Arturo Contreras Camero

Expropiación, nacionalización o apagón energético son algunos de los adjetivos con los que se ha tildado a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que presentó el presidente López Obrador a inicios de este mes. Para contrarrestar las críticas, el presidente dedicó su conferencia matutina de este lunes 11 a explicarla detenidamente.

En pocas palabras, destacó, la reforma busca rescatar los pedazos que quedaron de la Comisión Federal de Electricidad, que fue dividida en varias empresas desde 2013 con la reforma de Enrique Peña Nieto y parecía destinada a desaparecer. De paso, busca revertir el escenario de producción eléctrica en el país, que actualmente depende en 62 por ciento de empresas privadas y el resto de las empresas del Estado.

La exposición de los fines de la reforma estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, pero llevaba una dedicatoria especial del presidente:

«Todo esto se va a explicar para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata”, dijo López Obrador al inicio de su conferencia

Según dijo la secretaria, la reforma plantea eliminar las modalidades ilegales de generación privada y asegurar que el 56 por ciento de la producción de energía quede en manos de la CFE.

CFE de empresa productiva del Estado a organismo del Estado

“En el 2013 se le dio el estatus de empresa del Estado a la CFE para poderla dividir, para fraccionarla, y con ello crearon nueve subsidiarias, cuatro filiales y cuatro unidades de negocios. Entre estas subsidiarias no podía haber una relación comercial ni financiera, estaban obligadas a tener una operación legal, esto con el propósito de fragmentarlas”, dijo por la mañana la secretaria Nahle.

Ese fue el último golpe de un largo proceso de pauperización a las empresas del estado que inició en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) para abrir el campo a empresas extranjeras, según explica José Antonio Almazán, exdirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, que recuerda que después de la extinción masiva de Luz y Fuerza del Centro, las políticas de descapitalización se enfocaron en la CFE.

“Le impidieron crecer en el terreno de la generación, obligándole a comprar toda la energía en bloque a los privados. La dotaron de presupuestos raquíticos para favorecer las tesis de señalar a la empresa pública como ineficiente y finalmente lo que esperaban fuera el último golpe: modificar el andamiaje constitucional sucedió con Peña Nieto”, asegura José Antonio en entrevista.

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“Lo que hace Peña Nieto es modificar la Constitución y quitar la traba que hablaba de la exclusividad de la nación en la generación eléctrica. ¡La echa para abajo! En 2015 lo que hace es adecuar, en leyes secundarias, todo ese proceso. Ahí se reforma la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica y se crea la Ley de la Industria Eléctrica. CFE deja de ser un organismo descentralizado y se convierte en una empresa fracturada y le quitan la posibilidad de ejercer una tutoría, un control del estado sobre el proceso de producción de la energía”, añade el dirigente del SME.

Al respecto, la reforma propuesta por López Obrador al artículo 28 propone que se le regrese al sector público la exclusividad en áreas estratégicas como la generación de electricidad y la extracción de litio. Además, la CFE dejaría de trabajar como una empresa fragmentada, bajo la idea de que esto generaría mayor productividad y rentabilidad.

Un nuevo orden en el despacho

Con la reforma también se busca incorporar a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y al Centro Nacional de Energía Eléctrica, el Cenace, a la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. La primera, la CRE, determina el precio de las tarifas y el segundo, el Cenace, regula qué generador suministra energía a la red eléctrica y en qué momento.

Bajo el esquema de 2013 la CFE despacha electricidad conforme a un Contrato Legado. El despacho es el orden en el que los generadores entregan energía a la red de la CFE. El contrato por su parte, según explica el texto de la reforma, obliga a CFE-Generación a vender energía a CFE-Suministro con precios menores a los costos de generación en un esquema que disminuye la producción de la propia CFE.

Como resultado, las 191 centrales de generación que tiene CFE operan al 55 por ciento. Obligada a suministrar energía que no produce, CFE debe comprar energía a generadores privados que venden energía más cara de la que puede producir la empresa estatal. En 2020 la CFE compró 223 millones de pesos y por tener sus plantas operando a media capacidad dejó de facturar 215 millones.

Actualmente, para satisfacer la demanda eléctrica del país, CFE va despachando a las centrales eléctricas en un orden que depende de su costo de producción de energía, de las más baratas a las más caras, aunque por el esquema de Contrato Legado, se debe pagar el precio más alto a todos los generadores.

El orden de despacho actual da prioridad a la generación nuclear, seguida de la solar, la eólica, la geotérmica, la de ciclos combinados de gas natural, las hidroeléctricas y al final las térmicas y de carbón.

En la propuesta se busca poner en primer orden la energía de las hidroeléctricas, por ser la más limpia, firme y constante, según dijo Nahle. Después la de la planta nuclear de Laguna Verde y las de generación geotérmica, propiedad de CFE. Seguidas del despacho de la CFE de gas y plantas termoeléctricas. Al final quedan las fuentes intermitentes como las eólicas, después las solares y al final las de producción de gas natural de privados y las de carbón.

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*Foto de portada: Presidencia