La explosión que cimbró a una buena parte de la ciudad de Puebla hace ocho días, no es solo consecuencia de la falta de atención de un oficio o de la falta de seguimiento de una denuncia. Si el problema de una toma clandestina en San Pablo Xochimehuacan se convirtió en una tragedia, es porque ningún gobierno, de ningún partido, ha sido capaz de resolver los problemas de delincuencia, asentamientos irregulares y corrupción en el municipio, en el estado, y ni qué decir en el país. 

Algunos periodistas corrieron presurosos a mostrar un oficio donde se advertía al gobierno municipal anterior de lo que parecía ser una toma clandestina. ¿Necesitábamos un oficio para saber que el gobierno municipal anterior fue omiso? Por supuesto que hubo omisión, como hubo omisión o complacencia de parte de todos los presidentes municipales y gobernadores de los últimos 15 años. Ahí caben Marín, Moreno Valle, Gali, Pacheco, Barbosa, Doger, Alcalá, Rivera Pérez, Bank y Rivera Vivanco. Todos. En mayor y menor medida, los gobiernos de esas personas han cooperado durante más de una década a esta situación trágica, porque Xochimehuacan no se ha construido en los últimos tres años, aunque algunos crean que todos los males de la ciudad y del estado provienen de tres años a la fecha. 

Cientos de viviendas se vieron afectadas, pero la mitad están construidas sobre predios irregulares. Para sorpresa de muchos, el gobierno de Eduardo Rivera decidió exentar del pago del impuesto predial a las familias cuyas viviendas se vieron afectadas. Una medida un tanto risible: una buena parte se trata de predios irregulares que ni siquiera están registrados con una cuenta de predial. De pronto, las ocurrencias son más cómicas que sus ganas de tomarse la foto en medio de una tragedia.

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Muchas personas provocaron esta situación. Ciudadanos que están dispuestos a delinquir cooperando para extraer el gas, ayudando en su comercialización o comprándolo a menor precio. Autoridades omisas o a quienes les pagan para dejar operar a estas bandas criminales que obtienen indebidamente el gas y lo comercializan. Son autoridades de todos los niveles: desde el ayuntamiento que debe verificar el funcionamiento de giros comerciales o la construcción en predios, el gobierno del estado que “no vio” que cientos de pipas son cargadas en ese lugar, trasportan gas sin permisos y comercian en el estado con producto robado; y, a nivel federal, poco más: CNH, CRE, Profeco y las fiscalías. Todos los gobiernos, de todos los partidos, de todos los niveles.

Después de lo vivido hace una semana, no se ve a los gobiernos dispuestos a reencauzar sus estrategias para combatir el robo de combustible, para regularizar la situación en que se encuentran miles de casas en el municipio o para, de manera coordinada, tratar de disminuir el poder de bandas que operan sin pudor en el municipio y en el estado. 

Hemos quedado retratados en una explosión. Esta ciudad que algunos piensan cercana al primer mundo, tiene problemas más grandes que los baches que tanto le preocupan a usuarios y autoridades. 

Los problemas no se resuelven con lo que pide el gobernador: “que los vecinos denuncien”. Como si no supiéramos que en esta ciudad, en este estado y en este país, la denuncia vale de muy poco. El dinero y las bandas criminales mandan. Los hechos así lo demuestran.

*Foto de portada: Aranzazú Ayala