Anayeli García Martínez

Durante varios años las víctimas de violaciones a Derechos Humanos han sacado dinero de su bolsa para solventar los gastos de su búsqueda de justicia, dar seguimiento a investigaciones penales y pagar los costos de los daños a su salud, situación que aminoró en 2013 cuando se expidió la Ley General de Víctimas y con ella el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que hoy corre el riesgo de desaparecer.

Ante la cerrazón de las y los legisladores federales, quienes este martes 6 de octubre aprobaron, en lo general, el dictamen para borrar 109 fondos y fideicomisos de distintas leyes, las organizaciones y personas que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) llamaron al Senado de la República —quien pronto revisará el documento avalado por la Cámara de Diputados— a escuchar a las víctimas antes de aceptar la desaparición de este mecanismo.

En conferencia de prensa virtual, organizada este miércoles, las víctimas expresaron su preocupación por el desconocimiento de las y los diputados, quienes, en su opinión, no saben cómo funciona este fondo, no tomaron en cuenta las implicaciones de la reforma para las personas beneficiadas y decidieron aprobarla en una sesión que se prolongó por casi ocho horas y en un debate que llegó a gritos, empujones y acusaciones, por lo que se tuvo que suspenderse y reiniciarse al medio día de este 7 de octubre.

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La vocera del colectivo Buscando a Desaparecidos México Búscame, Grace Fernández, expuso que las víctimas requieren de los recursos económicos de este fondo porque muchas veces además de vivir violaciones a sus Derechos Humanos y necesitar medidas de reparación, también se quedan sin empleo por dedicarse a realizar las tareas de peritos, ministerios públicos, psicólogos y abogados; o sufren daños en su salud.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, el fondo sirve para el pago de ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas y víctimas indirectas, es decir, a familiares afectados por las violaciones a Derechos Humanos y solo las personas que cumplan con los requisitos para estar en el Registro Nacional de Víctimas pueden acceder a los apoyos que se otorgan por medio de este instrumento.

La defensora dijo que los apoyos que reciben las víctimas no son onerosos pero además son insuficientes porque se distribuyen entre las muchas personas afectadas por violaciones graves como la desaparición, el feminicidio, la tortura o el desplazamiento forzado. Aunque, expuso que antes de acceder al fondo deben tener la calidad de víctimas, algo que solo pueden obtener con una sentencia o resolución judicial, la determinación de un organismo de Derechos Humanos, o por el reconocimiento de un Ministerio Público.

Grace Fernández expuso que el fondo tiene reglas de operación y no contar con este mecanismo impedirá que las personas puedan solventar el gasto de traslados, alimentación, salud, vestimenta o que los grupos de personas, en su mayoría de mujeres, puedan realizar la búsqueda de sus familiares en fosas clandestinas por diferentes zonas del país.

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*Foto de portada: César Martínez López | CIMAC Noticias