Marga Britto / Tijuana Blues

@MargaBritto

El 15 de agosto de 2011, fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos el reporte «U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond».

El documento de poco menos de cincuenta páginas, elaborado por la especialista en Asuntos Latinoamericanos, Clare Ribando Seelke y la analista en Seguridad Interna, Kritin M. Finklea, de la Federación de Científicos Americanos (FAS, por sus siglas en inglés), es una radiografía puntual que arroja mucha luz sobre la Iniciativa Mérida y los acontecimientos que se han generado desde su inicio hasta el año 2011 (incluyendo el fiasco de la operación Fast and Furious), pero sobre todo describe detalladamente las anemias de este acuerdo de colaboración binacional. Por cuestiones de espacio no es posible comentar todos los puntos incluidos en el reporte, sin embargo pueden consultar el reporte completo en el siguiente enlace: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf

Antecedentes y primer anemia

Bajo este acuerdo el gobierno mexicano se comprometió a «intensificar sus esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales», mientras que Estados Unidos acordó «tomar medidas contra el consumo interno y el tráfico ilícito de armas de fuego y dinero en efectivo de los cárteles de la droga hacia México».

Entre los años 2008 y 2010, el Congreso Estadunidense asignó 1.5 billones de dólares para el financiamiento de programas relacionados con la Iniciativa Mérida. Durante el mismo periodo, México invirtió unos 26 billones de dólares de recursos propios en Seguridad Pública. Este es un dato importante, porque aunque los mexicanos sabemos de sobra que la mal-llamada «Guerra contra el Narcotráfico» de Calderón ha costado más de 50 mil vidas, lo que sigue sin quedar claro es su costo en pesos y centavos.

Otro dato importante que aporta una cifra adicional al Balance Económico de este periodo es el estimado de JP Morgan de 4 billones de dólares que ha dejado de percibir México por concepto de inversión extranjera directa, a consecuencia de la violencia de los cárteles de las drogas, tan solo en el año fiscal 2010.

En Marzo de 2010 las administraciones de Obama y Calderón anunciaron en conjunto el lanzamiento de la Iniciativa «Beyond Mérida», en la cual Estados Unidos asumiría una participación más directa en el diseño de las estrategias y medición de resultados, dejando a atrás su cómoda postura de exportador de equipo, armamento y tecnología.

Sin embargo, según el reporte de FAS, la medición de resultados representa un problema nada sencillo de resolver, porque hasta la fecha de publicación del reporte no había consenso ni claridad entre ambos socios estratégicos sobre los criterios para medir los resultados de estos programas.

Entonces, ¿cómo definir el grado de éxito de la Iniciativa?: ¿por el número de agentes en concluir exitosamente su capacitación?, ¿por el inventario de equipo militar y de comunicaciones puesto en funcionamiento?, ¿por el número de delincuentes consignados o el correspondiente a las sentencias condenatorias obtenidas por la Procuraduría o por la cantidad de extradiciones?, ¿por el valor de droga decomisada o por el declive en la producción y tráfico?

De acuerdo con estimados del gobierno de Estados Unidos, el cultivo de amapola y mariguana en la zona rural de México se ha expandido considerablemente. En 2009, la producción de mariguana se incrementó un 45% respecto al año anterior (17,400 hectáreas, 2009), representando la cifra más alta desde 1992. De igual manera, la producción de opio fue un 31% mayor al año anterior (19,000 hectáreas, 2009). Y para rematar, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por imponer restricciones a la importación de precursores químicos, la producción de meta-anfetaminas en laboratorios clandestinos se ha disparado.

El reporte apunta a dos situaciones subsidiarias de lo anterior y que han sido mencionadas incansablemente por expertos en estos temas:

1) A pesar de la tendencia incremental en la producción de estupefacientes, la Iniciativa Mérida no ha incluido en sus prioridades ningún programa de Cultivo Alternativo que estimule la migración de la mano de obra rural hacia otras opciones de subsistencia.

2) Que la incorporación de militares a la lucha contra el narcotráfico en las calles ha derivado en la falta de recursos humanos para la erradicación de plantíos de mariguana y amapola en la sierra.

Derechos Humanos

En distintos momentos se ha expresado preocupación por la falta de avance en el tema de derechos humanos en México. No obstante la ley de Apropiaciones Suplementarias de 1961 (P.L. 110-252) con la cual se ha obtenido la primer remesa de apoyo económico de la Iniciativa Mérida, contiene lineamientos específicos a los cuales debe sujetarse cualquier país que busque recibir apoyo económico. Aunque en el caso de México y en pro de proteger su soberanía, se han tenido que flexibilizar esas condiciones, como la que establece la retención del 15% del INCLE (*) y el FMF (**) hasta no obtener un reporte satisfactorio por parte de la Secretaría de Estado que presente evidencia de que México ha tomado medidas en las siguientes cuatro áreas de Derechos Humanos:

1. Transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas policiacas federales.

2. Implementar mecanismos de consulta con autoridades, organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil para garantizar que la Iniciativa se implemente de acuerdo a las leyes mexicanas e internacionales.

3. Asegurarse de que las fiscalías y las autoridades judiciales del país cumplan con su deber de investigar y procesar a los miembros de las policías federales y del ejército sobre quienes existan denuncias de violación de derechos humanos, asimismo asegurarse que tanto la policía federal como el ejército cooperen totalmente con las investigaciones; y

4. Prohibir el uso de testimonios obtenidos a través de tortura o maltrato.

Esto no quiere decir que Calderón ha recibido los fondos gratuitamente y es un hecho que se ha visto obligado a realizar acciones que, aunque sin resultados efectivos, por lo menos en papel cumplen los requisitos impuestos por la Iniciativa; por ejemplo su «disposición» a reunirse con asociaciones civiles, víctimas de la guerra y grupos indígenas, o el envío al Congreso mexicano de la reforma que impone la jurisdicción civil al Código de Justicia Militar en casos donde se acuse a soldados de desapariciones forzadas, violación y tortura, aunque desde Octubre de 2010 la reforma continúa en algún escritorio.

El futuro de la Iniciativa Mérida

Una gran incógnita es ¿qué sucederá con la Iniciativa Mérida tras las elecciones del 2012?

Tanto el Departamento de Defensa como el de Seguridad Nacional (Homeland Security), han afirmado que «los cárteles mexicanos de la droga representan la mayor amenaza de delincuencia organizada para los Estados Unidos», y está bastante claro que una de las pocas prioridades en las que este país obtiene un consenso entre demócratas y republicanos es precisamente en el imperativo de evitar que la violencia de los cárteles mexicanos permee el territorio nacional estadunidense; sin embargo en México ninguno de los candidatos ha expresado con claridad cuál será su estrategia para combatir al narcotráfico.

Por lo pronto, el reporte de FAS recoge una serie de recomendaciones con las que por un lado, Calderón (o su sucesor) podría modificar su estrategia de seguridad y por otro, Estados Unidos podría cumplir efectivamente con su compromiso de reducir la demanda interna de estupefacientes, el tráfico de armas y el transporte ilegal de efectivo proveniente del trasiego de drogas.

Las recomendaciones incluyen: (1) Ver a los cárteles como negocios y enfocar esfuerzos para combatir el lavado de dinero y tráfico de efectivo; (2) Mejor inteligencia y mayor colaboración bilateral en operaciones específicas contra los cárteles; (3) Combatir «todas» las actividades de estas organizaciones criminales incluyendo tráfico de personas y secuestros; (4) Mayor apoyo para solucionar los problemas de fondo en México: pobreza, inequidad, desempleo, entre otros.

(*) INCLE: International Narcotics Control and Law Enforcement

(**) FMF: Foreign Military Financing

Este artículo fue originalmente publicado en aollatino.com.

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