La compensación económica y las disculpas por la muerte de José Luis Tehuatle no significan justicia para la madre del menor

Foto: Marlene Martínez

Samantha Páez

@samantras

“Aunque estoy conforme con el monto que recibo, deseo manifestar que una vida no tiene precio y el anhelo de justicia permanece”, fue lo que dijo Elia Tamayo Montes al momento de recibir la compensación económica por la muerte de su hijo José Luis Alberto, causada por la policía estatal de Puebla durante un operativo en San Bernardino Chalchihuapan en 2014.

[quote_right]A pesar de la compensación monetaria, no ha habido sanción a responsables ni reparación del daño en cuanto a rehabilitación médica, psicológica y psicosocial[/quote_right]

Para los abogados especialistas en derechos humanos María del Rosario Arrambide González y Simón Hernández León en la recomendación 2VG/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Chalchihuapan, no se cumplió la reparación del daño porque el anhelo de justicia de la víctima quedó insatisfecho.

El representante legal de Elia Tamayo, Hilario Gallegos Gómez, confirmó que ante esta situación acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo anunciaron desde 2014, porque para las víctimas no hubo justicia ni atención psicológica o médica.

A pesar de que para las personas afectadas por la violación de derechos humanos y sus abogados la recomendación 2VG/2014 no se cumplió, la CNDH dijo que está concluida desde diciembre de 2016.

Anhelo de justicia permanece

El 2 de septiembre de 2016 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) recibió un documento de manos de Elia Tamayo, donde aceptaba los 2 millones 500 mil pesos que le ofreció el gobierno poblano para compensar el daño que generó la muerte de José Luis Alberto, de 13 años de edad.

Elia Tamayo se dice conforme con el monto que se le entregó, después de que le aumentaran un millón de pesos a la cifra al pedir una revisión para que se ajuste a parámetros internacionales, pero deja claro que su anhelo de justicia continúa.

María del Rosario Arrambide, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, dijo durante una entrevista vía telefónica que una reparación integral del daño también incluye la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos, esto como parte del derecho a la verdad.

—No basta con una indemnización económica o material, entonces me parece que (el anhelo de justicia) se refiere al análisis de las pruebas de cumplimiento, porque aunque se dan por cumplidas (las recomendaciones) hay que ver que hayan sido afectivas.

Por su parte Simón Hernández, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, consideró que la CNDH debería tomar en cuenta la opinión de las víctimas para determinar el cumplimiento de la recomendación. En este caso si para la madre de José Luis Alberto es más importante el acceso a la justicia, se tendría que dar más fuerza a este punto.

En general refirió que en el caso Chalchihuapan hay varias deficiencias que ponen en duda el cumplimiento de la recomendación, porque hubo poca transparencia en la asignación de cámaras de video a los elementos de seguridad y cómo se resolverán los conflictos de forma pacífica.

No recibieron atención adecuada

En respuesta a la solicitud de información folio 00010517, la CNDH entregó los documentos probatorios de la recomendación 2VG/2014, los cuales incluyen un listado de las víctimas la compensación recibida, tiempos y condiciones. En el apartado de seguimiento se indica que la mayoría de las víctimas no se presentó para recibir la atención psicológica y médica.

De acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos el concepto de Reparación integral abarca medidas tales como: a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

De tal forma, tampoco hubo reparación del daño por la falta de rehabilitación médica, psicológica y psicosocial.

Al respecto la abogada del IDHIE mencionó que se debieron agotar los recursos para que recibieran la atención, porque en muchas ocasiones las víctimas no confían en las autoridades y por ello no acuden a las citas, entonces se finca la responsabilidad a la víctima por falta de interés.

Para Hilario Gallegos la compensación económica sólo cubrió los gastos que las víctimas hicieron para el tratamiento de las lesiones, sin embargo con ello se dio por cumplida la reparación del daño integral y la atención médica. Además no se dio seguimiento médico ni psicológico para ninguna de las víctimas.

A José Martín Romero Montes un proyectil lanzado por la policía estatal le rompió los huesos de la mandíbula y le destrozó las cuerdas vocales, su familia gastó 300 mil pesos en cuatro operaciones en un hospital particular para ponerle dos placas y seis tornillos. La compensación económica de Martín fue de 301 mil 458 pesos, prácticamente para reponer los gastos familiares, y después obtuvo una ampliación de 100 mil pesos, la cual se le concedió.

Mientras que Hugo Jiménez estuvo a punto de perder el ojo izquierdo tras el impacto de una lata de gas lacrimógeno, esto generó que lo corrieran de su trabajo de chofer de combi y se desatara una crisis familiar. El gobierno de Puebla pagó de compensación 333 mil 847 pesos y los gastos médicos, no hubo atención psicológica y psicosocial.

En el oficio STFPRAIFCR2VG2014CNDH/DAV/16/2015, referente al seguimiento de la recomendación, la Procuraduría General de Justicia de Puebla asegura que no puede obligar a las personas a recibir la atención, pero deja abierta la posibilidad para la soliciten en otro momento pues sus derechos “quedan intocados”.

Víctimas acudirán a la CIDH

El representante legal de las víctimas por el caso Chalchihuapan dijo que debido a que no hubo reparación del daño integral, por todo lo antes mencionado, acudirán en dos meses a la CIDH para que dé una sentencia que les permita acceder a la justicia.

—La CNDH ha perdido credibilidad de los pobladores que fueron víctimas de Chalchihuapan, por lo que vamos a acudir a la Corte Interamericana (…) para que retomen ellos el caso, porque ya no podemos confiar en una Comisión Nacional de Derechos Humanos que pareciera que está en complicidad con la represión.

Para Hernández León, debido a que las recomendaciones de la CNDH no son de carácter vinculante, acudir a instancias internacionales garantizaría los derechos de las víctimas ante una posible omisión del ombudsman, Luis Raúl González Pérez.

[pull_quote_center]…ya no podemos confiar en una Comisión Nacional de Derechos Humanos que pareciera que está en complicidad con la represión[/pull_quote_center]

Desde 2014 los abogados de las víctimas de Chalchihuapan anunciaron que acudirían a la CIDH, incluso, la organización Artículo 19 dijo que llevaría el caso ante esa instancia.

En septiembre de 2015 la Corte Interamericana tuvo un acercamiento con Elia Tamayo y sus representantes, esto durante unos foros hechos en Xalapa, Veracruz, para la elaboración de un informe sobre violaciones a derechos humanos en México.

Las sentencias de la CIDH son vinculantes para el Estado mexicano, después de que en 1998 el país admitiera la competencia contenciosa de la Corte, es decir, que si la Corte toma el caso Chalchihuapan se podrían fijar nuevas sentencias contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de José Luis Alberto, con lo cual por fin habría la justicia que Elia Tamayo reclama.