Brasil. Antes de las cinco de la mañana del 14 de octubre, más de mil hombres ocuparon las comunidades de Manguinhos y Jacarezinho, dos complejos de favelas de Río de Janeiro, donde viven cerca de 36 y 38 mil personas, respectivamente. Un ostensible aparato militar se desplegó. La policía civil, militar, de carreteras federales, fusileros navales, marines, Batallones de Policía de Operaciones Especiales (BOPE), granaderos, Batallones de Acción con Canes y el Agrupamiento Aéreo Marítimo, se desplegaron en cerca de 20 minutos en toda el área.
Tomada de desinformemonos,org
De acuerdo con la estimación de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro, en operaciones que antecedieron a esta ocupación, fueron detenidos 33 sospechosos, confiscaron algunas armas y cinco presuntos jefes del narcotráfico fueron asesinados por la policía. El día 14, sin embargo, los únicos datos que aparecieron como resultado de la ocupación fueron que 104 usuarios de crack habían sido hospitalizados contra su voluntad en clínicas no identificadas.
¿La justificación del gobierno para tal operación? Por irónico que parezca, llevar la “paz”. Éste ha sido un procedimiento estándar en las favelas de Río desde antes de la instalación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), en que funcionan desde 2008 y que ya han sido asentadas en 28 comunidades.
Desinformémonos presenta dos puntos de vista sobre el debate que existe en torno a la política de las UPP. Uno es el de Marcelo Francisco da Silva, habitante de la favela de la Maré, una de las más grandes de Río de Janeiro y la cual se encuentra en la lista de las comunidades que serán “pacificadas”. El otro es de la Red de Comunidades y Movimiento Contra la Violencia, formada por familiares de las víctimas de la violencia policial, que opera en muchas comunidades donde las UPP se instalaron.
EL PEPO
