Las organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dieron a conocer su Balance anual 2012 y perspectivas sobre la garantía de Derechos de la Infancia, una población importante ya que al 2012 niñas, niños y adolescentes en México suman un total de 40.4 millones.[1]

En este sentido, presentaron un panorama general del estado que guardan los derechos de niñas, niños y adolescentes al término del sexenio de Felipe Calderón y las expectativas para la nueva administración a nivel federal. REDIM toma como base para el análisis los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: no discriminación, participación, supervivencia y desarrollo e interés superior del niño.

Tomada de diariomarca.com.mx

Estos cuatro principios, indicaron, deben ser el fundamento para la creación de un Sistema Nacional de Promoción, Protección y Garantía de Derechos de la infancia y adolescencia, sin embargo, en el caso de México este sistema nacional no existe, pese a que el Estado Mexicano ratificó la Convención hace 23 años, dejando un actuar fragmentado, mediocre y asistencialista que explica porque aún con cientos de programas no se logra cambiar la grave situación que viven millones de niñas, niños y adolescentes.

80% de las personas menores de 18 años en el país enfrentan algún tipo de carencia

53% de toda la población infantil y adolescente (20 millones) vive en pobreza

En México, niñas, niños y adolescentes no son considerados ciudadanos de pleno derecho. Se les contempla aún como personas tuteladas a quienes se les tienen que administrar sus derechos.

La exclusión social alcanza a millones de niños y niñas, pero existe la “acumulación de exclusiones”: ser niña, indígena, analfabeta, callejera, embarazada, entre otras. La discriminación se acentúa en grupos de población infantil y juvenil que están sin protección familiar o en instituciones. REDIM junto con la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras documentaron en nueve ciudades del país las prácticas de violencia, discriminación y limpieza social en contra de las poblaciones callejeras, encontrando el Distrito Federal como caso paradigmático, donde pese a la existencia de leyes avanzadas se ha institucionalizado la violación de derechos humanos en contra de niñas y niños callejeros y sus familias. En el mes de noviembre del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH citó al Estado Mexicano para responder sobre estos acontecimientos y decidió visitar el país en los próximos meses para conocer con detalle e informar sobre las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones callejeras.

Otra expresión de discriminación normalizada sucede en contra de las niñas, por su condición de género. Dentro de las problemáticas más preocupantes está el incremento de la violencia sexual, la desaparición forzada y la trata de personas, donde se carece de cifras confiables; de acuerdo con la PGR, unas 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores son obligadas a ingresar a las 47 redes de trata que existen en el país[3]. Esta grave situación creció en el sexenio que recién concluye al diversificar el crimen organizado trasnacional sus formas de financiamiento.

REDIM mencionó que sólo será con la articulación de las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil que se logrará avanzar en contra de la violencia de género y a favor de la garantía de derechos de las niñas y las adolescentes. Encuentra positivo que distintas dependencias públicas se sumaran a la campaña “Las niñas también cuentan” a la cual ya se han adherido más de 40 organizaciones, lo que ha permitido observar que los derechos de las niñas tienden a ser considerados en la agenda pública.

La cultura tutelar que impera en la sociedad mexicana y las acciones de todos los niveles de gobierno, están en contrasentido con el evidente alto nivel de desarrollo alcanzado por niñas, niños y adolescentes del mundo contemporáneo. Se quiere seguir educando a niños del nuevo siglo con métodos del siglo pasado. En torno al derecho a la participación infantil se mencionó que ejercicios tales como los “parlamentos infantiles” o “presidente municipal por un día” son prácticas donde predomina la mirada adulto céntrica y carecen de mecanismos reales para que las “decisiones de los niños” tengan carácter vinculante, por lo que se reducen a consultas simbólicas. REDIM manifestó la importancia de estimular la construcción de ciudadanía infantil a través de ejercicios de Auditorías de Derechos con metodologías que permita la participación real de niñas y niños en las decisiones que les afectan.

Niños Poblanos Foto: Lado B

Durante el proceso electoral pasado, el Instituto Federal Electoral organizó nuevamente la Consulta Infantil y juvenil 2012. Sin embargo, no se atendió la recomendación expresa de REDIM para replantear la consulta ya que sus resultados no son vinculantes con las políticas públicas para garantizar los derechos de la infancia. Por ejemplo, frente al 11.1% las niñas y los niños de 5 a 9 años que respondieron afirmativamente a la pregunta “Yo siento que en mi casa tocan mi cuerpo y me dicen que no lo cuente” (existencia de abuso sexual) no existe ningún mecanismo institucional para atender esta violencia sexual en niñas y niños consultados.

Para REDIM es imposible pensar en mejorar la calidad democrática del país sin fortalecer la participación ciudadana desde la infancia. México está obligado a desarrollar mecanismos claros de participación infantil pública y familiar para que niñas y niños decidan sobre los temas que les afectan.

Los datos oficiales muestran que para un amplio segmento de la población es cada día  más difícil sobrevivir y desarrollarse. REDIM consideró especialmente preocupante el incremento de la violencia en el sexenio que terminó, y que se vio reflejada en el incremento de la tasa de mortalidad por homicidio de 0 a 17 años, alcanzando un importante incremento de 2000 a 2010, pasando de las 1.7 a las 3.6 muertes por cada 100 mil habitantes, esto significa un incremento de 210% y representó 1406 homicidios de niños y niñas tan sólo en 2010 [4]. El segmento de población más afectado son las y los adolescentes, donde México pierde diariamente la oportunidad de capitalizar el llamado “bono demográfico”. REDIM se cuestiona ¿Qué se puede pensar de un país que deja en impunidad la violencia y el asesinato de sus niños?

Ante estas alarmantes cifras, la REDIM lanzó en 2011 la campaña Infancia sin Violencia, que toma como referencia tres manifestaciones: violencia armada, castigo corporal y violencia sexual, a la cual se han adherido más de treinta organizaciones.

Otros datos hacen urgente tomar medidas que garanticen plenamente los derechos de niñas y niños, tales como el incremento del embarazo adolescente entre 15 a 17 años, la tasa de maternidad llegó a 5.6%, esto es al menos 1 de cada 20 adolescentes. El indicador en 2010 ha sido el más alto desde el año 2000.

En materia de Educación un dato que refleja los pocos avances en la materia es que 3 de cada 10 adolescentes de 16 años de edad no cuentan con la secundaria terminada.[4] En salud, resulta preocupante la elevada tasa de mortalidad por suicidio en la población adolescente de 15 a 17 años del 2010 al 2011 el indicador pasó de las 5.5 a las 6.9 muertes por cada 100 mil habitantes, esto es un aumento del 25% en un año[5].

En cuanto a infancia migrante en 2011, se registraron 15,524 niñas y niños repatriados desde EE.UU., de los cuales 904 eran menores de 12 años y al menos 246 viajaban solos, hasta la fecha no se han tomado medidas que garanticen los derechos de estas niñas y niños.

Un acontecimiento positivo fue la incorporación del interés superior del niño se en el Art. 4o Constitucional y la modificación al Art. 73 porque sientan las bases para desarrollar un nuevo marco normativo para promover y garantizar los derechos de la infancia. REDIM destacó la sensibilidad del Congreso de la Unión para atender el llamado a crear la Comisión de los Derechos de la Niñez, lo que permitirá avanzar en el debate en torno a una Ley General para la Garantía de los Derechos de la Infancia y la designación de presupuesto para que los Estados de la República continúen con los diagnósticos sobre la situación de la infancia.

Finalmente, REDIM ha señalado en diversas ocasiones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha urgido al Estado Mexicano a crear un Sistema Integral de Protección a los Derechos de la Infancia, entendido como la existencia de un órgano articulador de alto nivel para el desarrollo de políticas públicas, programas y acciones que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en México así como la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Infancia, desagregado por grupos de edad y sexo, con indicadores para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño. Este es el mayor desafío que enfrenta el nuevo gobierno federal, es decir, avanzar en la garantía de derechos de la infancia alejándose de la cultura tutelar-asistencial y creando una nueva institucionalidad donde niñas, niños y adolescentes sean participantes activos de este cambio.

REDIM recordó que, en su momento el candidato, Enrique Peña Nieto decidió adherirse a la campaña “10 por la infancia” impulsada por UNICEF y REDIM que define diez puntos estratégicos para la defensa de los derechos de la niñez. #10xinfancia busca general un gran consenso nacional para que el Estado Mexicano y sus instituciones, los congresos locales y federal avancen en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) Confían que en breve se retomen los diálogos y propuestas realizadas en el proceso de transición, esperando que el gobierno federal emprenda un importante liderazgo para cambiar la grave situación que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes a través de la protección de sus derechos humanos.