El gobierno de Rafael Moreno Valle discrimina a las personas transexuales y el Congreso sólo les mira cuando ha habido de por medio cuotas de sangre

Mely Arellano | Aranzazú Ayala | Video: Artificial Radio

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El artículo 1º de la Constitución establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en tratados internacionales, y prohíbe la discriminación motivada por género y preferencias sexuales, entre otras. El artículo 4º garantiza a las personas nacidas en México el derecho a la identidad.

En el estado de Puebla esos derechos son negados a las personas transexuales, al no permitirles tener un nombre acorde al género con el que se identifican, diferente al que les asignaron al nacer.

Tuss Demian Fernández Hernández tuvo acceso a este derecho en el Distrito Federal, donde en noviembre del 2014 se modificó el Código Civil para garantizar el reconocimiento de la identidad de género a todas las personas.

Nació en Puebla y le registraron con el género femenino, sin embargo siempre se identificó con el género masculino, y como tal vive. En su deseo de tener una identidad que refleje sus características físicas y emocionales, solicitó el cambio de género y nombre ante el Registro Civil del Distrito Federal, puesto que es la única entidad del país en donde este trámite –y el consabido reconocimiento de los derechos humanos que implica- es posible.

A finales de marzo de este año, Tuss Demian presumía en redes sociales su nueva acta sin saber que aún tenía un largo camino por recorrer en los laberintos de la burocracia poblana, llenos de obstáculos bien montados por el Gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle, ante la impasible mirada del Congreso local.

No hay voluntad

El trámite de cambio de identidad de género en el DF es sencillo. Se solicita, se presentan los documentos requeridos y, estando todo en orden, se entrega en 10 días hábiles.

Una vez emitida la nueva acta, el Registro Civil guarda el acta primigenia y da conocimiento del cambio a varias instituciones como Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales correspondientes.

En el caso de Tuss Demian, el Registro Civil del DF avisó también al del municipio de Huauchinango, donde fue registrado al nacer, solicitando hacer las anotaciones correspondientes en el acta primigenia, para que fuera reconocida la nueva acta.

Pero eso no pasó.

Amparándose en el artículo 930 del Código Civil del estado, la directora general del Registro Civil del estado de Puebla, Graciela Saavedra Vázquez, negó la rectificación del acta primigenia, es decir, desconoció el acta emitida por el Registro Civil del DF y, con ello, violó los derechos a la dignidad humana, la identidad, la igualdad y no discriminación de Tuss Demian, así como el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada y a la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad humana y el derecho a la salud consignados en la Constitución Federal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y si bien el artículo 930 dice que “La rectificación o modificación de una acta de estado civil, se hará ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste…”, la Constitución establece en la fracción IV del Artículo 121 que: “Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros…”. Es decir, el Registro Civil de Puebla podía haber reconocido el acto de emisión de la nueva acta del Registro Civil del DF.

“Si hubiera voluntad del registro civil poblano -explica Guadalupe Tetetla, abogada de Tuss Demian Fernández- el proceso podría haberse concluido ya. Bastaba con que el registro civil local mandara un oficio a su homólogo del Distrito Federal y así le diera validez al nuevo documento”.

Foto: Cortesía

Nada nuevo

Agnes Torres, la activista asesinada en marzo del 2012, hizo todo lo posible para poner el tema en la agenda legislativa pues sabía que una modificación al Código Civil sería suficiente para que las personas trans, como ella y Tuss Demian, dejaran de ser indocumentadas en su propio país. Una situación que les discrimina, pues limita su pleno desarrollo al no tener una identidad reconocida por el Estado y, por lo tanto, una identificación oficial necesaria para todo: votar, obtener un empleo, rentar una casa, estudiar, etcétera.

Fue la muerte de Agnes lo que motivó al Congreso del estado a saldar una de tantas deudas con la población diversa sexual, y cinco días después reformó el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Puebla para incluir el término “preferencias sexuales”, lo que abrió la puerta a aprobar en el Código Penal del estado la agravante de odio por preferencias sexuales en el homicidio doloso o calificado -o crímenes de odio como se les conoce. Pero quedó pendiente lo que entonces se empezó a llamar “Ley Agnes”: el proyecto de reforma al Código Civil.

En marzo del 2013, el Colectivo Transexual del Estado de Puebla, el Comité Orgullo Puebla y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sociales y Reproductivos entregaron al Congreso una propuesta de “Ley Agnes”.

La diputada del PRD Socorro Quesada dijo a Lado B que desde su bancada, con apoyo del Comité Orgullo Puebla, impulsaron la discusión de la iniciativa de “Ley Agnes” pero por falta de voluntad de otros partidos “para legislar y ampliar los derechos para todas y todos” sigue en la “congeladora”, junto con la del matrimonio igualitario y una reforma a la Ley contra la Discriminación.

Camino por recorrer

La abogada Guadalupe Tetetla, quien junto con su hoy esposa fueron la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Puebla, explica que la única vía que les dejó el Registro Civil poblano fue la del Poder Judicial, “agotar el juicio de rectificación porque todos y todas tienen el derecho a tener una identidad y el Estado tiene la obligación de garantizarlo”.

Considera que el Estado está muy cerrado y no quiere aventurarse en temas como matrimonio igualitario –que se ha ganado en la mayor parte del país mediante amparos individuales- o cambio de identidad, porque son polémicos y “las autoridades no quieren que parezca que favorecen a minorías, y por eso sólo actúan mediante presión, cuando una autoridad federal los orilla”.

En su opinión, se trata de un recurso del Estado para escudarse, decir que está siendo obligado a aceptar esos temas, y así no enfrentar un reproche social.

La abogada agotará el juicio de rectificación de acta que ya inició y dependiendo del sentido de la sentencia procedería con un amparo o una apelación. En el mejor de los casos, en seis meses las autoridades ya reconocerían la nueva identidad de Tuss Demian. En el peor escenario tendría que esperar casi un año.

En Puebla este sería el segundo caso de cambio de identidad sexogenérica, el primero lo hizo con muy pocos problemas una mujer trans en el municipio de San Pedro Cholula hace unos meses.