• Debido a la falta de seguridad de las autoridades, los defensores de derechos humanos continúan sin  protección por su trabajo

Foto: Joel Merino.

Lado B

Pese a que es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Solalinde continúa siendo sujeto a amenazas por parte del crimen organizado, aunado a la falta de seguridad de las autoridades mexicanas.

Y es que no sólo forman parte las amenazas del crimen organizado los hechos que han marcado el trabajo que ha realizado con grupos de inmigrantes, cabe recordar que en su paso por la entidad, en la caravana “Paso a Paso Hacia la Paz” que llevaron a cabo organizaciones en defensa de los derechos humanos de estos grupos vulnerables, fueron retenidos por la Policía Municipal del estado “el padre Alejandro Solalinde y sus tres escoltas”, en un operativo montado por las autoridades de la Angelópolis en julio de 2011.

En aquella ocasión la acompañante de Solalinde en la Caravana y directora de Comunicación Social del DIF Oaxaca, Verónica Villalvazo, dio a concoer que  “nos dijo mil disculpas, dice el secretario que se le traspapeló el aviso de que nosotros veníamos“, al salir de las instalaciones de la Dirección de la Policía Municipal de Puebla.

Foto: Xavier Rosas.

AI pide reforzar medidas de protección a Solalinde

Ante la falta de seguridad que existe en el país y el incremento en la violencia que ha generado el desplazamiento interno de 160 mil personas, dado a conocer este jueves por ACNUR, Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno federal «el reforzamiento de las medidas de protección para el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, luego de volver a recibir amenazas de muerte por su trabajo en defensa de los migrantes».

El pasado 17 de abril la agencia Apro dio a conocer en una entrevista que “hay un sicario pagado” para asesinar al religioso y, detrás de esa acción, estarían personas vinculadas al crimen organizado que buscan frenar la labor de Solalinde.

Asimismo, Proceso informó que “las amenazas contra el sacerdote ocurrieron el 1 y el 15 de marzo; la primera de ellas, luego de que Solalinde desactivó una intentona por incriminar a migrantes en un asesinato y mientras recibía en su albergue a unos mil 500 indocumentados”.

Por ello AI  pidió que se “tomen medidas urgentes para prevenir ataques a migrantes y a quienes les defienden, especialmente que se garantice la seguridad de quienes se encuentran en el albergue de Ixtepec”, así como iniciar “una investigación completa, rápida e imparcial sobre el asesinato que tuvo lugar el 31 de marzo en Ixtepec, y que los resultados sean públicos y, quienes resulten responsables, rindan cuentas ante la justicia”.

Habrá que esperar que no se repita la historia de la semana pasada, en la que el empresario de Ciudad Juárez, Eligio Ibarra Amador, fue asesinado y del que las autoridades han señalado que harán todo lo posible para esclarecer el hecho; debido a la poca seguridad con la que cuentan los ciudadanos, así como los defensores de Derechos Humanos en México, como dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de marzo, en un informe que revela que tan sólo de 2006 a 2010 fueron asesinados en el país  61 defensores de los derechos humanos y hubo además un gran número de agresiones y amenazas a ese grupo.