisión y detención migratoria realizados en puntos móviles carreteros; tráfico de personas, resultado de la falta de posibilidades y/o de programas para que puedan migrar de forma regular; diversas modalidades de violencia, bajo el amparo de la cultura de violencia estructural contra las mujeres, la corrupción, la impunidad y la falta de acceso a la justicia[1].

De 2007 a 2011, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República, y la Policía Federal fueron las autoridades que más quejas recibieron de la población migrante, por presuntas violaciones a sus derechos humanos. 21% de las quejas fueron presentadas por mujeres[2].

En 2015, en México fueron detenidas en Estaciones Migratorias 46,486 mujeres y niñas migrantes[3], quienes se encontraban en condiciones precarias, como falta de información sobre sus derechos, imposibilidad para tener una representación legal gratuita, falta de atención médica, restricciones de comunicación con sus familiares, poca posibilidad de mantenerse con sus hijas e hijos en el mismo espacio, falta de apoyo de sus consulados, e impactos en su salud física y emocional[4].

A ello se suman las políticas migratorias de deportación, enfocadas en modelos de “rescate” y “devolución”, en vez de sustentarse en un análisis que garantice los derechos humanos y la integridad física de las personas migrantes, con mecanismos regionales que respondan a las complejas realidades del contexto y a las necesidades individuales de cada caso. Del total de mujeres y niñas detenidas en 2015, en las Estaciones Migratorias del país, 80% fueron devueltas a sus países de origen[5].

En el caso de la niñez migrante, estas políticas deben basarse en el interés superior de la niñez, por lo que el ACNUDH urge a los Estados a generar alternativas a la detención. De acuerdo con la International Detention Coalition, la detención no desincentiva la migración, y las alternativas son más efectivas si las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas por medios legales y no están en riesgo de detención o “devolución”.

En materia de violencia contra la población migrante, el informe señala como son víctimas de abusos por parte de funcionarios públicos o agentes privados, quienes gozan de total impunidad, mientras que las personas migrantes rara vez pueden acceder a la justicia de manera efectiva.

Entre los factores que contribuyen a la violencia contra las mujeres migrantes en tránsito irregular por México están los bajos índices de desarrollo humano que presentan tanto los países de origen, como el de tránsito; la falta de congruencia entre la legislación, las políticas migratorias y los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes; la discriminación, xenofobia, normalización de la violencia contra las mujeres, desigualdad y exclusión social; la falta de reconocimiento de la corresponsabilidad de proteger y garantizar la vida y los derechos de las mujeres migrantes, que comparten los países de origen, tránsito y destino; la corrupción; la falta de rendición de cuentas y la impunidad, de acuerdo con la publicación «Un viaje sin rastros».

[pull_quote_left]En 2015, en México fueron detenidas en Estaciones Migratorias 46,486 mujeres y niñas migrantes[3], quienes se encontraban en condiciones precarias, como falta de información sobre sus derechos, imposibilidad para tener una representación legal gratuita, falta de atención médica,[/pull_quote_left]

Ante este panorama, el ACNUDH recomienda a los Estados, la implementación de medidas eficaces, y no sólo en papel, para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito irregular; velar por que en la totalidad de las leyes, los reglamentos y los usos administrativos aplicables se protejan, respeten y hagan efectivos los derechos humanos de toda la población migrante en tránsito irregular sin discriminación; garantizar el acceso a la justicia para esta población, máxime si han sido víctimas de violencia y/o abusos; la no deportación bajo coacción o sin un análisis de riesgo para las personas en sus países de origen; el acceso a servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva; velar por el interés superior de la niñez migrante; establecer en sus ordenamientos jurídicos, la no detención; generar trabajo coordinado con los países de origen, tránsito y destino; y mejorar la recopilación de datos, desglosados por sexo y edad.