Arturo Angel

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció oficialmente 187 casos de personas que murieron o resultaron heridas como resultado de la actuación de elementos del Ejército Mexicano desplegados en operativos en el país en la última década. 2018 y 2019 son los años con más casos registrados.

Pese a tratarse de víctimas de una autoridad federal, menos de la mitad de dichos casos fueron reportados ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y por ende tampoco fueron inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que se les reparara el daño. De hecho, en los últimos cinco años apenas 22 de los casos fueron notificados a esa comisión.

En cambio, la Sedena asistió a las personas afectadas a través de una unidad interna que creó en 2010 para quienes resultaron víctimas de acciones de sus militares y firmó con ellas y ellos convenios con cláusulas de confidencialidad a cambio del pago de fuertes sumas de dinero y otros apoyos. A diferencia de la CEAV, el Ejército no quiso transparentar el monto que ha pagado a dichas víctimas.

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Incluso, el Ejército ya ha comenzado a captar con dicho mecanismo a víctimas de la Guardia Nacional.

Así lo confirman información oficial obtenida por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, un análisis y un oficio interno que un mayor de justicia militar dirigió al titular de la Sedena, en el que le advierte las irregularidades de atender a las víctimas con una unidad interna en vez de notificar a la CEAV como lo marca la Ley General de Víctimas.

Dichas afectaciones van desde la imposibilidad de las víctimas de acceder a una reparación integral del daño, hasta que se les prive del derecho a la verdad y justicia al no notificarse los casos a una autoridad investigadora independientes, o que no haya garantías de no repetición. Ello además del crecimiento de una lista negra de víctimas en el país.

“No hay que olvidar que una reparación integral del daño no solo es una compensación económica. Se trata de una satisfacción, de una rehabilitación, de medidas de no repetición. Entonces limitarlo únicamente al pago de una compensación no cumple con el objetivo de la reparación integral del daño y pues creo que es clara la finalidad con al que lo hace la Sedena. Que no se llegue a un proceso penal o a una recomendación por violaciones a derechos humanos”, dice Reyna Velasco, abogada experta en atención a víctimas.

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*Foto de portada: Vehículo AMX-VCI del Ejército Mexicano / Foto: Mizael Contreras | Wikimedia Commons