Desde hace varios años las empresas alemanas de armamento causaron polémicas y escándalos por sus exportaciones dudosas e incluso ilegales a México. Primero fue Heckler&Koch (H&K), después Sig Sauer y ahora Dynamit Nobel Defence.

H&K vendió fusiles de asalto G36 que finalmente llegaron a las manos de policías en Iguala, quienes los utilizaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal Ayotzinapa en 2014. Miles y miles de pistolas de Sig Sauer están circulando en el país y fueron utilizadas en agresiones contra la sociedad civil, por ejemplo en el homicidio de Marisela Escobedo, la activista chihuahuense que buscaba justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre. El asesino mató a Escobedo con una 9 mm P239, un arma de tecnología alemana.

Investigaciones de este autor muestran que también, la empresa productora de lanzacohetes, Dynamit Nobel Defence (DND), mandó sus mercancías letales bajo circunstancias bastante cuestionables a México.

La transacción confirma lo que organizaciones antimilitaristas internacionales explican en su recién publicado informe “Deadly Trade”: las ventas de armas pequeñas y ligeras desde Europa están violando frecuentemente las directrices sobre la exportación de armamento de la Unión Europea, la Posición Común de la UE.

Tal vez te interese: Por delitos que van del robo al feminicidio, 47 elementos de la Guardia Nacional han sido detenidos

De acuerdo con información de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), esta institución compró en el año 2018 lanzacohetes tipo RGW60 de DND. El gobierno mexicano indica en su informe anual para el registro del Contrato de Comercio de Armas de la ONU, que se trata de 4 mil 114 piezas, incluyendo los lanzacohetes más otros sistemas y cohetes de adiestramiento. La Secretaría de Economía alemana habla de mil 467 lanzacohetes exportados a una “institución federal” en México.

Pero, ¿dónde están estas armas? ¿De dónde llegaron? La respuesta de la Sedena provoca más preguntas.

“Después de realizar una búsqueda exhaustiva de esta Secretaría, no se localiza evidencia documental de certificados, constancias o cartas del destino final, usuario final o usuario ulterior, firmado con funcionarios de esta dependencia, por el concepto de importación desde Alemania de estos 4 mil 114 artículos”, según consta en la repuesta a la solicitud de información INAI/Folio 000700236820.

Eso es sorprendente, porque la Sedena es la única institución autorizada para importar armas a México. Si no dispone sobre una constancia del destino final, según la ley alemana, esta venta no es legal. Las empresas alemanas tienen que entregar este documento a la Autoridad Federal de Exportación (BAFA) para conseguir un permiso para vender las armas a México.

“Si la Secretaría de Defensa no puede nombrar y comprobar el usuario final, sin lugar de duda es una razón de no autorizar la exportación”, explica Katja Keul, una diputada del parlamento federal alemán del partido Los Verdes. También la Posición Común de la UE requiere eso, como añade el investigador y activista estadounidense en temas de militarización John Lindsay-Poland: “México y la empresa exportadora tienen que someter un certificado del uso final, para determinar si las armas se van a grupos que violan los derechos humanos o aumentan el conflicto armado”.

La BAFA indica que tiene un documento del destino final, pero tampoco puede confirmar a cuáles estados y a cuáles entidades de las fuerzas de seguridad llegaron los lanzacohetes. Eso también sorprende, porque en el “caso Heckler&Koch” se excluyó explícitamente el suministro de los fusiles de asalto G36 a Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Jalisco. Por eso fue posible detectar la exportación ilegal de estas armas, lo que resultó en una sentencia contra esta empresa el año pasado. ¿Y ahora las autoridades alemanas ni siguiera quieren saber quién utiliza los lanzacohetes?

Continuar leyendo en Pie de Página

*Foto de portada: Actividad contra la exportación de armas en Berlin, ante el parlamento federal/ Foto: Aktion Aufschrei