Este trabajo obtuvo el 2o lugar en la categoría Nota, del Premio Cuauhtémoc Moctezuma al Periodismo en Puebla 2014. Fue originalmente publicado en e-consulta el 4 de marzo del 2013
Gerardo Rojas González
A 342 jefes de familia les prometieron la entrega de materiales de construcción para ampliar sus viviendas a cambio de que entregaran documentos personales, pero los apoyos nunca se concretaron.
Tepeaca, Pue.- A José Cándido González Hernández, habitante de San Miguel Tlayoatla, funcionarios de la delegación en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social federal le prometieron la entrega de materiales de construcción para ampliar su vivienda, ya que en su único cuarto conviven doce personas. Sin embargo, aunque entregó sus documentos personales, la ayuda nunca llegó.
Así sucedió por lo menos a 342 familias de esta región, cuyos integrantes viven en hacinamiento y a quienes les solicitaron documentos oficiales para comprobar la asignación de recursos del programa de vivienda rural del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares de la Sedesol durante 2012, cuando la dependencia estuvo a cargo de Myriam Arabian Couttolenc.
Por estos hechos, la actual delegación realiza una investigación para deslindar responsabilidades e identificar posibles delitos en el manejo de los recursos.
Entregó credencial de elector, CURP y acta de nacimiento
Previo a un censo en el que se detectaron sus carencias y necesidades, Cándido González entregó el 12 de julio de 2012 su credencial de elector, su CURP y su acta de nacimiento.
A cambio, recibió el certificado de subsidio federal 789989 con logos de la Sedesol, firmado por la entonces delegada Myriam Arabian Couttolenc, con el que le entregarían materiales valuados en 20 mil pesos para la construcción de una nueva habitación para su familia.
Al igual que a Cándido —indígena que labora en el campo y que gana entre 20 y 50 pesos diarios— a otras 341 familias les prometieron apoyos para construir una habitación de cuatro por cuatro metros y así aminorar el hacinamiento de sus ocupantes.
El recurso es de parte del gobernador, les dijeron
Aún cuando los recursos del programa de vivienda rural son federales, a María Ricarda Romero González, quien vive en un cuarto con ocho de sus familiares, le dijeron que el certificado de subsidio que cambiaría por material de construcción era “de parte del gobernador Rafael Moreno Valle”.
María Ricarda y su esposo acudieron a una reunión en Tepeaca, a la que se presentó la ex delegada de Sedesol, quien dijo que a más tardar en el mes de septiembre del 2012 recibirían lo necesario para construir un cuarto y que existía la posibilidad de que se les apoyara con un albañil para la construcción, oferta que no se concretó.
“A la licenciada —Myriam Arabian— sólo la vimos esa vez y luego vinieron otras personas a decirnos que acondicionáramos el terreno para que nos trajeran el material”, pero éste nunca llegó.
La empresa ya cobró
La empresa encargada de dotar de material para construcción a las familias indígenas que se encuentran en pobreza extrema y que viven en hacinamiento es Pronmac S.A. de C.V., representada por Jorge Burgos, misma que recibió los cheques de los subsidios por 20 mil pesos y que en total representaron unos siete millones de pesos.
Según el certificado en poder de las familias, la empresa debió entregar a cada beneficiario 18 unidades de varilla de 12 metros, tonelada y media de cemento, 12 castillos armex, cuatro metros cúbicos de arena, tres metros cúbicos de grava, 13.5 metros de poliducto naranja para la instalación eléctrica, una cubeta de pintura de 19 litros, dos ventanas de 1.2 metros, medio metro de tubería de PVC y dos soquet.
“Se nos mete el agüita cuando llueve”
Los posibles defraudados viven en casas de madera y block, con una altura que no supera el metro con 70 centímetros, donde “se mete el agüita cuando llueve”, confiaron a e-consulta los habitantes que ahora se dicen defraudados por las autoridades federales.
Al igual que Cándido González y María Ricarda, por lo menos otras seis familias de San Miguel Tlayoatla —comunidad con menos de 900 habitantes— recibirían el subsidio en el 2012, destinado a localidades rurales con menos de cinco mil habitantes, clasificadas con un grado de marginación muy alto por el Consejo Nacional de Población (Conapo).
“Pensamos que nos robaron —señalaron los integrantes de las familias que serían beneficiadas, ya que—… Ellos fueron los que vinieron y nos dijeron que les entregáramos nuestros papeles… y nada que nos cumplieron”.
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