Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 9 de julio los habitantes de la junta auxiliar de Chalchihuapan, del municipio de Ocoyucan, Puebla, se manifestaron pacíficamente contra las medidas del gobierno del estado de Puebla que al reformar la ley orgánica municipal quitó facultades a las autoridades locales de las más de 611 juntas auxiliares de toda la entidad, comenzando por los registros civiles que estarían ahora a cargo del municipio. Una bala de goma o un proyectil usado por la policía habría causado la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, y las autoridades detuvieron a cuatro personas.

Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero fueron acusados de “ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte”. Pese a haber estado presos en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, recuperaron su libertad el miércoles 6 de agosto.

Los cargos

Inicialmente habían sido también acusados de desobediencia y resistencia de particulares, motín, delitos cometidos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, tentativa de homicidio calificado, daño en propiedad ajena doloso y lesiones dolosas.

Sin embargo, después de haber analizado pruebas y realizado 98 dictámenes, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) promovió un «incidente de libertad por desvanecimiento de datos» –por los delitos de “motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad; lesiones dolosas; tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso”, de acuerdo a un comunicado emitido por la dependencia- a favor de los cuatro presuntos implicados en los delitos del 9 de julio. Esta figura legal implica que no hay pruebas o datos suficientes para acreditar el delito del que se culpa al acusado y entonces la persona puede obtener su libertad mediante una cantidad de dinero.

Las autoridades resolvieron que las agresiones a la Policía Estatal y la lesión que días después causó la muerte a José Luis Alberto, de 13 años de edad, fueron luego del aseguramiento de los cuatro hombres.

Después de que el martes 5 de agosto se llevara a cabo la audiencia donde se promovió el incidente de libertad, el miércoles 6 de agosto, poco antes de las ocho de la noche, finalmente salieron del Cereso de San Pedro Cholula después de pagar cada uno 7 mil pesos. Uno de ellos, Santiago Pérez Tamayo, de 75 años –cumplidos mientras estaba privado de su libertad–dijo que ni siquiera estaba en la manifestación. Además de llevar décadas viviendo en Veracruz, el hombre estaba simplemente de paso cerca del bloqueo a la autopista.

Foto: Marlene Martínez

La lucha sigue

José Salomé Pacio Grande, presidente de la Junta Auxiliar de San Martín Tlamapa, del municipio de Santa Isabel Cholula, y miembro de la Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), dijo que la liberación de los habitantes de Chalchihuapan no es un acto que haya surgido por voluntad propia del gobierno, sino gracias a parte de su lucha a consecuencia de las manifestaciones y las negociaciones, apoyadas por intermediarios del gobierno federal. ¿Y cómo toma esto la CEDIP? Como algo que realmente es parte de la justicia que se les tiene que hacer a Félix, Antonio Víctor, Santiago y Sergio, porque en un principio los estaban acusando de delitos que no tenían “nada que ver”.

El edil dijo en entrevista que las comunidades están dialogando con autoridades de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Gobernación Federal –incluido un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, con una agenda de trabajo conjunta. La reunión con las autoridades estatales y federales del 4 de agosto fue acerca de las cuestiones jurídicas, entre ellos el asunto de los cuatro compañeros detenidos. El edil dijo que las acciones se definirán dependiendo de la respuesta de las autoridades, y si no hay avances actuarán “con más fuerza”.

El jueves 31 de julio la CNDH informó que el expediente del caso de San Bernardino Chalchihuapan fue tramitado como “Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos”, y que ahora realiza una investigación por los hechos que “vulneraron los derechos a la vida, integridad física y seguridad de las personas agraviadas”, diciendo que lo sucedido trascendió del interés de la entidad y se convirtió en un asunto de importancia en la opinión pública nacional.

Los cuatro detenidos ahora solamente son acusados por el delito de ataques a vías de comunicación. Tendrán que estar yendo a firmar cada lunes en Cholula hasta que se les dicte sentencia y mientras continúa el proceso, dijo Raúl Rodríguez, el abogado defensor de los pobladores de la Junta Auxiliar. Por su parte, la PGJ informó que la investigación acerca de los hechos derivados del bloqueo a la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio sigue abierta para, de acuerdo a la PGJ, “deslindar responsabilidades”.