El gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, impulsa la construcción de un Sistema de Transporte por Cable (Cablebús) con una inversión de 6 mil 752 millones de pesos.
Sin embargo, desde hace meses organizaciones civiles, ambientalistas, vecinos, organismos especializados y personas de a pie han realizado diversas manifestaciones para rechazar, criticar y cuestionar la viabilidad del proyecto por considerar que falta información y planeación, tendrá un impacto en el medio ambiente y no resuelve –como el mismo gobierno estatal reconoció– la movilidad en la capital del estado.
Estas son las principales razones por las que la sociedad organizada cuestiona el proyecto:
1. Sin transparencia, ni participación
Aunque la primera piedra de la obra se colocó en diciembre de 2025, a la fecha no se conocen públicamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el contrato, el análisis costo-beneficio y el proyecto técnico del cablebús.
La MIA es un requisito establecido por la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.
Es un documento mediante el cual se puede conocer “con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo”.
La MIA permitiría saber, por ejemplo, cuántos árboles se verán afectados, e incluso la fauna que los habita. En los últimos meses, el gobierno estatal ha modificado la cifra al respecto: inició con 1600, 900, luego 752, 357 y la última fue de 97 árboles que tendrían que trasplantar para desarrollar la obra.
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Por otra parte, los estudios que sustentan la necesidad del cablebús, los de demanda y simulación, así como el proyecto técnico fueron reservados por 5 años, de acuerdo con una solicitud de información que realizó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), un observatorio ciudadano que promueve la Atención, Participación, capacitación y Contraloría Ciudadana, en asuntos de interés público.
Esta opacidad viola el derecho ciudadano al acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6° Constitucional, el Acuerdo de Escazú y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
El Acuerdo de Escazú fue firmado por México en septiembre del 2018 y ratificado en noviembre del 2020 por el Senado; se trata de un instrumento internacional que tiene por objetivo garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, y tiene carácter vinculante y obligatorio para el Estado mexicano.
Mientras que la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo fue adoptada por nuestro país desde 1998, contiene 27 principios y el décimo establece que: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.
2. No resuelve el problema de movilidad
El 30 de marzo, José Luis García Parra, Jefe de Gabinete reconoció que “el proyecto del cablebús, aunque no resolverá de fondo el problema de la movilidad en Puebla, será una alternativa más para las personas”.
De acuerdo con el gobierno del estado, aunque sin estudios públicos que lo sustenten, el sistema moverá hasta 2 mil 500 personas por hora, reducirá trayectos de hasta hora y media a un máximo de 36 minutos, y operará con un costo anual de 105 millones de pesos frente a los cerca de mil millones que cuesta el RUTA.
Sin embargo, especialistas de la Ibero Puebla y del Observatorio Estatal de Movilidad han señalado, con datos comprobables y actuales, que RUTA puede transportar de 3 a 5 mil personas por hora, además no existen estudios origen-destino que justifiquen el trazo actual del cablebús, que duplica tramos que el RUTA ya cubre.
Otra crítica que se ha hecho es que el sistema del cablebús funciona en ciudades montañosas, pero Puebla es relativamente plana, y esta condición hace menos comprensible que el gobierno le haya elegido sobre otras opciones de movilidad más económicas, como es el metrobús (o BRT).
3. Pérdida de espacios comunes
El cablebús tendrá una estación en el Parque Juárez, lo que afectará el uso de espacios en común, como canchas y una zona de skate.
Lo mismo sucederá en el Parque Ecológico, uno de los principales pulmones de la capital poblana, donde se instalará una estación, lo que disminuirá el espacio recreativo y/o deportivo, e impactará en la fauna que habita la zona.
Otras áreas que estarían en riesgo son el Parque Biblioteca, en la colonia Villa Verde, y el Cerro de Amalucan, pues si bien en este último el gobierno ha dicho que no se tocará, vecinos y organizaciones han documentado que sí afectará infraestructura y arbolado.
Además, la instalación de estaciones de cablebús afectarán el Deportivo Xonaca, la Plaza Cívica del CENHCH y las áreas arboladas de la Universidad para Adultos BUAP.
De acuerdo con el Nodo de Derechos Humanos (Nodho), “en múltiples ciudades del mundo han demostrado ampliamente que la presencia de parques públicos cuidados y llenos de vida social, tales como el Parque Ecológico o el Parque Juárez de la Ciudad de Puebla, está asociada con la reducción de crímenes comunes, debido a la mayor cohesión comunitaria y sentido de pertenencia social”.
* Foto de portada: Protesta contra el cablebús en Puebla. Foto: Marlene Martínez / Jengibre Audiovisual