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Amira George

En mayo de 2011 el gobernador Rafael Moreno Valle decretaba a la Sierra del Tentzo, una área de 57 mil 815 hectáreas que involucra a 13 municipios, como Área Natural Protegida Estatal. En el evento, el mandatario estatal –según refiere una nota del periódico La Jornada— aseguraba que con la medida se cumplía “uno de los compromisos específicos de 100 días que anuncié en mi toma de protesta” y presumía que de tan sólo 2 mil 557 hectáreas protegidas en el sexenio pasado su gobierno ahora protegería casi 58 mil.

Aunque se trata de una protección relativamente pobre, pues sólo se destinan 40.1 pesos por hectárea mientras que estados como Tlaxcala o Guerrero destinaron entre 2011 y 2012, 5 mil 706 y 3 mil 538 pesos respectivamente.

De hecho, el estado de Puebla se encuentra entre las nueve entidades federativas que menos recursos destina para la conservación de las áreas naturales protegidas de carácter estatal.

En un análisis comparativo con datos obtenidos vía solicitudes de información que se presentaron a cada uno de los gobiernos estatales y a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, se determinó que Tlaxcala es la entidad que más recursos ha destinado para el cuidado de estas zonas de conservación, pues entre 2011 y 2012 invirtió cinco mil 706 pesos por cada hectárea de protección ambiental.

En cambio, de acuerdo a la información proporcionada por la administración de Puebla, en los dos primeros años de gobierno de Rafael Moreno Valle sólo se destinaron 40.1 pesos por hectárea decretada como Área Natural Protegida (ANP).

Sin embargo, a pesar de la bajísima inversión en la entidad, hay estados como Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca y San Luis Potosí que ni siquiera realizaron inversiones para la conservación de sus zonas protegidas.

En la respuesta proporcionada por el gobierno de Zacatecas, sólo se menciona que en 2012 pidieron a la federación 5.9 millones de pesos para el Estudio Técnico Justificativo del cerro de la Bufa y el inicio de la construcción del Centro de Educación Ambiental en el Parque Ecológico Metropolitano.

En cambio, la única inversión que reconoció el gobierno de San Luis Potosí en conservación ambiental “fue el proyecto para realizar el Ordenamiento Ecológico del ANP de Wirikuta en su fase de caracterización para lo cual se asignaron $485,000 pesos de los cuales el 10% fue aportado por el Gobierno del Estado y el 90% por el Gobierno Federal”, detalla el oficio proporcionado por la administración de dicha entidad.

El gobierno de Baja California Sur tiene 766.68 hectáreas decretadas de conservación ambiental, sin embargo en 2011 la administración estatal transfirió la responsabilidad del cuidado de éstas al ayuntamiento de Los Cabos, por lo que el ejecutivo no ha invertido un solo peso en este tema. 

Pemex pone

Los gobiernos de Veracruz y Tabasco reciben recursos para las áreas naturales por parte de la paraestatal Pemex, puesto que estas son zonas prioritarias para la explotación de petróleo en el país.

En el caso de Tabasco, la paraestatal etiquetó cinco millones 909 mil pesos para el cuidado de las ANP en los dos años en estudio; adicional a esto, el gobierno estatal recibió 2.4 millones de parte de la federación por concepto del Ramo 16 en 2011. Lo anterior implica una inversión de 277.27 pesos por cada hectárea protegida registrada en ese estado.

Las aportaciones de Pemex al gobierno de Veracruz en 2012 no estaban orientadas a el mantenimiento en general de estas zonas de conservación, sino para proyectos de infraestructura en algunos de estos, para los cuales la paraestatal etiquetó 8.3 millones de pesos.

Nuevos decretos

Por otra parte, los estados de Colima y Chihuahua no cuentan con áreas de protección ambiental cuyo decreto haya sido emitido por los gobierno locales, por lo que no cuentan con recursos etiquetados para este fin.

Tomada de wikimedia.org

En el  caso de Baja California, la administración local se encuentra en proceso de emitir el primer decreto estatal en esta materia, aunque también se encarga del cuidado del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir cuyo decreto de protección fue emitido por la federación.

Este parque nacional cuenta con una superficie de 72 mil 909 hectáreas, y para los años 2011 y 2012, el gobierno de Baja California destinó cuatro millones 266 mil 789 pesos para su cuidado; esto representa una aportación de 58.52 pesos por hectárea.

En el estado de Guerrero se tienen tres mil 487 hectáreas decretadas, aunque se está en proceso de consolidar ocho áreas protegidas que superan las 500 mil hectáreas de conservación.

Para este tema la administración guerrerense ha destinado 12 millones 337 mil 600 pesos, pero incluye tanto el cuidado y mantenimiento de las áreas existentes, como estudios en estas zonas y la elaboración de los proyectos para la consolidación de las nuevas áreas de preservación.

Un caso que vale la pena mencionar es el de Jalisco, donde se tienen 27 mil 959.41 hectáreas de áreas naturales protegidas, pero las autoridades locales solamente reconocieron la aportación de 32 mil 800 pesos para la compra de ocho mochilas con equipamiento para las brigadas de protección.

El Gobierno piensa en explotar, no en conservar

Puebla se ha caracterizado por ser un estado industrial, lo cual se ve reflejado en la baja inversión en materia ecológica, pues se piensa más en la explotación de los recursos que en su manejo, reflexionó Miguel Ángel Valera Pérez, profesor investigador del departamento de Investigaciones en Ciencias Agrícolas del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Criticó que las industrias que se han instalado en los últimos años en la zona norte de la capital poblana usan de manera excesiva el agua que se filtra desde La Malinche, sin hacer esfuerzos reales por invertir en la conservación de los suelos del volcán, lo que ha ocasionado que éstos se encuentren en condiciones de degradación graves.

Uno piensa en explotar los recursos, hacer uso de éstos para aumentar su ganancia, pero la idea de invertir para recuperarlos implica disminuir la plusvalía, puntualizó el investigador de la BUAP.

Agregó que un ejemplo de la diferencia de visiones con respecto a los recursos ambientales entre Puebla y Tlaxcala es el nombre que se le da a La Malinche.

En el territorio poblano se le llama de esta manera a la montaña que se encuentra entre ambos estados, pero en un sentido cultural el personaje que le da el nombre al volcán traicionó a los mexicanos, y no es algo de lo que nos sintamos “honrados”.

En cambio, en Tlaxcala el volcán es llamado Matlalcueyetl, que es una diosa que provee al pueblo, por lo que se tiene más arraigada la cultura de conservación, aunque esto no implica que no haya depredadores en la zona.

Una visión de explotación muy corta pues tanto la capital como otros municipios de la zona dependen del agua que se genera en la montaña.

Por otra parte, Valera Pérez reconoció que uno de los grandes problemas que se presentan en torno al tema de las áreas naturales protegidas no es la inversión de recursos, sino la poca claridad que hay en cuanto a la forma en la que se deben operar estos.

Si bien estas zonas de conservación deben de tener un plan de manejo, en el cual se detallen las acciones que deben implementarse para el cuidado de las especies de la región, éstos se encuentran enfocados hacia la “preservación”, lo cual representa que no se intervenga para dejar que la naturaleza haga lo suyo.

Esta es una visión errónea, y convierte los planes de manejo en un obstáculo más que en una herramienta para el cuidado de las zonas, porque aunque se busque que el humano no altere el proceso natural, éste ya se encuentra afectado por los índices de contaminación existentes.

Lo ideal, plantea, sería encontrar un punto intermedio, en el que los especialistas puedan tomar acciones en las áreas protegidas para ayudar a conservarlas con ayuda de los propios habitantes de la zona.

“Uno cuida más las cosas cuando siente que son suyas por lo que se podría reproducir el modelo que existe en algunos países europeos, en los cuales se les da incentivos a los campesinos que viven en las zonas protegidas para que cuiden sus tierras en lugar de establecerlas una serie de lineamientos prohibitivos”, concluyó.

En Puebla, información a medias

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En un análisis de contenido de las solicitudes proporcionadas, la de Puebla fue una de las que más deficiencias presentó, pues la mayoría de los estados informaron de manera clara el número de hectáreas protegidas y la inversión, mientras que en el caso del gobierno local la respuesta fue parcial.

Si bien en la solicitud de información se pedía la superficie de áreas decretadas por el estado, se proporcionaron datos relacionados con el parque nacional de la Malinche y la Sierra del Tentzo, la cual tiene denominación estatal.

Estas dos tienen una superficie en conjunto de 103 mil 526 hectáreas, y recibieron una inversión de 9.8 millones de pesos en los dos primeros años de la administración estatal.

Sin embargo, de acuerdo a la página de internet del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Puebla, se indica que son 60 mil 445 hectáreas decretadas por el ejecutivo estatal, considerando el Parque Estatal Flor del Bosque, Parque Ecológico Revolución Mexicana, Parque del Arte, Parque del Bicentenario, Cerro Comalo, Cerro de Amalucán, Cerro Mendocinas, Cerro Tepeyac, Cerro Totolqueme, Cerro Zapotecas y la Reserva Estatal Sierra del Tentzo.

Además, no se toma en cuenta el área natural protegida de Valsequillo, la cual tiene una superficie de 13 mil 784 hectáreas y que recibiera este nombramiento en el marco de los festejos del 150 aniversario de la batalla de Puebla.

De los 9.8 millones de pesos que notificó por medio de la solicitud de transparencia, 7.4 millones fueron para el parque nacional la Malinche, y para las áreas estatales fueron dos millones 427 mil 800 pesos.

Lo anterior implica que, de acuerdo con las cifras proporcionadas, se destinaron 40.1 pesos por hectárea en los dos años de la administración.

Mucha opacidad

Pese a que todas las solicitudes fueron presentadas hacia finales de diciembre de 2012, para marzo el Estado de México, Coahuila, Yucatán y Michoacán no habían entregado la información pedida.

Cuando se requirió la información al gobierno de Coahuila vía Infomex, se anexó un archivo en el cual se detallaban los datos que se solicitaban; sin embargo, el área de transparencia ignoró dicho documento por lo que únicamente proporcionaron detalles técnicos del área protegida el Sierra de Zapalinamé.

En el caso del Estado de México, se notificó que se tienen 677 mil 778 hectáreas protegidas, pero en vez de dar la información desglosada de la inversión destinada para el cuidado de éstas, se proporcionaron los links a los presupuestos de egresos de 2011 y 2012, en los que solamente se indican los presupuestos totales que se destinaron para la Secretaría de Medio Ambiente, pero no el desglose programático de los recursos.

Por otra parte, se solicitó la información en dos ocasiones al gobierno de Yucatán, pero nunca fue proporcionada, solamente se entregaba el oficio por medio del cual se autorizaba que se dieran los datos pedidos, pero no éstos.

El estado de Michoacán fue el único que no dio ningún tipo de respuesta; al igual que en el resto de los casos, la información se pidió desde finales de diciembre, pero su sistema de transparencia no se guarda ningún tipo de registro y se señala que la información sería mandada al correo electrónico pero ésta nunca fue emitida.

Inversión por estado