Cuando con la llegada del neoliberalismo comenzaron a expropiarse tierras para proyectos como el Plan Puebla Panamá, se usó el concepto de “interés y utilidad pública”. Se expropiaba la tierra de las y los campesinos, se les despojaba de su territorio por presunta utilidad pública, simplemente porque quien expropiaba era el Estado. ¿Para qué fueron esas tierras y quiénes fueron los enriquecidos con esos proyectos? Lo cierto es que estas personas hicieron de la “utilidad pública” un mote más para nombrar de un modo tramposo al despojo y al saqueo.

Parece que a López Obrador le quedan todas las mañas de los gobiernos anteriores. Con la publicación del Acuerdo sobre los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional del 22 de noviembre de este año, se da un paso importante hacia el despojo, el saqueo, la militarización, el control social y el autoritarismo gubernamental. Del mismo modo que con la Ley de Seguridad Nacional, este gobierno “transformador” está logrando lo que no pudieron hacer administraciones pasadas, está militarizando la vida pública y logrando aplanar los caminos legales para la imposición de megaproyectos.

Lo grave, lo profundamente delicado, es que el despojo que detonaba fuertes críticas, se hará ahora en nombre de la transformación, con el aplauso de los que lo denunciaban, y que las voces críticas (que no son las voces oportunistas) serán silenciadas con “justificación” por militares y gobierno; ahora, más que nunca, resistirse a un proyecto de infraestructura será riesgoso porque quien lo haga será considerado un “contra”.

Desde hace ya unos años López Obrador se ha encargado de satanizar la disidencia, este acuerdo es la legalización de esa tendencia autoritaria. Basta con leer cuáles serán las empresas que ganarán licitación con este gobierno en diversos proyectos para saber que lo de utilidad pública es de nuevo el pretexto para hacer lo mismo que hace casi cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Eso que nos ha llevado a tener una crisis ambiental, social y política como la que tenemos ahora. Las corporaciones nos están matando y éste gobierno no será la excepción en la entrega de recursos a esas manos.

Por ejemplo, en el tramo 1 del Tren Maya ganó la licitación la empresa multinacional portuguesa Mota-Engil Group, que tiene proyectos en Europa, África y Latinoamerica. En el mismo tramo participa China Communications Construction Company LTD, otra multinacional billonaria. En el segundo trama del mismo proyecto está una de las empresas en las que Carlos Slim es accionista. ¿Un proyecto como este será considerado asunto de seguridad nacional? ¿Un proyecto turístico cuyas ganancias van a enriquecer a corporaciones globales?

Otro ejemplo, el Proyecto Integral Morelos, un proyecto del sexenio de Felipe Calderón que ha sido retomado y defendido por este gobierno y que implica un potencial daño a comunidades enteras por el riesgo que implica la construcción de ductos en una zona volcánica ¿también será asunto de seguridad nacional? ¿Seguridad para esas comunidades que estarán en riesgo? Lo será a pesar del riesgo a la seguridad que impĺicaría una grave explosión, tomando en cuenta la cercanía con el Popocatépetl; lo será porque no hacerlo va contra la voluntad de López Obrador por construir ese proyecto. Podríamos continuar dando ejemplos de lo que realmente quieren decir “beneficio” y “seguridad”, y la palabra que realmente se esconde detrás: “daño”, daño social y ambiental.

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El acuerdo que pretende legalizar la imposición de proyectos y la justificación de la represión y criminalización de quienes se opongan a estos es una manifestación abierta de autoritarismo, muy parecido al de las administraciones anteriores, pero ahora legitimado por quienes se esmeran en confundir la esperanza con la incondicionalidad. Un acuerdo por el cual se deja claro que si no se encamina al país por donde López Obrador considera necesario, entonces se está poniendo en riesgo al país.

Antes de que se aprobara “el acuerdo”, ya se habían presentado intimidaciones de la Guardia Nacional a opositores de estos proyectos de infraestructura; ahora existen condiciones para que exista algo más que eso, ahora un opositor(a), un defensor(a) del medio ambiente puede ser considerado un delincuente, porque al oponerse a esos proyectos está en contra de la seguridad nacional, y quien denuncie los abusos será desestimado y encasillado junto con quienes hacen de la crítica un acto de oportunismo para recuperar su turno y continuar con el despojo. Es decir, el camino para legitimar actos violentos contra las y los defensores de la tierra está puesto, listo para actuar. La gran pregunta es: ¿Estamos dispuesto(as) a aceptarlo?

Valdría la pena el esfuerzo de hacer unas preguntas a quienes antes fueron críticos de medidas y decretos como este y que hoy cierran los ojos ante el impulso autoritario que se sostiene, en gran parte, por esa obediencia convertida en una postura política “pro-transformación”.

¿Se puede considerar transformadora la voluntad de decidir sobre la vida comunitaria y social de forma unilateral?

¿Se puede considerar “beneficio colectivo” un proyecto que puede terminar en una explosión de gran escala, como en el caso del gasoducto cercano al volcán Popocatépetl?

¿Cuantos homicidios como el de Samir Flores son justificables en aras de la “seguridad nacional” y la “utilidad pública”?

¿Puede existir un beneficio colectivo cuando pueblos enteros son despojados de sus tierras?

¿Anular el derecho de consulta es democrático?

¿Cómo habría sido la respuesta gubernamental ante la resistencia a la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Atenco si hubiera existido un acuerdo como este?

¿Vamos a quedarnos esperando a que ocurran nuevos episodios de dolor y sangre como el de Atenco en el 2006, pero ahora en lugar de a nombre del “cambio” a nombre de la “transformación”?

¿Vale la pena sacrificar poblaciones enteras y su vida comunitaria por continuar con la dinámica extractivista y destructora del medio ambiente, esa a la que les gusta llamarle “progreso”?

*Foto de portada: Marlene Martínez