Sancionar a quien haga apología del narcotráfico y la violencia a través de cualquier medio no resuelve la falta de política cultural y educación del país, además de que podría ser indicio de un modelo dictatorial de gobierno, afirmaron académicos de la Universidad Iberoamericana Ibero sobre el dictamen que aprobó la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

La medida aprobada sanciona hasta con cuatro años y medio de cárcel a quien elogie a través de cualquier medio al narcotráfico, pese a que “el mayor problema del país es la impunidad” no el narcorrido, consideró el investigador en Violencia, adscrito al Departamento de Psicología de la Ibero y subrayó que podría ser indicio de un modelo dictatorial.

Co autor del libro El cerebro en llamas: de la conducta agresiva a la Violencia, Óscar Galicia coincidió con la especialista en temas de ética y humanidades del Departamento de Comunicación de la Ibero, Margarita Torres, en que la prohibición no va a resolver el problema de fondo que es la falta de política cultural y educación en México.

La falta de movilidad social, de oportunidades y de educación enmarca la cultura del delito, por lo que el narcotráfico se ha convertido en “un evento cultural” que lamentablemente es la realidad social de muchos mexicanos, dijo Galicia.

Por su parte, la maestra Torres, quien imparte materias relacionadas con la ética y medios en la Licenciatura y la Maestría en Comunicación de la Ibero, parafraseó al filósofo inglés John Stwart Mill: “Si se nos niega a escuchar todo, no podemos conocer la verdad”.

Consideró pertinente tomar el ejemplo de los puntos de cultura o la acción prioritaria del Programa Cultura Viva del Ministerio de Cultura de Brasil que dirigía Celio Turino, quien se acercó a las favelas para rescatar las expresiones locales y comprender el lenguaje de los jóvenes a través del hip-hop o lo música urbana sin condenarla, al contrario, aprender de ellas a través de una política orientada a los ciudadanos.

Añadió que los “narcocorridos son una manifestación cultural de lo que somos porque muchos ciudadanos no tienen otra opción”.

Destacó que si bien la Secretaría de Gobernación será la que aplicará los criterios para sancionar qué es y qué no es “apología de la violencia”, el gobierno no tiene los recursos materiales ni intelectuales para perseguir estos delitos.

Por otro lado, el doctor Galicia aseveró que un fenómeno social no se puede modificar con leyes: “Es como querer prohibir la pobreza”, y acotó que la iniciativa es un intento “burdo y primitivo” de disminuir el impacto que tiene el crimen organizado en ciertos núcleos sociales porque la sociedad mexicana experimenta una “grave crisis de valores”.

Al silenciar los narcocorridos y otras expresiones sobre la realidad del país se demuestra que el gobierno se siente lastimado y esto podría colocar a la sociedad mexicana en el “primer paso de un gobierno dictatorial. Me parece deleznable que se limite la expresión”, señaló el experto, quien advirtió que no sería raro que después se prohibieran algunos libros.

Industria del narcocorrido

El también especialista en neurociencias de la conducta, Óscar Galicia, explicó que la decisión de consumir o no narcocorridos es de tipo moral y ética.

Por otra parte, los que obtienen ganancias de la industria de la música de narcocorridos están inmersos en la columna de la ambición. “Tampoco podemos decir ‘pobres cantantes’, ya que ellos también deberían tener una responsabilidad ciudadana y no apoyar las apologías de la violencia; sin embargo, lamentablemente los sujetos sociales actúan de cualquier forma para conseguir recursos por falta de oportunidades, empleo y educación”, reiteró.

La impunidad

El jefe del Laboratorio de Investigaciones en Neurociencias y el Área de Electrofisiología de la Ibero, donde los alumnos de la carrera y el posgrado en Psicología realizan sus prácticas, agregó que los ciudadanos siempre tienen que pagar por sus fallas, en contraste con la autoridad, que no tiene ninguna limitante, ni tiene probabilidad de rendir cuentas morales ni legales.

“¿Cuántos administradores de gobierno en el país han hecho fraudes terribles de manera ominosa, cínica y criminal y no pasa nada? La impunidad es el mayor problema del país, no el narcorrido”.