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Sandra de los Santos | Chiapas Paralelo

En la sesión de este martes los diputados aprobaron las reformas al Código Penal Federal en el que se le otorga al Presidente de la República la facultad de conceder el indulto no sólo por cuestiones políticas y sociales, sino cuando haya evidencias fehacientes de que en un proceso judicial se violaron los derechos humanos. Como sucede en el caso del maestro indígena de Chiapas, Alberto Patishtán.

Gabriela Patishtán, hija del maestro indígena dijo en su cuenta de Facebook “fueron más 13 años de una lucha constante y de no dejarse vencer ante las grandes adversidades. Y la única motivación es que mi papá es inocente y pedimos justicia y libertad… Hoy estamos a un paso de conseguirla… Gracias a todos y a todas por habernos apoyado”.

Con la reforma al Código Penal Federal, aprobada hoy, no sólo el maestro indígena podría verse beneficiado, sino también otras personas que estén en la misma situación.

Alberto Patishtán Gómez nació en el municipio El Bosque el 19 de abril de 1971. Fue criado por su madre y sus abuelos. Es profesor indígena. En Junio del 2000 fue acusado de emboscar y asesinar a siete policías. Fue sentenciado a 60 años de prisión.

El caso del maestro indígena  se ha convertido en emblemático debido a que existen diferentes pruebas de su inocencia y del indebido proceso judicial que se siguió en su caso y aún con todo esto no se le ha permitido obtener su libertad. El Poder Judicial de la Federación se ha negado a todos los recursos legales que ha presentado la defensa del profesor.

El caso Pastishtan, un análisis de AI

Como en otros casos documentados por Amnistía Internacional, el hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular el derecho a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder judicial.

Alberto Patishtan

En 2002, Alberto Patishtán fue condenado a 60 años de prisión por lesiones y homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Las apelaciones, amparos y recursos de reconocimiento de inocencia presentados dese entonces fueron rechazados. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las irregularidades en la investigación y el proceso judicial nunca fueron evaluadas debidamente para corregir la condena. Tampoco fue tenida en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el poder judicial de la federación en este periodo sobre la evaluación de las pruebas de cargo, la presunción de inocencia y el debido proceso para asegurar un juicio justo, así como la reforma constitucional de 2011 que reconoce el rango constitucional de las normas internacionales de derechos humanos.

Al revisar este caso detalladamente, Amnistía Internacional considera que existen serias fallas acerca la conducción del proceso y del juicio en su contra:

• Nunca se investigó la influencia indebida por parte del presidente municipal de El Bosque, municipio vecino de Simojovel y donde vivía Alberto Patishtán, en la investigación preliminar realizada por el ministerio público. Antes de la declaración de su hijo, quien fue uno de dos sobrevivientes del ataque y el único testigo que señaló a Alberto Patishtán, el presidente municipal le manifestó al ministerio público que Patishtán era uno de los autores del delito. Asimismo, comunicó el supuesto móvil del crimen. Estos elementos sirvieron para emitir una orden de localización contra Patishtán. El presidente municipal también proveyó una fotografía de Patishtán que el ministerio público utilizó para proceder contra éste y animar a testigos no presenciales a señalarlo como responsable.
• Nunca hubo una investigación imparcial del contexto social que podría haber motivado un señalamiento fabricado contra Alberto Patishtán por parte del presidente municipal y su hijo. Un mes antes de los asesinatos, Alberto Patishtán y otras personas de su comunidad habían pedido públicamente la remoción del presidente municipal. Este antecedente nunca fue objeto de investigación por parte del ministerio público ni fue considerado con seriedad dentro del proceso por parte de los jueces de primera, segunda y tercera instancia.
• Existen contradicciones no resueltas entre las diferentes declaraciones que realizó el hijo de presidente municipal sobre estos hechos.
• Existen contradicciones no resueltas entre los testimonios del hijo del presidente municipal y el otro sobreviviente del ataque. Entre otras cuestiones, la forma del ataque y el número y  vestimenta de los atacantes, incluyendo si llevaban pasamontañas o no.
• En una de sus declaraciones el hijo del presidente municipal inculpó a una segunda persona que posteriormente fue absuelta al demostrar su inocencia, lo cual pone nuevamente en duda la credibilidad de su testimonio.
• Hubo falta de acceso a una defensa efectivo por parte de Alberto Patishtán para asegurar que pudiera defenderse eficazmente contra la imputación y cuestionar debidamente a los testigos y otras pruebas, así como presentar pruebas eficientes de defensa;
• La decisión de los jueces de desechar las pruebas de descargo presentadas por varios testigos que señalaron la presencia de Alberto Patishtán en otro lugar durante los hechos contrasta con la forma en que las contradicciones en las declaraciones de los testigos de la acusación fueron ignoradas.
• Hubo violaciones del debido proceso por parte del ministerio público al recabar las pruebas y presumir la culpabilidad de Alberto Patishtán y, posteriormente, por parte del poder judicial, el cual no garantizó la presunción de inocencia al ignorar las violaciones de debido proceso y su impacto sobre el valor de las pruebas.