Foto: Marlene Martínez

Josué Cantorán

@josuedcv

De nuevo salieron sin acuerdos. Los presidentes auxiliares agrupados en la Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip) que se reunieron la mañana de este miércoles con Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno; un representante del gobierno federal y los diputados locales del PAN, Jorge Aguilar Chedraui -líder de la bancada-, Eukid Castañón Herrera, Corona Salazar Álvarez y Francisco Rodríguez Álvarez, salieron como llegaron: sin una respuesta clara.

Así lo informó José Salomé Pacio, presidente auxiliar de la comunidad de San Martín Tlamapa, en el municipio de Santa Isabel Cholula, durante una rueda de prensa convocada de último minuto después de su encuentro con dichas autoridades. «Más que escucharnos, sentimos que fueron casi casi a probarnos si de veras estábamos en conocimiento de causa de lo que nosotros pedimos», dijo.

Asimismo, denunció que las autoridades del gobierno estatal ahora han optado por deslindarse de sus demandas bajo el argumento de que son facultades que no les corresponden a ellos, sino al Poder Legislativo o a los gobiernos municipales.

«Nos están aplicando la aburridora», respondió el edil ante la pregunta de un reportero, aunque enfatizó que continuarán acudiendo a las mesas para que no se les acuse de romper el diálogo.

[quote_box_right]Al respecto, explicó que a algunos compañeros suyos que llegaron de la zona de Tehuacán a la reunión en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno ya no se les permitió la entrada y, en cambio, fueron atendidos en otro salón por otros funcionarios cuyos nombres y cargos desconocen.[/quote_box_right]

Ante esa situación y la falta de voluntad que perciben de las autoridades estatales, los seis ediles auxiliares presentes en la rueda de prensa adelantaron que están estudiando iniciar una estrategia alterna, la de solicitar un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que les sean restituidas las facultades de jueces del registro civil que les fueron arrebatadas tras las reformas a la Ley Orgánica Municipal aprobadas en diciembre de 2013.

Y las demandas, las que fueron presentadas ayer a la Secretaría General de Gobierno (SGG) en un documento del que también hicieron lectura a la prensa, son las mismas desde que comenzó el movimiento.

• Que cese a la represión del gobierno estatal y se libere a los presos políticos.
• Que los poderes Ejecutivo y Legislativo emitan un decreto para que se eliminen las reformas a la Ley Orgánica Municipal aprobadas en 2013, mismas que dejaron a las presidencias auxiliares sin la facultad de ejercer como juzgados del registro civil, limitando así a poblaciones enteras a realizar trámites como registro de nacimientos, matrimonios o defunciones, en sus propias comunidades.
• Que el gobierno estatal respete las atribuciones legítimas que poseen las presidencias auxiliares.
• Que se abroguen recientes leyes polémicas como la llamada Ley Bala, la Ley de Expropiación y la Ley del Agua para el Estado de Puebla, las cuales ya han causado perjuicios en la sociedad poblana.

Salomé Pacio consideró que el gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle, ha hecho caso omiso a los convenios internacionales que él mismo ha suscrito, mismos que otorgan el derecho a los pueblos originarios a decidir sobre las leyes que regirán sus comunidades, pues ninguna de las leyes aprobadas o reformadas recientemente se han consultado con la ciudadanía.

Pese a todo, el edil auxiliar confió en que esta situación se resolverá de manera pronta en favor de las poblaciones que los presidentes auxiliares agrupados en la Cedip representan.

Buscan desarticularlos

La organización que más de 170 ediles auxiliares han emprendido después de que las reformas a la Ley Orgánica Municipal comenzaran a cobrar efecto en sus comunidades, ha sido objeto de intentos de boicot y desarticulación por parte del gobierno del estado, denunció el presidente auxiliar José Salomé Pacio.

Al respecto, explicó que a algunos compañeros suyos que llegaron de la zona de Tehuacán a la reunión en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno ya no se les permitió la entrada y, en cambio, fueron atendidos en otro salón por otros funcionarios cuyos nombres y cargos desconocen.

En el mismo sentido, Javier Montes, presidente auxiliar de Chalchihuapan, sobre quien pesa una orden de aprehensión, hasta ahora sin efectos, por presuntamente incurrir en actos violentos durante el desalojo de la manifestación el 9 de julio, responsabilizó al gobierno del estado ante cualquier acto de represión que puedan sufrir él o sus compañeros.