Anaíz Zamora Márquez | Cimacnoticias

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El Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos –conformado por siete organizaciones sociales– denunciará ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) la violencia, discriminación y criminalización que enfrentan las ecuatorianas por abortar.  

Una delegación del gobierno ecuatoriano se reuniría hoy con el Comité de la CEDAW, para revisar las acciones para proteger los derechos femeninos en el país sudamericano.

Paralelamente al informe oficial, el Frente Ecuatoriano presentaría “un informe sombra” para advertir que el Estado incumple sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, especialmente las relacionadas con el goce de los derechos de salud sexual y reproductiva.

Y es que –según la denuncia– Ecuador carece de medidas oportunas para garantizar que ninguna mujer ponga en riesgo su vida o su salud a consecuencia de un embarazo, y tampoco no garantiza que las mujeres no sean discriminadas, amenazadas o perseguidas social o judicialmente por practicarse un aborto.

De acuerdo con el informe alterno, en Ecuador existe un clima de criminalización contra las mujeres que interrumpen su embarazo –incluso de manera involuntaria–, y en la mayoría de los casos son denunciadas por personal del Ministerio de Salud ante el Sistema de Administración de Justicia.

En enero de 2014 se reformó el Código Penal ecuatoriano para permitir el aborto en dos supuestos: cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer y cuando el embarazo sea producto de violación sexual. La reforma entró en vigor en agosto de ese año.

De 2009 a 2014 se tiene un registro de 58 denuncias por aborto  llevadas por la Defensoría Pública.

Los expedientes que revisaron las organizaciones civiles “muestran severas violaciones a derechos fundamentales de las mujeres”, tales como el derecho a la intimidad, el derecho a que la información de salud no sea divulgada, y al debido proceso.

“Contamos con testimonios de mujeres que huyeron de los servicios de salud, sin recibir atención al saber que podrían ser encarceladas”, se expone en el reporte ciudadano.

A ello se suma que el aborto en condiciones de riesgo se ubica entre la primera y segunda causa de egreso hospitalario en 2011 y 2012, respectivamente.

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Desde 2004 el gobierno ecuatoriano no cuenta con estadísticas actualizadas respecto a la salud sexual y salud reproductiva, por lo que se desconoce este tipo de información a nivel nacional.

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Desde 2004 el gobierno ecuatoriano no cuenta con estadísticas actualizadas respecto a la salud sexual y salud reproductiva, por lo que se desconoce este tipo de información a nivel nacional.

La muerte materna –dice el informe– “sigue siendo inaceptable en el país, sobre todo porque son muertes evitables”. Del total de 241 fallecimientos ocurridos en 2011, una corresponde a una niña menor de 14 años y 33 a adolescentes de 15 a 19 años. Es decir que del total de muertes maternas, el 14 por ciento correspondió a adolescentes.

También se informa que Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina, y el segundo en América Latina, en el número de embarazos en adolescentes. Según cifras oficiales del país, 20 de cada 100 nacidos vivos son hijas o hijos de adolescentes de entre 12 y 19 años de edad.

El “informe sombra” señala que en 2014 la Fiscalía General del Estado recibió 961 denuncias por violación sexual a niñas menores de 14 años.

En tanto, según reportes de la prensa internacional, la delegación del Estado ecuatoriano hará del conocimiento de las integrantes del Comité de la CEDAW que se reformó el Código Orgánico Integral Penal para tipificar el delito de feminicidio, y que se han creado unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y la familia.