• Cuando se solicitó a la PGJ y a la SSP que informaran sobre el número de elementos que cuidan al ex gobernador sólo la primera respondió: eran 7 y costaban 2 millones 261 mil 686 pesos

• La SSP reservó la información; meses después y por órdenes de la CAIP tuvo que revelar que de esa dependencia eran 13 agentes y costaban 3 millones 148 mil 276 pesos y 27 centavos

• En total son 20 personas las que cuidan a Marín Torres por un costo anual de 5.4 millones de pesos; y lo harán hasta febrero de 2015, y hasta más si así lo solicita el ex mandatario

Foto: Joel Merino.

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A un año de haber dejado el poder, el ex gobernador del estado Mario Marín Torres aún cuesta al erario 5.4 millones de pesos anuales, producto de la seguridad personal que la administración de Rafael Moreno Valle le otorga gracias a un decreto que el priísta firmó antes de irse, y que fue conocido y aprobado por el panista en su calidad de gobernador electo.

Con el recurso que se destinó a pagar la escolta de 20 hombres que acompaña al oriundo de Nativitas se podría apoyar a otras 5 mil 400 mujeres con el programa “Crédito a la palabra”, uno de los que más ha promocionado Moreno Valle en su primer informe de gobierno.

O se podrían haber comprado mil 500 computadoras más, adicionales a las 11 mil 500 que se  entregaron a los alumnos con los mejores promedios; o apoyar por un año a 900 personas a través del programa 70 y más, o comprar 57 mototractores más, otro de los programas multi-presumidos por el gobernador Rafael Moreno Valle, o pagar el salario mínimo de 265 trabajadores durante todo el 2011.

Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que establece los Lineamientos para la Asignación del Servicio de Seguridad Personal para Ex Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Puebla.

“Los dos gobernadores estuvieron de acuerdo”

El 10 de diciembre de 2010, 40 días antes de dejar el poder, Mario Marín Torres firmaba el “acuerdo que establece los lineamientos para la asignación del servicio de seguridad pública para ex servidores públicos del gobierno del estado”.

El documento representaba el fin de una negociación de dos meses entre el equipo de transición que comandaba Fernando Manzanilla y el entonces secretario de Gobernación, Valentín Meneses.

Entrevistado en julio pasado, Meneses Rojas explicó que se tomó como modelo un acuerdo similar que se tiene en la ciudad de México, y que se comenzó a trabajar en él entre los meses de octubre y noviembre de 2010.

“Se hizo así –explicó– por ellos (la actual administración), querían manejarlo todo con mucha transparencia, no querían repetir lo que pasaba en administraciones anteriores en las que al gobernador se le comisionaba a personal de seguridad de manera discrecional. Trabajamos en ese decreto y lo pusimos a consideración de ambos gobernadores, y estuvieron de acuerdo y de esa forma se suscribió y publicó”.

El documento, publicado en el Periódico Oficial dos días después de la firma, extiende un manto de “protección, seguridad y vigilancia” a ex funcionarios relacionados con el tema de la seguridad, empezando por el gobernador del estado.

E incluye al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, subsecretarios, y en su caso, directores generales que hayan desempeñado funciones de supervisión, inspección y asuntos internos; al procurador, los subprocuradores y el director general de la policía ministerial, “siempre y cuando se hayan desempeñado en el cargo como mínimo un año”.

Y aunque el catálogo de beneficiarios es amplio, sólo dos ex funcionarios presentaron su solicitud para recibir la protección señalada: Valentín Jorge Meneses Rojas y Mario P. Marín Torres, aunque a decir de quien fuera también ex secretario de Comunicaciones y Transportes, el beneficio se extendió a Mario Ayón.

“Tengo entendido que el general Ayón también solicitó, pero como ya tiene nuevo cargo en el estado de Morelos ya quedará sin efecto la petición, no tengo conocimiento de lo que pasó con el procurador, no he platicado con el maestro Igor Archundia sobre el tema”.

La Secretaría General de Gobierno –lo que antes era la Secretaría de Gobernación–, reconoció en una petición de información –número de folio 182111— haber recibido sólo dos solicitudes: “Se recibieron, por medio de la Coordinación General de Asesores del Ejecutivo del Estado, 2 solicitudes, presentadas por los CC. Valentín Jorge Meneses Rojas y Mario P. Marín Torres”.

Meses después la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Publica del estado sólo reconocieron cuidar las espaldas de Mario Marín.

Respuesta a solicitud de información.

Siete y trece

Fue en julio del año pasado cuando, tras una serie de solicitudes de información, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) daba a conocer una parte de la escolta que acompañaba al ex mandatario.

La dependencia reconocía que destinaba a siete agentes para atender la seguridad personal de Mario Marín con un costo anual de 2 millones 261 mil 686 pesos, producto de salarios y prestaciones.

En cambio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a quien también se le presentó la solicitud, clasificó la información como reservada.

Hubo entonces que esperar seis meses y la intervención de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) para que la SSP diera a conocer que aporta 13 agentes más a la seguridad del ex mandatario: “se le informa que el monto anual bruto con cargo al erario estatal que implica la seguridad personal del C. Mario P. Marín Torres asciende a $3,148,276.27, que incluye el sueldo de un total de 13 escoltas comisionados (distribuidos en los diferentes turnos) con todas las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Puebla”.

Al respecto, la oficina de comunicación social de la SSP explicó que se trata de un grupo de agentes distintos a los que la PGJ puso a disposición del ex gobernador, es decir que en total la escolta se compone de 20 integrantes, distribuidos en grupos “de hasta ocho agentes por turno”.

La PGR y la SSP también puntualizaron que se trata de una prestación que sólo se otorga a Mario Marín Torres, y que se extenderá por tres años más, para cumplir el plazo que se fijó en el decreto.

Armados y equipados

A los integrantes de la escolta a que se refiere el presente acuerdo, se les proporcionará:

• Identificación oficial de la institución o corporación a que pertenezcan.
• Arma de fuego debidamente registrada conforme a la licencia colectiva de la institución o corporación a la que provengan.
• Vehículos adecuados para las funciones a desempeñar, cuyo mantenimiento, conservación y habilitación periódica, así como los gastos de combustible o reparación correrán a cargo de la institución de seguridad pública o procuración de justicia de la que provengan*.
• Los miembros de la escolta, durante el tiempo que desarrollen las funciones a que se refiere el presente acuerdo tendrán y conservarán los salarios, prestaciones y estímulos o cualquier otro emolumento de carácter económico que conforme sus ingreso reales.

Fuente: Acuerdo por el que establece los Lineamientos para la Asignación del Servicio de Seguridad Personal para Ex Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Puebla

*La PGJ y la SSP informaron que no se proporcionó vehículo alguno a pesar de que el acuerdo sí lo contempla.

Resolución