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Alejandro Pérez | Plaza Pública 

@PlazaPublicaGT

Él parece estar listo para largarse, pero permanece en la esquina de la calle mal iluminada. Acelera su motocicleta, pero ésta no se mueve de su sitio. Sigue platicando con ella.

El motor ruge como para salir repentinamente, pero las llantas sólo se mueven unos centímetros y vuelven a su lugar. No quiere irse. Ella lo sabe y sigue balanceando su cuerpo alto y delgado con coquetería mientras luce una pequeña falda negra que no oculta nada. Ocultar no es su objetivo.

Ella tampoco quiere que él se marche. Ambos hacen su mejor esfuerzo por demostrar su falta de interés, un esfuerzo inútil ante lo evidente; pero suficiente para que ninguno de los dos ceda y no se logre un acuerdo. El motociclista acelera en un último estruendo y cruza velozmente por la segunda calle de la zona 1 en busca de otra persona con quien sea más fácil negociar unas horas de sexo por dinero.

Ella, “una chica trans”, se queda. Permanece a la espera del próximo piropo que rompa el hielo de una nueva negociación o de un insulto que le recuerde que la tolerancia a su orientación sexual no es una  característica en el país en el que se encuentra.

A pesar de eso, de los insultos y la intolerancia, Guatemala ese ha convertido en la  última opción para algunas mujeres transgénero. Es el destino de varios miembros de esta comunidad de Centroamérica y, especialmente, de personas provenientes de Honduras, como parte de un movimiento migratorio reciente.

Si bien no existe un registro exacto sobre la cantidad de mujeres transgénero hondureñas radicadas en Guatemala, la Organización Trans Reinas de la Noche (Otrans-RN) lleva un control mediante el servicio de clínica que brindan a las personas con esta identidad de género: entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de este año, han atendido 641 mujeres trans, de ellas 167 son extranjeras y 56 provienen de Honduras. Ante las dificultades que enfrentan para encontrar trabajo durante el día, al igual que muchas otras mujeres transgénero guatemaltecas, ellas ejercen la prostitución durante la noche en la zona 1. Los territorios están bien delimitados. “A las hondureñas las encuentra cerca de la Cruz Roja”, explican sus colegas en otras esquinas del Centro Histórico. “Allí hay bastantes”, agregan otras. Es verdad. La mayoría  hondureñas, aunque no todas, se ubican entre 8 y 10 avenida, entre 5 y 2 calle.

[quote_right]Si bien no existe un registro exacto sobre la cantidad de mujeres transgénero hondureñas radicadas en Guatemala, la Organización Trans Reinas de la Noche (Otrans-RN) lleva un control mediante el servicio de clínica que brindan a las personas con esta identidad de género: entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de este año, han atendido 641 mujeres trans, de ellas 167 son extranjeras y 56 provienen de Honduras.[/quote_right]

Ellas parecen estar conformes con la ubicación que les corresponde en la zona 1, al menos no hay quejas al respecto. Según Dayana, hay libertad de estar en cualquier lado, pero a ella casi siempre se le encuentra en la misma esquina.

Dayana, hondureña transgénero de 20 años, que se para en una esquina de la 8 avenida con una peluca castaña, lentes de contacto verde claro, tacones y falda que apenas llega debajo de la cintura. Es amable con quienes se le acercan y dice llevarse bien con todo el mundo, incluso con muchas de sus compañeras de calle, a pesar de que prefiere no salir de fiesta con la mayoría de ellas porque algunas pueden ser “un poco problemáticas”.

Dayana salió de Honduras hace cinco años, a pesar de tener una suerte que no tiene la mayoría de personas transgénero, especialmente en su país de origen: contar con el apoyo de su familia. Su principal motivo fue escapar de las condiciones de discriminación a las que se enfrentaba.

Fue una amiga quien la convenció de migrar a Guatemala. Su salida, admite, no fue sólo por cuestiones de seguridad, sino también por una cuestión económica. “La moneda es mejor acá y alcanza para más con lo del trabajo”, indica.

Su fuente de ingresos es lo que obtiene de la prostitución, pero le parece una cantidad suficiente para sobrevivir y no necesita buscar otro trabajo durante del día. Con eso le alcanza para pagar el alquiler de una casa en la zona 2 que comparte con otras mujeres transgénero, entre ellas una compatriota suya.

Se considera una persona afortunada, pues aunque Guatemala tampoco le ha ofrecido una integración total a la sociedad, no ha tenido que enfrentarse a la violencia como la que la amenazaba antes de partir. “Gracias a Dios, acá he podido cumplir con mis metas”, dice.

Y en cuanto al hecho de tener que vestirse como hombre durante el día: “Pues ya me acostumbré”, confiesa.

Un cambio significativo y de golpe

Cuando la amiga de Dayana la convenció de dejar su natal San Pedro Sula, Honduras se encontraba en una crisis institucional. Manuel Zelaya había sido destituido del cargo presidencial y el conflicto político resultó en una ola de violencia en todo el territorio.

Las violaciones a derechos humanos se convirtieron en  foco de atención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su capítulo dedicado a Honduras en el informe anual de 2012 establece que desde 2009 se constató una “profundización de la discriminación y violencia” contra las personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB).

En el documento, la principal crítica sobre este tema se enfoca en la impunidad que existe sobre crímenes contra este sector de la población, aunque no es el único afectado. Periodistas, mujeres, jóvenes y niños de la calle también son clasificados como un grupo vulnerable, afectado por la falta de justicia.

Evidenciar un incremento en la violencia contra un sector en específico resulta complicado cuando hay una tendencia que afecta a la población en general.

Los datos del Ministerio Público (MP) hondureño tampoco ayudan a solventar la duda sobre la gravedad de las amenazas, pues la orientación sexual no aparece explicada en los informes de homicidios. El esfuerzo por tratar de llevar un registro al respecto ha estado en manos de organizaciones que promueven el respeto de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

El método tampoco es certero, pues se basa en las publicaciones de prensa en las que se hace referencia a la sexualidad de la persona asesinada.

Sin embargo, Nelson Arambú, antropólogo y epidemiólogo dedicado a la lucha por los derechos de las personas LGTB en Honduras, considera que sí hay evidencia para suponer que los ataques contra esta minoría se incrementaron con el golpe de Estado.

Su base son los datos de las organizaciones Arcoíris, Red Lésbica Catrachas y elMovimiento de Diversidad en Resistencia (MDR), entre otros, que muestran que desde 2009 han muerto 176 personas LGTB en Honduras, mientras que durante los 15 años anteriores el número registrado era de 20.

De todas formas, el hecho de que los datos se limiten a lo que los medios publican impide verificar si el incremento corresponde a la realidad. Arambú explica que hay motivos para suponer que así es. Según argumenta, con el golpe de 2009 hubo una política de control de la información y censura por parte del Gobierno. Con esta tendencia también se dio lugar a que se ocultaran los datos relacionados con la sexualidad de las personas en las notas periodísticas.

El incremento de muertes se registra en la población en general de Honduras. Datos del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), evidencian entre 2009 y 2013 un crecimiento de 5.27 a 7.17 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tendencia al alza se había registrado desde años anteriores. De 2004 a 2008, la cifra aumentó de 2.16 a 4.47.

Arambú aclara que faltaría más información para determinar que la identidad de género ha sido el motivo de la muerte de estas  personas. “No podemos decir científicamente que todos los 176 casos se deban a homofobia, porque hay incremento de violencia en la población en general”, explica.

Pese a los datos de violencia, Roberto Canizales, activista por los derechos de la comunidad LGTB y docente de la UNAH, rescata que, gracias a acercamientos entre el MP y la sociedad civil de Honduras, algunos casos se llevaron a los tribunales, se resolvieron y —lo más importante, según expone— se logró determinar que algunos de ellos habían sido crímenes de odio por tener una identidad de género diferente. Los datos de Arambú establecen que de los 176 casos, 39 han logrado llevarse a proceso jurídico.

¿Represión de género o represión política?

Entre los casos de mayor impacto de los últimos cinco años está el de Eric Alex Martínez Ávila, comunicador y defensor de los derechos de las personas de este colectivo. Martínez fue asesinado en mayo de 2012 en Tegucigalpa.

Pero Martínez no sólo era activista, también era candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) formado como el brazo político del Frente Nacional de Resistencia (FNR), movimiento de apoyo a Zelaya tras su derrocamiento.

¿Tiene alguna relación la situación política de Honduras con la lucha de los movimientos LGTB?

Canizales asegura que el golpe de Estado de 2009 se convirtió un parteaguas para esta comunidad en Honduras. “Antes del golpe, las organizaciones sociales estaban relegadas a temas de salud sexual y reproductiva”, explica. Sin embargo, la estrategia política de Zelaya antes de su derrocamiento lo acercó a este grupo de la población y les habló de proyectos de políticas de inclusión social y contra la discriminación.

“Es por ello que en las manifestaciones contra el golpe, se veía la bandera del arcoíris entre toda la gente del Frente”, agrega Canizales.

La incorporación de buena parte del movimiento LGTB en el Frente, se reflejó también con el partido político. Los listados de candidaturas a diputados incluían además de Martínez, nombres como el de Víctor Gómez (Vicky), Juan Noel Sosa y Josué Hernández, miembros de esta comunidad.

Pero una propuesta política no podría existir sin detractores y los recién incorporados a la contienda por el ejercicio público enfrentaron a uno con bastante peso en la opinión pública: Evelio Reyes, un pastor de la Iglesia Evangélica, que no ocultó su malestar por estas candidaturas y llamó abiertamente a sus feligreses a no votar por ellos.

Los argumentos de Reyes eran de tipo religioso. “No voten por homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y ponen en riesgo a las generaciones por venir”, era el llamado del pastor.

Canizales destaca otro logro de este boom de la participación activa de la sociedad civil en pro de los derechos LGTBI: El delito de discriminación se incluyó en el Código Penal. El cambio en la ley alcanzó a Reyes, quien enfrentó un proceso judicial por este delito, del que quedó absuelto en agosto de 2013.

Pero ni la oposición política ni la religiosa fueron los mayores inconvenientes. El docente universitario considera que la incorporación a un partido representó también para los integrantes del movimiento estar más visibles para la represión, lo que influyó en el incremento de la violencia que enfrentaron, y por lo tanto en su necesidad de migrar a países vecinos como Guatemala.

[quote_box_left]Extracto del texto originalmente publicado en Plaza Pública. Click aquí para seguir leyendo.[/quote_box_left]