• Delitos como secuestro, robo y violación sexual se han incrementado, al igual que los homicidios dolosos

Josué Mota

@motajosue

Durante el primer año de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, la seguridad pública ha sido uno de los puntos más débiles y que más perjudica a la sociedad. Las denuncias por delitos como secuestro, robo y violación sexual se han incrementado y los homicidios dolosos han ido a la alza, mientras   el responsable de esta área, Ardelio Vargas Fosado, ha sido señalado por activistas y académicos de preocuparse más por reprimir manifestaciones que por combatir la delincuencia, por lo que algunos han sugerido que debe abandonar la administración estatal.

Vargas Fosado ya acumuló en 12 meses dos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y el presidente de éste organismo ha sido señalado de ser tibio y no actuar correctamente frente a las violaciones a las garantías individuales. Por si esto fuera poco, la Procuraduría General de Justicia no ha sido capaz de resolver asesinatos como el de la estudiante Thalía Martínez, o los de mujeres que fueron asesinadas dentro de sus casas.

Foto: EstoEsFoto(EEF).

Las cifras

Para ponerle números a la situación de inseguridad pública que se vive en el estado, están los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los reportes del número de denuncias por delito: en el periodo de febrero a noviembre de 2010 se denunciaron 21 mil 289 robos; en el mismo periodo de este año, durante la administración de Moreno Valle Rosas, se denunciaron 29 mil 289 robos, lo que representa un incremento del 40 por ciento en el número de casos reportados a las autoridades ministeriales.

Uno de los delitos que más lesiona a una sociedad es el secuestro por sus graves implicaciones para la víctimas y  su familia; en este rubro la denuncias se duplicaron, ya que en el periodo mencionado del 2010 se reportaron 24 casos, y en el mismo periodo de 2011 se reportaron 50, lo que significa un incremento del 108 por ciento.

De acuerdo con datos oficiales, en periodo especificado durante 2010, se denunciaron 496 violaciones sexuales; en 2011, 692, lo que representa un incremento del 40 por ciento. Frente a estas cifras, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, ha declarado a reporteros que el incremento se debe a que los poblanos tienen ahora más confianza para denunciar, pero no ofrece pruebas de que exista un cambio en la cultura de la denuncia a tan sólo un año del cambio de gobierno.

El argumento se desvanece con el número de homicidios dolosos, cuyas cifras no están sujetas a denuncias ciudadanas: en el periodo de febrero a noviembre de 2010 se reportaron 356 asesinatos; en el mismo periodo del 2011 ocurrieron 528 homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 48 por ciento.

Foto: EstoEsFoto (EEF).

Homicidios sin resolver

Frente al incremento en el número de homicidios dolosos, ni el titular la Secretaría de Seguridad Pública, ni el de la Procuraduría General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, han tomado medidas que ayuden a resolver los crímenes. Para ejemplificar esta situación está el caso de la estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Thalía Martínez Ramírez, quien fue asesinada en julio de 2011, y después de 11 meses, el o los responsables no han sido capturados.

A inicios de septiembre una madre de familia, María de Lourdes Espano Pasen, de 36 años de edad, fue estrangulada en su casa, ubicada en la colonia La Paz. Días antes, un par de mujeres habían sido asesinadas también en en el interior de su domicilio  en la misma colonia. Los responsables tampoco han sido detenidos y la misma situación impera en otros homicidios.

Foto: Cortesía.

Arraigos

Ardelio Vargas Fosado y Víctor Carrancá Bourget han actuado conjuntamente para utilizar de forma reiterada una figura que, si bien es legal, es cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: el arraigo, y lo que llama más la atención es que en los arraigos que se hicieron había  denuncias constantes: la detención ilegal y el intento de fabricación de delitos.

Así ocurrió en el caso de dos hombres que fueron detenidos por la Policía Estatal y a los que intentaron involucrar en los homicidios ocurridos en la colonia La Paz, pero tras 30 días de arraigo fueron liberadas porque no se le encontró vinculación con los crímenes, y la familia de uno de los detenidos denunció que su familiar había sido torturado.

También se presentó el caso de José Alberto Jaquim Kauffmann, cuyos familiares narraron una presunta detención ilegal y el intento de fabricarle delitos, pero en este caso el hombre sí fue consignado por el delito de robo. Sin embargo, la detención ilegal nunca fue aclarada.

Foto: EstoEsFoto(EEF).

Represiones

En julio del año pasado, Lado B dio a conocer que en tan sólo cinco meses, Ardelio Vargas Fosado ya había orquestado seis represiones contra manifestantes y desde entonces era notorio que su estrategia de combate a la delincuencia no estaba dando resultados, pero las agresiones contra la ciudadanía ya eran una constante.

Así, el cuerpo de granaderos dirigido por Vargas Fosado fue utilizado contra pobladores de Tepeyahualco, Santiago Miahuatlán, Chachapa, Atlixco, los comerciantes de la 46 Poniente, y de La Fayuca, luego se sumaron otras represiones contra pobladores de Chignahuapan, entre otras.

Frente a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos, Vargas Fosado utiliza una respuesta que parece tener bien aprendida: “asumiré las consecuencias”; sin embargo, las consecuencias no lo han alcanzado.

Foto: EstoEsFoto (EEF).

¿Y los derechos humanos?

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación a Vargas Fosado por las violaciones que policías, bajo su mando, cometieron al agredir a pobladores de Chignahuapan. Dicha recomendación sólo pide al secretario de Seguridad Pública que la dependencia a su cargo pague la atención médica de quienes resultaron lesionados, así como pide una investigación y llama a que los uniformados reciban cursos sobre derechos humanos, pero no entraña ninguna “consecuencia” directa para el funcionario.

Por ello, abogados como Germán Molina Carrillo consideran que el presidente del organismo, Adolfo López Badillo, ha tenido una actuación “tibia y mediocre” frente a las violaciones de derechos humanos que han cometido los policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, el catedrático ha señalado que  quienes integran la Comisión carecen de experiencia para defender integralmente las garantías individuales de los ciudadanos.

Y es que esa recomendación ni siquiera consideró las grabaciones de audio en las que Vargas Fosado ordena que no se les devuelva el equipo de trabajo que agentes a su cargo arrebataron a reporteros que cubrían el desalojo de pobladores en Chignahuapan, esto pese a que el funcionario reconoció haber dado esa órdenes y argumentó: “cuando estoy operando tengo que cuidar la integridad de mi gente, y bueno, pos si no se identifican y si no sé quiénes son, pos con la pena maestro, yo estoy operando y tengo que cuidar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando; o sea, yo no, si tú no traes una identificación donde te encuentre en una operación pos , digo, y si me estás agrediendo, seguramente buscaré la manera de tener un control”.