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Misael Rojas | Revolución 3.0

@Revolución3_0

En su informe, Amnistía Internacional (AI) denuncia que los actos de tortura y malos tratos en México se han desbordado durante los últimos años. De acuerdo a los datos que recabaron, en 2013 el número de denuncias por estos actos aumentó en un 600 por ciento en comparación a los de hace diez años, aunque, reconocen, las cifras reales podrían ser mayores.

Durante su conferencia de prensa, llevada a cabo en el Club de Periodistas, Amnistía Internacional señaló que entre los años 2010 y 2013 se interpusieron más de 7,000 mil quejas por tortura y malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En palabras de Rupert Knox, investigador de AI en México, en el país “es persistente la tortura, la impunidad y la negación de la justicia a la víctimas” como un ejercicio sistémico gubernamental que perpetúa, evade y difumina el grave problema.

Su informe señala que los casos de tortura no sólo han sido práctica común de los grupos delictivos, sino que también son los funcionarios públicos, elementos de la Marina, Policía Federal y demás corporativos de seguridad, los que han hecho de ésta una práctica común.

[quote_right]En el país “es persistente la tortura, la impunidad y la negación de la justicia a la víctimas” como un ejercicio sistémico gubernamental que perpetúa, evade y difumina el grave problema.[/quote_right]

Y es que, señala el informe, quienes practican dichos mecanismos gozan de una total impunidad. De acuerdo a los datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los tribunales federales llevaron a cabo apenas 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013, de los cuales siete terminaron en condena.

Amnistía Internacional señala que fue en el marco de la llamada “Guerra contra Narcotráfico”, desarrollada en 2006, cuando se elevaron los casos de tortura por parte de los distintos organismos gubernamentales, haciéndose una práctica común para lograr confesiones forzadas y aparentar la victoria contra el crimen organizado. Los casos de Ángel Amílcar Colón, Rogelio Amaya Martínez y Claudia Medina, víctimas de tortura presentados durante la conferencia,  apenas fueron una muestra de lo acontecido.

Denunciaron que los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) no realizan investigaciones exhaustivas para determinar la culpabilidad de los acusados, por lo que las víctimas inocentes suelen pasar muchos años en prisión y los torturadores sin ser sometidos a la justicia.

Asimismo, informaron que los organismos encargados de investigar los casos de tortura, como la CNDH, no dan seguimiento a las denuncias, por lo que menos del uno por ciento de los casos donde se presentan violaciones a los derechos humanos, incluidos los torturados, concluyen en recomendaciones públicas.

Otra de las prácticas recurrentes contra los culpados es la detención preventiva sin cargos. Entre 2008 y 2013, fueron documentados 8 mil 595 casos de personas que fueron detenidas, por orden de la PGR, por periodos de hasta 80 días, sin que se les presentara algún cargo.

Los casos documentados muestran que los actos de tortura son llevados a cabo en muchos de los estados del país, con técnicas que van desde la violencia psicológica, semi-asfixia, golpes, simulacros de ejecución, amenazas de muerte, descargas eléctricas y hasta violencia sexual sin distinción de sexo.

Para Rupert Knox, este tipo de violencia gubernamental sólo terminará con el reconocimiento de que el Estado comete actos de tortura, y actué sobre los culpables, pues los distintos organismos, incluidas las comisiones de derechos humanos, descartan las denuncias de tortura o minimizan su gravedad.

Cabe señalar que de 20  víctimas por tortura y malos tratos, sólo una de ellas es sometida a exámenes forenses oficiales, y únicamente uno de cada ocho exámenes forenses concluye en que existen indicios de que la persona fue víctima de tortura.

En palabras de Knox, la CNDH sólo ha funcionado como protectora del Estados sin proteger a las víctimas, por lo que, señala, a menos que exista voluntad de parte del gobierno, los actos de tortura continuarán como prácticas sistematizadas.