Josué Cantorán

@josuedcv

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FDPTA-MPT) denunció que elementos de las policías federal y estatal, así como del Ejército, han comenzado un despliegue en comunidades de los municipios de Nealtican, Juan C. Bonilla, Calpan y Atlixco para recomenzar las obras de construcción del gasoducto que comprende el Proyecto Integral Morelos.

En rueda de prensa, habitantes de comunidades como San Andrés Calpan, San Lucas Atzala y Santa María Zacatepec informaron que los elementos de la fuerza pública, acompañados de constructores de la empresa Bonatti, ya han invadido sus tierras y han comenzado a abrir las brechas y a excavar.

“Van barriendo con toda la vegetación y los cultivos que hay e inclusive están tumbando nuestro maíz, nuestros árboles frutales de los terrenos aledaños sin respetar nada. Todo lo están haciendo a escondidas y sin el permiso del pueblo”, informaron.

Miriam, una de las integrantes del Frente, explicó que en estas tierras “no hay permisos de construcción, de uso de suelo, de Protección Civil y sobre todo el de las comunidades para que esto pase, eso es lo más importante que hay que recalcar”.

Cabe recordar que el Proyecto Integral Morelos es un proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad y la iniciativa privada que incluye la construcción de un gasoducto cuyo paso tendrá lugar por numerosas comunidades cercanas al volcán Popocatépetl en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

El proyecto es fuertemente respaldado por los gobiernos de estas entidades y por el federal, pero desde su anuncio los habitantes de la comunidades afectadas han manifestado su inconformidad al despojo territorial que ocasionaría y su preocupación ante el hecho de que el gasoducto tenga paso por lugares considerados de riesgo por la presencia volcánica.

La organización que han emprendido los habitantes a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala ha devenido en la encarcelación de dos de sus integrantes en Puebla, Enedina Rosas y Juan Carlos Flores Solís, quienes enfrentan procesos judiciales plagados de irregularidades y fuertes indicios de fabricación de delitos.

Mientras tanto, el Frente convocará a una asamblea pública el próximo jueves 30 en la carretera federal México-Puebla a la altura de Zacatepec, donde se determinarán las acciones que se tomarán para continuar demostrando su inconformidad ante el proyecto del gasoducto.

–Hay varias comunidades donde ya están las excavaciones, donde incluso ya se está intentando insertar el tubo y las comunidades están en el momento donde dicen “hay que hacer algo” porque efectivamente lo están haciendo con la imposición y la intimidación. Los militares rodean la presidencia de la comunidad o lugares visibles para que las personas tengan miedo de salir.

Los integrantes del Frente denunciaron asimismo que la situación que ocurre en Puebla también se repite en Morelos, pues la comunidad de Amilcingo también fue cercada este lunes por unas 20 patrullas de policías estatales y federales y 10 tanquetas militares en actitud intimidatoria.

Sigue detenido el proceso de Juan Carlos Flores

El activista Juan Carlos Flores Solís, quien ha acompañado a las comunidades opositoras al gasoducto, continúa esperando que se resuelva el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público de Cholula que lo mantiene recluido en prisión.

Juan Carlos fue detenido el 7 de abril cuando salía de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para emitir una queja sobre la detención arbitraria de la que un día antes había sido objeto Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan.

El defensor de derechos humanos fue acusado de al menos siete delitos en tres procesos penales diferentes, y aunque su defensa ha ido demostrando la falsedad y las violaciones al debido proceso en cada uno de ellos, el activista continúa en el Cereso de Cholula por las argucias legales utilizadas por el gobierno estatal para retrasar su liberación.

El más reciente fue la emisión de un recurso de revisión al amparo 707/2014 que el activista había ganado ante el Juez Séptimo de Distrito del Estado de Puebla y que habría la puerta a su próxima liberación. Los integrantes del Frente esperan que esto se resuelva en un periodo de tres a cuatro meses.