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Lado B

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El 19 de octubre de 2001, el cadáver de Digna Ochoa y Plácido fue encontrado en su despacho de la calle Zacatecas 31-A, en la colonia Roma, por uno de los abogados auxiliares del despacho, Gerardo González. El cuerpo presentaba disparos de arma de fuego en la cabeza y las piernas. A su lado se encontró una amenaza de muerte por escrito, en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Al conocerse la noticia, la indignación de diferentes organizaciones de derechos humanos comenzó a incrementarse, debido a que la defensora de Derechos Humanos defendía algunos casos de campesinos presos de la Sierra de Guerrero.

Sin embargo, la indignación se incrementó aún más debido a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal guardó total hermetismo sobre el caso, así como dio a conocer que se había tratado de un suicidio de la defensora.

“El informe de la autopsia indicaba que en su cuerpo había dos heridas de bala de calibre 22. Su muerte fue causada por un disparo en la cabeza. La herida de la entrada estaba en el lado izquierdo. Según el informe del forense, la bala atravesó el cráneo de izquierda a derecha con un ligero ángulo de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. La bala se quedó incrustada en el temporal derecho. Ochoa era diestra. La otra bala le entró por el muslo por delante hasta la parte posterior”, dio a conocer Sin Embargo.

Ante estos hechos, en 2005 se reabrió la investigación a petición de sus familiares, ya que resultaba poco creíble que se tratara de un suicidio. “Algunas indagaciones indican que tras el presunto asesinato de Digna Ochoa se encontraban caciques y militares afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía. El 15 de marzo de 2007, en la Sierra de Petatlán, Guerrero, un campesino da a conocer información que señalaba al ganadero y ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada”, señaló este medio.

A pesar de este hecho, en 2010 la Procuraduría General de Justicia del DF concluyó que la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, no fue asesinada sino que ella misma se quitó la vida.

Han trascurrido 11 años y aunque las autoridades del Gobierno del Distrito Federal han reiterado  que la defensora «se suicidó de tres balazos y cerraron el caso en julio de 2011», activistas reiteraron que el crimen está impune y ha dado pie a casos similares.

Ésa es la conclusión de organizaciones como Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acudddeh), Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Durante el encuentro “Los retos de la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, organizado para conmemorar a Digna Ochoa, asesinada en su oficina en esta ciudad el 19 de octubre de 2001, las y los defensores aseguraron que la situación se agravó.

Si bien la muerte de la abogada fue un caso paradigmático, actualmente hay muchos casos de mujeres defensoras que han sido asesinadas sin que hasta el momento se haya castigado a los responsables, sostuvo Orfe Castillo, integrante de JASS.

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