Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen en promedio de 18 a 24 años de edad, estudios de preparatoria, son solteras, tienen menos de cuatro semanas de gestación, y son madres de una o dos hijas o hijos, según las estadísticas de la ILE en la CDMX.
Condiciones económicas adversas, embarazo no planeado, uso inconsistente de métodos anticonceptivos, situaciones de violencia en la pareja —inestabilidad, conflictos, abandono—, agotamiento por la crianza de otras hijas e hijos, y deseo de continuar con proyectos personales —educativos y laborales— son algunas de las principales razones por las que abortan las mujeres, de acuerdo con el testimonio de 24 entrevistadas para el estudio “Interrupción Legal del Embarazo: Reescribiendo la experiencia del aborto en los hospitales públicos del Distrito Federal”, de las investigadoras Edith Flores Pérez y Ana Amuchástegui Herrera.
“El análisis cualitativo muestra que mientras menos deseo de tenerle (una hija o hijo), y mayor carencia de condiciones subjetivas y materiales para la crianza, las mujeres experimentaron mayor sensación de alivio y mayor experiencia de autonomía”, concluye el estudio. Sin embargo, “la experiencia de autonomía” —el derecho a decidir— no es una de las causales que permite acceder a un aborto sin sanción penal en el resto del país.
Estas restricciones obligan a las mujeres a concluir embarazos no deseados, los cuales van en aumento. Entre 2014 y 2018 se incrementó del 21 al 22 por ciento la proporción de mujeres que no planearon su embarazo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018.
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Anualmente se realizan entre 750 mil y un millón de abortos inseguros, según datos proporcionados por Ipas CAM. Pese a esto, la mayoría del personal médico se niega a atender a las mujeres que lo necesitan, incluso en situaciones de emergencia, o registra el procedimiento con otro nombre, como una hemorragia obstétrica.
Al ser juzgado como un delito en 30 de las 32 entidades del país, la mayoría de los abortos son inseguros y no se registran. Según el dato más reciente de la Secretaría de Salud federal (SS), de enero a junio de 2020 hubo 39 mil 574 egresos hospitalarios por aborto en el país, sin especificar si este fue provocado, espontáneo o permitido bajo alguna causal.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la SS informó vía transparencia que, de 2007 a 2020 —sin especificar el mes—, solo cuatro de cada 10 abortos, en promedio, fueron atendidos en un hospital por razones médicas o complicaciones durante el embarazo; el resto son abortos registrados como “de otro tipo”, “no especificado” o “intento fallido de aborto”.
No obstante, cada vez menos mujeres acuden a los hospitales para practicarse un aborto, incluso por razones legales. De acuerdo con el CNEGSR, los egresos hospitalarios por aborto disminuyeron al pasar de 117 mil a 96 mil en 10 años.
Aunque el aborto es un derecho para las víctimas de violación en todo el país, de 2017 a febrero de 2020 solo se han aplicado 439 ILE por este motivo, de acuerdo con el CNEGSR. Hay entidades como Aguascalientes y Oaxaca que reportan haber practicado una ILE para víctimas de violación en todo 2019, lo que evidencia que tampoco existe el ejercicio de este derecho.
Antes de la pandemia, el aborto inseguro era la cuarta causa de muerte materna en el país, de acuerdo con los informes de vigilancia epidemiológica de la SS. Entre 2002 y 2017, la institución registró mil 192 defunciones provocadas por un aborto inseguro o complicaciones en el procedimiento. De acuerdo con datos de 2020 de esta institución, cada semana ocurre un promedio de 38.4 muertes maternas por abortos.
Faltan estudios comparativos que permitan asegurar que, tras la despenalización del aborto en la CDMX, disminuyó el número de mujeres fallecidas por abortos inseguros, o la cifra de abortos voluntarios, pero una investigación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2016 consignó que, en 14 años, la capital del país redujo el riesgo de muerte materna por aborto de 5.3 mujeres en 2002, a 3.1 en 2015.
Imponer a las mujeres un embarazo no deseado y forzarlas a ser madres es una forma de castigarlas, según la especialista de Ipas CAM, ya que tiene consecuencias negativas en su salud, educación y empleo. Este tipo de embarazos, que con frecuencia son resultado de actos de violencia, revictimizan a las mujeres y pueden causarles daño antes, durante y después de la gestación, aseguró, mientras que en el caso de las niñas y adolescentes, se exponen a riesgos de salud incluso mortales.
Pese a esto, agregó, grupos conservadores se oponen a la despenalización jurídica y social del aborto argumentando que la vida humana comienza desde la concepción, que hacerlo incrementaría exponencialmente su práctica, que estas políticas son resultado de una agenda internacional que promueve “la ideología de género”, y que la sociedad no tiene por qué responsabilizarse de los embarazos no deseados.