Roberto Alonso

@rialonso

[dropcap]A[/dropcap] la #LeyBala hay que entenderla como principio pero también como fin, o mejor dicho como causa y como consecuencia. Esta idea es la que deseo desarrollar en esta mesa de recuento de daños y análisis de una ley, a mi parecer, innecesaria. Doy un paso atrás para aclarar desde dónde digo lo que planteo. No soy abogado y seguramente mi reflexión puede carecer de fundamento jurídico, lo advierto; en cambio, sí soy un una persona convencida de la perspectiva de los derechos humanos y de la importancia de su efectiva garantía. Así dicho suena sencillo, sin embargo, lo que constatamos un día sí y otro también es la tentación de privilegiar los intereses de unos cuantos restándole importancia a nuestros derechos y nuestras libertades. Más seguridad a costa de la reducción de la libertad; un combate a la delincuencia y al crimen organizados basado en la miope idea de que con más policías se reducirán los niveles de violencia; planteamientos legislativos que despojan a los pueblos originarios y a las comunidades rurales de sus territorios y sus recursos para fomentar la voraz competencia económica.

Esta reflexión, entonces, es una reflexión con agenda, pero no una agenda personal o de grupo, sino una agenda democrática, una agenda comprometida con los principios democráticos que deberían orientar la vida pública en nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Así está acordado en nuestro pacto fundamental y a ello se obliga toda autoridad que emana de éste, no obstante, ante la ausencia o la ineficacia de mecanismos de rendición de cuentas que acoten la actuación de los servidores públicos a las reglas democráticas del juego, el ejercicio del gobierno se vuelve arbitrario.

Es el mismo contexto en el que sucede la #LeyBala como causa y como consecuencia. Es, más bien, la #LeyBala en tanto objeto de análisis, la que se puede entender como causa y como consecuencia. Esta ley que se aprobó y publicó el mismo día -con una eficiencia legislativa y administrativa ejemplar- pude observarse como pieza de un rompecabezas que no se reduce a los confines del estado, sino que abarca todo el territorio nacional -quizá más- para dar forma a un contexto de espacio público controlado y, por tanto, limitado a planteamientos tan absurdos como las “buenas costumbres” o tan peligrosos como la criminalización de la protesta.

[quote_left]Se trata de una tendencia que recorre todo el país y que, por tanto, debe ser contrarrestada de manera articulada, no aislada.[/quote_left] Antes de constituirse como Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la mayoría de las organizaciones convocantes a este foro publicaron, en abril de este año, un informe que resulta de lectura y referencia obligada para toda aspiración democrática, cualquiera que sea su origen o nivel de incidencia. El documento se titula “Control del espacio público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno”, y su introducción pone en relieve que la protesta social es un “elemento indispensable de todas las sociedades democráticas… un canal para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante las acciones del gobierno… Además -sigue la premisa- es un catalizador del debate abierto de los temas de interés público, un mecanismo de participación política y un instrumento de defensa y garantía de muchos otros derechos que son consustanciales para la dignidad humana.”

La protesta es, así, un elemento vertebral de la columna democrática que permite el fortalecimiento mismo de la vida democrática, al tiempo que es un derecho que integra y se robustece de otros derechos fundamentales: el derecho de reunión, el derecho de manifestación de las ideas, el derecho de libre expresión y el derecho de petición, entre otros. Es un camino para la deliberación, el consenso y la resolución de asuntos de interés público, muchos de los cuales carecen de canales institucionales de diálogo o mecanismos formales de participación social. De este modo, si el espacio público -físico y virtual- es cada vez más controlado, cada vez más reducido, es el propio sentido democrático del régimen el que se asfixia.

El informe representa un primer acercamiento al tema de la protesta social en México en el marco del regreso del PRI a Los Pinos y resulta de gran utilidad por el análisis que hace de los criterios internacionales en la materia, así como por el análisis de leyes que atentan contra los derechos humanos criminalizando este derecho.

De haberse publicado un mes después, el informe hubiera incluido una pieza legislativa más: la #LeyBala de Puebla; una legislación que si bien fue matizada por las críticas que recibió el proyecto original propuesto por el gobernador del estado, sigue representando un riesgo para el respeto de los derechos humanos. Y digo “sigue” porque la #LeyBala sigue vigente. Existe, sí, una iniciativa que el propio gobernador envió al Congreso local para abrogarla y sustituirla con un nuevo ordenamiento, sin embargo, dicha iniciativa fue turnada a comisiones y a casi un mes de su espectacular anuncio sigue desatendida, contrario a la eficiencia con la que los diputados procesaron la #LeyBala.

El informe citado expone siete casos concretos de criminalización directa de la protesta a través de leyes que regulan expresamente las manifestaciones sociales y restringen los derechos que las conforman, así como seis casos de criminalización indirecta de la protesta, esto es, mediante marcos normativos cuyo objeto no es su regulación, pero que pueden ser empleados en contextos de manifestaciones sociales. Criminalizan directamente la protesta: 1) la iniciativa de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, presentada por el PRI, el PAN y el PVEM en el Senado en noviembre de 2013; 2) la Ley de Manifestaciones para el Distrito Federal, propuesta por el PAN también en 2013; 3) la Ley de Movilidad del Distrito Federal, aprobada el pasado mes de mayo; 4) la iniciativa de Ley que Regula las Reuniones y Manifestaciones en Lugares Públicos del Estado de Jalisco, promovida en septiembre de 2013 por el PAN; 5) la Ley de Ordenamiento Social del Estado de Quintana Roo, aprobada en marzo de este año; 6) las reformas al Código Penal para el Distrito Federal, aprobadas en noviembre de 2013; y 7) la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí, impulsada también por el PAN.

Indirectamente, criminalizan la protesta: 1) la reforma al artículo 29 constitucional incluida en el paquete de la reforma político-electoral aprobada en febrero de este año, por lo que toca a la suspensión de garantías por el titular del Ejecutivo sin la aprobación del gabinete; 2) la ley reglamentaria de ese mismo artículo, en razón de la puerta que abre a la restricción o suspensión de derechos ante una perturbación grave de la paz pública; 3) las reformas al Código Penal Federal, con disposiciones ambiguas y tipos penales sumamente amplios; 4) las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de geolocalización; 5) la iniciativa de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, en materia de restricciones en Internet y violación a la privacidad; y 6) la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también en términos de localización geográfica.

Considerando esta lista de 13 proyectos y leyes a los que podríamos sumar la recientemente abrogada “Ley Garrote» de Chiapas o la “Ley Mordaza” que promovió el gobernador de Sinaloa -procedente, como en Puebla, de una coalición partidista que jugó con la bandera de la alternancia para llegar al poder-, la #LeyBala constituye una pieza más de un rompecabezas animado por fuerzas que pretenden restaurar la arquitectura autoritaria del poder.

[quote_left]Pero lo que es más grave es el silencio cómplice o el respaldo a ciegas de actores sociales y políticos (…), a casi tres meses de la aprobación de la #LeyBala, la red Actívate por Puebla (…) no ha emitido un posicionamiento sobre la ley o sobre el violento operativo en San Bernardino Chalchihuapan.[/quote_left] Se trata de una tendencia que recorre todo el país y que, por tanto, debe ser contrarrestada de manera articulada, no aislada.

Difundidas antes de la iniciativa del gobierno del estado de Puebla, las recomendaciones hechas en el informe fueron soslayadas por el gobernador, el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. En lugar de abstenerse de presentar y aprobar iniciativas inhibitorias para la protesta social, como lo formula el informe, el gobernador hizo llegar al Congreso una propuesta de ley que clasificaba las manifestaciones y permitía el uso de la fuerza letal para dispersarlas, mientras que los diputados la aprobaron en automático desatendiendo las advertencias de organizaciones sociales; la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por su parte, guardó silencio.

El proceso que siguió la #LeyBala, desde su presentación hasta su aprobación y su no impugnación por el órgano creado para defender, proteger y promover los derechos humanos, es el que nos permite apreciarla como consecuencia, esto es, como producto de un problema estructural que vivimos en Puebla, aunque tampoco es exclusivo de nuestro estado.

En sentido contrario a lo que se espera de una alternancia en el gobierno, lo que vemos en Puebla es el retrato de un retroceso democrático caracterizado por la falta de contrapesos en el ejercicio del poder. Principios básicos como el de la división de poderes se encuentran seriamente amenazados por un estilo de gobierno alejado del diálogo, de la discusión pública, de la crítica y de la participación social. Es un estilo de gobierno que no atiende la disidencia sino que la ignora, cuando no la encarcela. Es un ejercicio del poder que controla, captura y se apropia de instituciones, organismos y medios de comunicación. Es un modelo que se repite. Es la alternancia que no fue.

Un contexto como el descrito hace posible que prosperen iniciativas como la #LeyBala, esa que sirvió como marco para el violento operativo con el que la policía estatal desalojó a los manifestantes que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco y tuvo como saldo la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, un menor de 13 años.

Una ley que define como agresor a cualquier persona que representa un riesgo -así de impreciso- por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del estado; una ley que permite la aplicación de técnicas de incapacitación sobre las personas sin definir esta práctica; una ley que, por un lado, establece que el uso de la fuerza se realizará siempre como última medida pero que permite recurrir a ella para prevenir la comisión de conductas ilícitas; una ley que faculta a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia para emitir protocolos sin sujetar su actuación a una opinión técnica y vinculante en materia de derechos humanos; una ley que no pone un plazo para la publicación de su reglamento, aunque lo prevé; una ley que permite el uso de armas de fuego pero no las clasifica; una ley que deja abierta y sin restricciones claras y específicas la posibilidad de que los elementos policiacos porten armas cortas y largas fuera de su horario laboral; una ley que no dispone de sanciones en caso de que los cuerpos de seguridad no respeten las medidas a seguir en caso de detenciones; una ley que sugiere en vez de obligar; una ley que juzga sobre los fines y los aspectos políticos y socioeconómicos de una manifestación; una ley así solamente es posible cuando no hay distancia entre un gobernador que la promueve y un Congreso que la aprueba, incluso con el voto de “la oposición”.

Pero lo que es más grave es el silencio cómplice o el respaldo a ciegas de actores sociales y políticos. Como autocrítica, porque me toca coordinar un grupo de trabajo de Actívate por Puebla, debo decir que al día de hoy, a casi tres meses de la aprobación de la #LeyBala, la red Actívate por Puebla, que jugó un papel importante en la coyuntura electoral que derivó en la alternancia en el gobierno del estado, no ha emitido un posicionamiento sobre la ley o sobre el violento operativo en San Bernardino Chalchihuapan.

Si perdemos de vista que la protesta social y la salud del espacio público son condiciones de posibilidad para el desarrollo y la prosperidad de cualquier agenda democrática, por lejana que parezca, todo esfuerzo en esta línea será una simulación. Si no nos hacemos cargo de que es a fuerza de la ampliación de nuestros derechos y nuestras libertades, y no de su sacrificio, como podemos avanzar en democracia, será el autoritarismo la forma de gobierno que ganará terreno.

La libertad de expresión y el derecho a la información requieren, para su realización plena, de protesta, de disidencia, de crítica y de oposición.

[quote_box_center][*] Texto leído en la mesa “La Ley Bala: un recuento de los daños” del foro Pensar, decir y manifestarse: los derechos humanos y la vigilancia de las comunicaciones, que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana Puebla el 14 de agosto de 2014.[/quote_box_center]