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Congreso: opacidad en el gasto, revelan ONGs
Imco, Fundar y diez organizaciones no gubernamentales más reprueban a diputados en la mitad de los diez principios analizados en el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México
Por Lado B @ladobemx
14 de abril, 2015
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Foto: Marlene Martínez

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Aunque en términos generales el Congreso del estado salió bien calificado, logrando niveles de muy satisfactorio y satisfactorio en la mitad de los factores analizados en el informe, todavía arrastra problemas en la transparencia en el manejo de los recursos públicos que anualmente tiene a su disposición, y que en 2014 sumaron 166 millones de pesos.

Esa es la conclusión que ofrece el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México que fue presentado la mañana del pasado lunes en la capital poblana, un informe que fue realizado por 12 organizaciones entre las que sobresalen: Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), SocialTIC, Sonora Ciudadana y Transparencia Mexicana.

Un informe que revela además que a nivel nacional la transparencia en el manejo de los recursos no es una prioridad para los legisladores pues apenas 2 de cada 10 congresos estatales y federales informa sobre el ejercicio de sus presupuestos, sólo 16 por ciento promueve disposiciones para evitar o inhibir el conflicto de interés y apenas 39 por ciento de los legisladores publican el registro de su asistencia y votaciones en las sesiones.

De acuerdo con el estudio, estos aspectos son considerados como “de primera generación en materia de transparencia legislativa, y sin embargo muestran un muy bajo nivel de cumplimiento”.

El diagnóstico concluye que “cuando variables tan básicos no son cubiertos por la gran mayoría de las instituciones legislativas, no se puede esperar que cumplan con otros principios que son recientes en el debate nacional”.

Así, en términos generales los 34 congresos del país (todos los estados, más la Cámara de Diputados y el Senado de la República) están todavía lejos de los principios considerados como estándar mínimo para poder ser considerado un Parlamento Abierto.

Para la investigación se establecieron 10 principios y a partir de ahí evaluaron el cumplimiento de los 32 Congresos estatales y las Cámaras de Diputados y Senadores. Estos son:

  1. Derecho a la Información.
  2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
  3. Información Parlamentaria.
  4. Información Presupuestal y Administrativa.
  5. Información sobre Legisladores y Servidores Públicos.
  6. Información Histórica.
  7. Datos Abiertos y no propietarios.
  8. Accesibilidad y Difusión.
  9. Conflictos de Interés.
  10. Legislan a favor de Gobierno Abierto.
Puebla, opacidad en el gasto

No es la primera vez que se señala, desde organismos de la sociedad civil, la opacidad que priva en el poder legislativo local.

En enero del año pasado la organización Ciudadanos por la Transparencia (Cimtra) calificó con 29.9 sobre 100 puntos posibles, en su evaluación sobre la transparencia de los legisladores poblanos, una valoración que cayó estrepitosamente en menos de un año, pues en 2013 cuando se dio a conocer la evaluación previa, el Congreso estatal había obtenido una calificación de 73.6 puntos.

[quote_box_right]En términos generales los 34 congresos del país (todos los estados, más la Cámara de Diputados y el Senado de la República) están todavía lejos de los principios considerados como estándar mínimo para poder ser considerado un Parlamento Abierto.[/quote_box_right]

Cimtra ubicó a conceptos relacionados con la rendición de cuentas sobre el trabajo legislativo como los más deficiente en su evaluación 2014, y reprobó la transparencia en el gasto de los legisladores, el mismo punto que las organizaciones encabezadas por el IMCO y Fundar –entre otras— señalaron como opaco.

El estudio señala que en información presupuestal y administrativa el porcentaje de cumplimiento es de apenas 25 por ciento “ya que no hay información sobre presupuesto asignado y ejercido de la Cámara, sus órganos de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios y tampoco informes de ejecución del presupuesto”.

También señala que hasta el momento no existe disposición alguna “para evitar conflicto de interés”,

Y aunque si bien “se reconoce que ha realizado acciones para promover el gobierno abierto (principio 10) pero sin legislar al respecto”.

El diagnóstico también señala que dentro del principio 5, “información sobre legisladores”, debe completarse con la relacionada redes sociales, informes de viajes, y declaraciones patrimoniales y de intereses de legisladores y cónyuges”, a pesar de esas deficiencias el apartado se cumple en un 65 por ciento.

Se informa también que existen omisiones al plantear “mecanismos de interacción ciudadana; una herramienta para identificar al legislador a través del código postal; permitir la participación en el proceso de aprobación presupuestal, y regular la figura de consulta popular”

En cuanto a “la información parlamentaria (principio 3) es omisa en explicar atribuciones del Congreso, y también en explicar el proceso legislativo (62%). Tampoco hay descripción de atribuciones de órganos de gobierno y unidades administrativas, entre otras”.

En el único apartado en donde cumple al 100 por ciento es en el referente a “derecho a la información”, pero además “mantiene en su sitio información histórica”.

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