Nos han dicho hasta el cansancio que Puebla es una de las entidades más seguras del país. Las declaraciones en ese sentido se dieron en la anterior administración y en ésta.

Entonces, ¿cómo justificar que al finalizar el sexenio Mario Marín se aprobara (con el aval de Rafael Moreno Valle), para él y sus funcionarios, la asignación de equipos de seguridad por un periodo de cuatro años?

Hoy sabemos que es un gasto de 2 millones 261 mil 686 pesos, pero sólo por los guaruras del ex gobernador, pues hasta la fecha ni la Oficina de la Gubernatura, ni la Secretaría General de Gobierno, ni la Secretaría de Seguridad Pública han querido hacer público el costo total de vehículos, combustible y demás seguridad asignada a otros ex funcionarios.

No hablemos ya de otras prestaciones porque de eso, ¿quién nos rinde cuentas? Parece que esta administración, que tanto criticó en campaña la opacidad del gobierno marinista, no.

¿Y como sociedad que nos queda?

Creemos que este ejercicio, largo y tedioso de solicitar información, utilizando las herramientas que la ley de transparencia pone al alcance de todos, a cuentagotas, pero ofrece resultados. Aprovechémosla.

Cuestionemos a nuestros representantes.

Mario Marín fue un funcionario público, uno que tuvo grandes responsabilidades y, por lo tanto, un gran sueldo. Ahora, como ex empleado del gobierno, tiene derecho a una pensión, una gran pensión proporcional a su gran sueldo. ¿Y aun así tenemos que seguir pagando 2 millones de pesos al año por sus siete guaruras? ¿Un gobernador decide darse un beneficio y otro gobernador decide concedérselo y nadie puede hace nada?

Urgen respuestas.

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Hay una estudiante de 23 años desaparecida desde el pasado jueves. Se llama Thalía Martínez Ramírez. El sábado se inició una fuerte campaña a través redes sociales para encontrarla y hasta el momento sólo hay dudas y ninguna certeza. Exigimos a las autoridades, desde esta tribuna pública, atender este asunto ya.