“[Los últimos meses] estuvimos en casa no porque hayamos estado contentos o satisfechos con el gobierno, estuvimos en casa por el inmenso amor que les tenemos [a nuestros familiares]”, dijo desde el zócalo de Puebla capital, María Luisa Nuñez Barojas, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos.  

Luego de meses de confinamiento por la pandemia, las historias de decenas de personas desaparecidas, a través de los testimonios de sus madres, padres, hermanos y hermanas, se dejaron escuchar una vez más este domingo 30 de agosto, con motivo del Día Internacional del Detenido Desaparecido.

María Luisa, con micrófono en mano y cubrebocas puesto, dejó en claro que las cosas no han cambiado; que se cumplió otro año más sin investigaciones y sin búsquedas reales. Que los casos se siguen acumulando y que si este 30 de agosto decidieron salir a las calles, como muchos otros colectivos y organizaciones a nivel nacional, fue para recordarle a las autoridades que tienen una responsabilidad con las familias de quienes están desaparecidos.

“El gobierno debe de saber que si no salimos durante estos meses es porque en nosotros recae la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, de no exponernos, de no enfermarnos. Porque si nosotros nos enfermamos, si nosotros nos morimos, a ellos nadie los va a buscar”.

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Muchos de los rostros que se colocaron al pie del asta bandera de la plaza estaban prácticamente en el mismo sitio, un año atrás, cuando tuvo lugar el primer foro sobre desaparición en la capital. Entonces se sabía que existían al menos dos mil 69 personas desaparecidas en la entidad, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que no se había actualizado desde abril de 2018.

Al corte del 31 de agosto (20:40 horas), según consta en la versión pública del nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) –elaborado por la presente administración federal–, se cuentan dos mil 681 personas desaparecidas y no localizadas en Puebla; 210 tan sólo en los últimos 12 meses. 

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Foto: Marcos Nucamendi

Uno de estos casos es el de Montserrat Murrieta Alberto, desaparecida el 24 de febrero en San Juan Xiutetelco, en la región de Teziutlán. Lo último que se supo de la menor, de 15 años, fue que salió de su casa un lunes a las diez de la mañana. Desde entonces, Alejandra, su madre, no ha dejado de buscarla:

“Para mí es muy difícil esto porque pasa un día, pasa otro, y no sé nada de ella. No sé si está bien o mal. Lo único que quiero es saber qué pasó, en dónde está o qué hicieron con ella”.

Pero la situación es todavía más compleja, pues desde la desaparición de Montserrat las amenazas y los intentos de extorsión no han parado. Le llaman a sus padres casi todos los días para decirles que tienen a su hija, que les depositen dinero si es que la quieren volver a ver, y que dejen de acudir a las autoridades si no quieren que también desaparezcan a su otra hija, más pequeña, y a su nieta.

La familia tuvo incluso que desplazarse a la Ciudad de México, pero ni siquiera estando allá han dejado de recibir amenazas. 

“No tiene mucho que me marcaron para decirme que la tenían en Tlaxcala, que tenía yo que ir para allá, [pero] yo no creo que la tengan porque les digo que me la pasen y no me la pasan. Ya ni aquí [en Ciudad de México] podemos estar tranquilos. Para mí esto ya no es vida”, dice Alejandra, quien recuerda a su hija como una adolescente estudiosa, alegre y risueña.

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Su carpeta de investigación se inició ante la agencia de la Fiscalía General del Estado en Teziutlán, pero para ello tuvieron que pasar dos largas semanas. La Alerta Amber, un mecanismo emergente para la búsqueda de menores desaparecidos, fue activada cuando ya habían pasado varios días, debido a que la agencia no trabaja los fines de semana. En ambos casos, los familiares y la organización Oye Claudia Ni Una Menos, que les ha brindado acompañamiento, acusan negligencia por parte de las autoridades.

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Otro caso reciente es el de Juan José Valdéz y Luis Ángel Miguel, el yerno e hijo de Emma González, respectivamente. Desaparecieron el 16 de septiembre de 2019 en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, municipio de Puebla, pero la última ubicación de la que se tiene conocimiento, por la georreferencia de sus chips telefónicos, fue en el estado de Guerrero.

Actualmente hay dos personas sospechosas por la desaparición, quienes fueron señaladas por testigos de la comunidad; sin embargo, la Fiscalía General del Estado se ha negado a realizar las diligencias correspondientes. “Nosotros sabemos que fueron los últimos con los que hablaron mi hijo y mi yerno, pero no los han ido a investigar. Ellos ya hasta se fueron del pueblo”, dice Emma.

El padre de Juan José Valdéz ya desistió en encontrarlos, pero ella asegura que continuará la búsqueda de su yerno, sobre todo porque lo esperan en casa su esposa, es decir, su hija, y un bebé que pronto cumplirá un año de haber nacido.

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Foto: Marcos Nucamendi

No obstante, los casos de desaparición de Juan José y Luis Miguel no fueron los únicos acontecidos en San Pedro Zacachimalpa. Miguel Ángel Campos Meza, de 16 años, desapareció en abril de 2014 en esta junta auxiliar.

Lo último que supo la familia del joven corredor de caballos fue que iba a cobrar un dinero que le debían en Tepeaca, pero nunca regresó a comer. Rosa, su hermana, cuenta que a Miguel Ángel lo habían amenazado de muerte, por lo que al hacer la denuncia pusieron como sospechosa a la persona que lo amenazó y a otra más con la que habló por teléfono antes de desaparecer. Los sospechosos, sin embargo, fueron liberados al poco tiempo por falta de pruebas.

Una vecina les diría que el día de su desaparición, Miguel Ángel se subió a la camioneta de unos de sus amigos. El propietario de la camioneta, dice Rosa, incluso se apresuró a venderla en cuanto lo llamaron a declarar.

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A seis años, la Fiscalía insiste en que ninguna de estas personas estuvo involucrada en la desaparición de Miguel Ángel, quien dejó a su esposa y un hijo de apenas 15 días de nacido. 

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Uno de los temas pendientes, en el ámbito legislativo, es la Ley en materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, que fue ingresada al Congreso y enviada a comisiones desde el 15 de julio. A decir de la diputada Estefanía Rodríguez, la iniciativa redactada entre la Comisión de Derechos Humanos –que preside–, la Ibero Puebla y el colectivo La Voz de los Desaparecidos, cuenta con el consenso necesario para ser aprobada durante el próximo periodo de sesiones, que iniciará el 15 de septiembre.  

María Luisa, fundadora del colectivo, reiteró que el responsable de garantizar a las víctimas de desaparición una investigación exhaustiva, es el Estado; es pues, el responsable de perseguir estos delitos y de impartir justicia a las familias poblanas, quienes este domingo se unieron a las más de 75 mil familias en todo el país que siguen buscando a sus seres queridos en medio de la pandemia.

“Ya lo decía durante [la conmemoración virtual] de los cinco años de la desaparición de Paulina Camargo: abrir una carpeta de investigación, girar oficios de escritorio, no es investigar; abrir carpetas, engordarlas con tomos y tomos, no es impartir justicia; y publicar una ficha, eso no es hacer una búsqueda”.

*Con información de Cristian Escobar Añorve