Expertos participan en la mesa de análisis «Los desaparecidos de Tepito… la punta del iceberg»

Ley General de Víctimas prohíbe su criminalización, subraya Julio Hernández Barros, corredactor del documento

Imposible, tener policía de calidad mientras ésta sea utilizada como una política de empleo: Pablo Monzalvo

Prensa Ibero

Estigmatizar a la docena de personas secuestradas en la Zona Rosa el pasado 26 de mayo, así como criminalizar al barrio de Tepito, ha sido un grave error de las autoridades capitalinas, señaló José Antonio Ibáñez, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en la mesa de análisis «Los desaparecidos de Tepito… la punta del iceberg».

En este encuentro participaron también Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Ibero y corredactor de la Ley General de Víctimas, y Pablo Monzalvo Pérez, reconocido especialista del Diplomado en Seguridad Pública, quienes analizaron este preocupante caso desde sus respectivas disciplinas.

Por su parte, José Antonio Ibáñez, quien recién coordinó el libro Ombudsman: asignatura pendiente en México, editado por la Ibero, subrayó que las autoridades no sólo están obligadas a esclarecer el caso, sino a evitar que se repita, y criticó que el mero hecho de ser habitantes de Tepito marque a las víctimas como presuntos criminales.

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En el mismo sentido, Julio Hernández Barros apuntó que la Ley General de Víctimas prohíbe su criminalización y señaló que ningún país puede darse el lujo de desconocer el paradero de 26 mil de sus ciudadanos, como ha sucedido en México.

Según esta ley, tanto las víctimas primarias como las secundarias (en este caso los familiares de los desaparecidos) deben ser parte de la investigación, siempre y cuando esto no las ponga en riesgo, precisó Hernández, quien añadió que la victimización secundaria se fortalece cuando los ciudadanos no obtienen atención inmediata en el Ministerio Público, que tarda 72 horas en iniciar la búsqueda de una persona desaparecida.

Urgen policías con vocación

Por su parte, Pablo Monzalvo Pérez, académico del Diplomado en Seguridad Pública, subrayó como un grave equívoco pensar que el tema de la seguridad, así como el del uso de armas, son responsabilidad exclusiva de la policía o el gobierno.

El experto de esta casa de estudios, que celebra 70 años de vida académica, enfatizó que la seguridad no se mide con la cantidad de policías, sino con su calidad, entendida como la suma de la vocación y el conocimiento producido por la preparación adecuada de los cuerpos policiacos.

En el encuentro académico, moderado por Érick Fernández, coordinador del Programa Prensa y Democracia y maestro del Departamento de Comunicación, Pablo Monzalvo señaló que no es suficiente tener un buen papel operativo de la policía, pues sus integrantes necesitan vocación y formación.

Además, el académico acusó que no se podrá tener una policía de calidad mientras ésta sea utilizada como una política de empleo que busque resolver la necesidad laboral de personas sin la vocación y ética necesarias para servir a la sociedad.