• El diputado federal panista, Agustín Castilla, solicitó a la CNDH que actualice la recomendación 16/2009 en la que considera que  Mario Marín violó las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho en 2005

• El legislador emitió este posicionamiento en alusión a los recursos legales que pesan sobre los ex funcionarios marinistas, Alfredo Arango García y Javier García Ramírez

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Foto: Especial

La divulgación de las acciones penales que emprendió el gobierno del estado contra ex funcionarios marinistas motivó que la Cámara de Diputados retomara el caso Cacho-Marín.

Durante sesión de la Comisión Permanente, el legislador federal emanado de Acción Nacional, Agustín Castilla Marroquín, solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que actualice la recomendación 16/2009 en la que considera que el ex gobernador, Mario Marín Torres, violó las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro al ser aprehendida en el estado de Quintana Roo en 2005; a consecuencia de ello el organismo pidió al ex mandatario la reparación del daño.

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opinó que el ex gobernador no podría ser sometido a escrutinio jurídico, la CNDH dictaminó que sí hubo trasgresión contra la periodista por lo que emitió una recomendación que a la fecha no ha surtido efecto.

A decir del panista, Marín Torres no ha reparado el daño causado a Cacho Ribeiro, tampoco se han implementado programas para prevenir la tortura y promover el respeto de las garantías fundamentales, así como a la libertad de expresión.

“Las denuncias por pederastia eran ciertas, ya hay procesados. Sin embargo, ¿dónde está Mario Marín? (…). El nombre de Mario Marín está indisolublemente asociado a la corrupción, a la intimidación y a la pederastia, y su administración está indisolublemente vinculada al desvío de recursos, a las redes de protección y compadrazgo, a la política de los amigos que remite si acaso a pensar en un guión para película de mafias políticas que no estaría mal que rescatara algún día el cine mexicano”, puntualizó en tribuna el diputado panista.

Además, pidió a la Comisión Permanente que también exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) a “fortalecer las investigaciones” en contra de los ex funcionarios del gobierno marinista.

Castilla Marroquín emitió este posicionamiento en alusión a los recursos legales que pesan sobre el ex secretario de Salud, así como del ex titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Alfredo Arango García y Javier García Ramírez, respectivamente.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Foto: Joel Merino.

Podrían diputados locales reabrir cuentas marinistas

Mientras tanto, en Puebla los diputados locales analizarán la viabilidad de reabrir las cuentas del ex gobernador, Mario Marín Torres, pero después de que concluyan los asuntos pendientes con el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), anunció el presidente de la Comisión Inspectora del Congreso, Mario Riestra Piña.

Después de darse a conocer que las autoridades liberaron una orden de aprehensión en contra del ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez, el también coordinador de los diputados del PAN aseveró que aunque las cuentas de Marín Torres hayan sido aprobadas, los ejercicios fiscales de los miembros del gabinete pueden evaluarse de nueva cuenta si es que hay indicios de irregularidades.

“Yo creo que si fuera necesario no tendría ningún inconveniente, pero además hay que decir que este procedimiento, este paso, de ninguna manera es condición indispensable para proceder en contra de cualquier funcionario”.

La Comisión Inspectora y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) estudiarán la factibilidad de abrir los ejercicios fiscales hasta que concluyan el trabajo pendiente. Según Riestra Piña el rezago es de 153 cuentas públicas.