Un análisis hecho por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia revela que los elementos de diagnóstico en los cuatro documentos de los candidatos presidenciables son generales y más bien pobres, lo que resulta inadmisible en el tema de mayor preocupación ciudadana, como la seguridad y la justicia

Fotografía de Pedro Valtierra

Redacción

Dadas las condiciones de seguridad y justicia que vive el país en los últimos años, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) consideró necesario evaluar las propuestas de los cuatro candidatos presidenciables, con la intención de “ofrecer a la ciudadana una herramienta que le permita conocer las propuestas que se formulan” en relación a estos temas y “ayudar en la conformación de una opinión informada y una idea clara, con elementos críticos, de la viabilidad y pertinencia de dichas propuestas”.

El proceso constará de tres momentos: el primero es un análisis de los contenidos de las plataformas políticas que cada uno de los partidos y coaliciones registraron ante el Instituto Federal Electoral (IFE); luego, a lo largo de las campañas, dará seguimiento a cada candidato y candidata para dar cuenta de sus propuestas, observando la evolución y precisión que alcancen sus planteamientos; para lo que realizarán dos evaluaciones más, la segunda a mitad de las campanas y la tercera poco antes de su finalización.

Entre las conclusiones del primer análisis están las siguientes:

• Los elementos de diagnóstico en los cuatro documentos son generales y más bien pobres, lo que resulta inadmisible en el tema de mayor preocupación ciudadana, como la seguridad y la justicia.
• En este mismo apartado hay omisiones relevantes, no se menciona lo relacionado con ejecuciones extrajudiciales, secuestros y atentados contra migrantes.
• Del mismo modo, no existen referencias sobre el grave problema social de centenares de desapariciones de personas, que han implicado la movilización de igual cantidad de familias que dedica su tiempo a su búsqueda, con resultados infructuosos. Las familias de las personas desaparecidas precisan de atenciones emergentes y urgentes, pues el sistema jurídico nacional no contempla la eventualidad de una persona desaparecida, por lo que los cobros de impuestos, créditos y muchas obligaciones siguen corriendo, a cargo de la familia que debe esforzarse por la búsqueda -que el Estado no hace- y al mismo tiempo asumir las responsabilidades de la persona desaparecida.
• Las cuatro plataformas electorales de los partidos y coaliciones se quedan en planteamientos generales y carecen de precisión en la manera concreta de alcanzar lo postulado. Son en realidad documentos que expresan intenciones, pero no programas de acción política; que es lo que se esperaría de quienes aspiran gobernar el país.
• En algunos puntos hacen propuestas que son similares y no es posible saber si alguna puede resultar de mejor calidad al carecer de las políticas que las podrían concretar. Por ello es esencial que los candidatos y la candidata señalen como llevar a cabo cada una de sus propuestas o planteamientos.
• En un tema que ha sido central en el combate a la delincuencia organizada que es el uso de las Fuerzas Armadas para labores policiacas, solo la Coalición Progresista plantea el retiro de las mismas de esta tarea. Vale aquí mencionar que la omisión importa porque esta medida ha sido usada por los gobiernos desde 1996 y es necesario que lo que se ha determinado como una “medida provisional”, lo sea efectivamente. El PAN puntea que su participación será temporal, pero este señalamiento se contradice con todas sus propuestas.
• Ninguna de las propuestas hace alusión al tema del fuero militar, asunto en el que México tiene el pendiente de cumplir con varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• En el tema del Arraigo, solo la Coalición Progresista hace una mención a su revisión, las demás candidaturas omiten mencionar este tema que ha sido objeto de innumerables recomendaciones por parte de mecanismos de derechos humanos exigiendo su eliminación.
• Tres de los documentos se refieren al tema de impartición de justicia, pero sin asumir de forma clara y a cabalidad la reforma constitucional del 2008 en la materia y por tanto no ofrecen una propuesta de cómo transformar el sistema de justicia, que incluya policías de investigación, Ministerios Públicos objetivos e imparciales y un sistema penitenciario que realmente funcione para reinsertar socialmente a las personas.
• No refieren mención alguna a la manera en que se abordará el tema de las personas ejecutadas, de sus familias, de la situación de orfandad de un número importante de, niñas, niños y adolescentes, ni de la cobertura de sus necesidades más apremiantes.
• Finalmente, ninguna de las propuestas desarrolla su discurso con una perspectiva de derechos humanos, sino de seguridad pública, partiendo de una perspectiva de protección del Estado y de sus instituciones, o de fortalecer a las policías y al Ministerio Público. Únicamente la Coalición Movimiento Progresista hace una diferencia al respecto: procurar que la policía esté orientada a la sociedad, antes que al Estado. Nadie parte de los compromisos de México en derechos humanos y -menos aún- se enlazan estas con las reformas constitucionales, en lo penal, derechos humanos y amparo.

Para el IMDHD, luego de los hechos ocurridos en el gobierno del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad y justicia, “es una obligación ineludible que los candidatos y la candidata presenten a la sociedad de forma precisa y pormenorizada lo que sería la estrategia de seguridad y justicia”.

Descarga aquí la primera evaluación.

Información: Cencos.