Por: Jesús Hurtado

“Aquí no ha llegado ayuda de ningún tipo. Si no es por la ayuda de afuera, mis hijos y yo no tendríamos qué comer”, dice Paola desde Carayaca, población al oeste del estado La Guaira. Once días después del doblete sísmico del pasado 24 de junio pasado, sus pobladores seguían sin recibir el apoyo oficial que el gobierno nacional asegura haber enviado a todas las zonas afectadas. 

En esa localidad montañosa, ubicada a unos 20 kilómetros de Catia La Mar y a 50 km de Caracas, varias edificaciones colapsaron, entre ellos un pequeño edificio de tres pisos donde murieron 10 personas, la escuela y la biblioteca municipal, así como varias viviendas. En total, unas 20 familias sufrieron la pérdida total de sus viviendas. 

“Acá estamos desasistidos”, ratifica Paola, cuya casa en el centro del pueblo no sufrió daños, a pesar de que otras ubicadas en la misma cuadra colapsaron total o parcialmente como consecuencia de los terremotos de 7.2 y 75 que sacudieron el norte de Venezuela. 

Las afirmaciones de esta habitante de La Guaira, el estado más afectado por el fenómeno telúrico, contrastan radicalmente con lo dicho por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró que la Fuerza Armada Nacional en pleno se desplegó la misma noche de los sismos para atender a la población afectada. 

“El gobierno nacional sí estuvo desplegado desde un primer momento… Los militares han estado rescatando gente de los escombros y ayudando desde el mismo día”, aseguró la presidenta en su primera rueda de prensa 10 días después de ocurrida la devastación, apuntando que las informaciones sobre la inoperancia del gobierno son producto de “laboratorios mediáticos” contra el régimen. 

Pero el sentir general señala exactamente lo contrario. “La única ayuda oficial que tuvimos en los primeros días fue de la alcaldía de Chacao. Tres días después fue cuando vimos al primer militar”, dice Miguel, vecino de La Castellana, sector contiguo a Los Palos Grandes, la zona residencial del este de Caracas más afectada, donde al menos tres edificaciones sufrieron colapso total. 

“Fue la gente de a pie, junto a los bomberos y Protección Civil quienes sacamos a las personas atrapadas que pudieron ser rescatadas. La ayuda oficial fue de la alcaldía de Chacao (opositora), porque el gobierno nacional apareció a los días”, insiste otro vecino que prefiere el anonimato por temor a las ya legendarias represalias del gobierno hacia todo aquel que contradiga sus palabras. 

Carayaca, población al oeste del estado La Guaira. Foto: J. Urbina

Desamparados 

Montaña arriba sobre Carayaca está El Junquito, una población que, aunque administrativamente pertenece al municipio Libertador (Caracas), guarda más relación con Vargas por su cercanía con las localidades occidentales de esa entidad. Desde el pasado 24 de junio también comparten la tragedia. 

Ubicado a unos 25 km de Caracas, El Junquito es lugar referente para el esparcimiento de fines de semana o días de fiesta, en especial por el buen número de locales de comida típica venezolana, siendo sitio de turismo obligatorio para propios y extranjeros. De hecho, dos de los cuatro fallecidos (otras fuentes hablan de cinco) en la zona eran turistas que habían llegado para dar un paseo aprovechando el feriado del 24 de junio. 

“Es muy poca la ayuda que ha llegado. Nos sentimos abandonados”, dice Alicia, junquiteña que estuvo por casi dos horas atrapada junto a su bebé de dos años bajo los escombros, y que fue rescatada por vecinos y turistas. 

Más de una semana después de la tragedia, los habitantes de esta zona de vocación agrícola aseguran que la ayuda recibida depende de la solidaridad de la propia comunidad y de los caraqueños. De las autoridades nacionales, nada.

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Excepto por efectivos de Protección Civil y bomberos, fue apenas el 30 de junio cuando llegaron las primeras maquinarias para la remoción de escombros, con la idea de buscar víctimas entre las más de 10 edificaciones derruidas. “Llegaron cuando ya habíamos rescatado a los sobrevivientes y los cuerpos, todo con las manos y las pocas herramientas que teníamos”, dice un voluntario que sigue removiendo escombros con pala y manos. 

Algo similar comenta la propietaria de uno de los comercios destruidos en la vía principal de este pueblo de 50.000 habitantes, para quien la inoperancia quedó demostrada en la nula ayuda recibida. 

“Por allá no ha llegado nadie. Hay muchos caseríos donde la gente perdió sus casas, pero de eso no se habla”, dice Carlota desde su puesto de venta de verduras en Caracas, en referencia a la multitud de poblados de la vía entre El Junquito y el litoral central venezolano que resultaron afectados. 

“Hay unas 60 familias que quedaron damnificadas, pero por allí no ha pasado nadie del gobierno para ayudar”, reitera la agroproductora. Por fortuna, no hay pérdidas de vida que lamentar. 

Otro punto, mismo abandono

Alejandro Oropeza Castillo, un popular sector de la ciudad de Guarenas. Foto: cortesía

Al este de Caracas la situación no es diferente. A unos 35 kilómetros de la capital de Venezuela está la urbanización Alejandro Oropeza Castillo, un popular sector de la ciudad de Guarenas que resultó fuertemente afectada, aunque sin víctimas mortales. Allí la queja es la misma: la ayuda oficial ha sido poco más que nula. 

El centro urbano está compuesto por más de 20 edificios de tres alas cada uno. De ellos, los módulos del 4 al 15 debieron ser desalojados por presentar daños estructurales de envergadura. El resto de las edificaciones sufrieron afectaciones de consideración variable, siendo necesarias evaluaciones más profundas para determinar su real estado. 

Pero a 12 días de la tragedia, el necesario análisis no pasa de ser una promesa. “Han venido inspectores municipales a hacer inspecciones rápidas. Nos han dicho que los edificios son habitables, pero mejor si estamos afuera. Es decir, no sabemos si es seguro o no estar en ellos”, dice María, habitante del edificio 3, que muestra signos de hundimiento. De hecho, no puede cerrar las puertas. 

Tras los sismos, el edificio 8 se derrumbó y el pasado viernes colapsó un ala del bloque 9, evidenciando los daños estructurales sufridos por estas residencias multifamiliares construidas hace más de 60 años en esa ciudad del estado Miranda, que sirve de hogar a miles de personas que viven, estudian o trabajan en la cercana Caracas. 

“Aquí no ha llegado maquinaria para remover escombros. Solo una grúa para quitar los tanques de agua colocados en las azoteas que se movieron de sus bases. Además, eran muy pesados para las estructuras que pudieran estas sentidas”, dice María.  

Agrega que el alcalde, así como funcionarios de la empresa estatal de gas doméstico, solo han llegado al urbanismo “para tomarse la foto y ya”, por lo cual se sienten desprotegidos por las autoridades que aseguran haber desplegado un programa de atención generalizada en los siete estados afectados por el doble movimiento telúrico.

* Foto de portada: Casas derrumbadas en El Junquito / J. Urbina