El 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, de acuerdo con Naciones Unidas, y, a unas semanas de la conmemoración,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que emitió una sentencia contra Colombia por el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima. Ustedes se preguntarán: ¿y todo esto a qué viene? Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar de cómo la violencia limita la libertad de expresión de las mujeres periodistas.

Tomemos en cuenta, en primer lugar, que México es uno de los países más mortíferos para quienes ejercen el periodismo, de acuerdo con datos de Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus cifras en inglés). Además, existe una gran prevalencia de agresiones contra mujeres en el país: 104 feminicidios y 273 homicidios dolosos de mujeres tan solo en agosto de este año, cifras máximas de casos registrados en un solo mes, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es algo que la Corte Interamericana reconoce en el caso de Jineth Bedoya como una situación de doble vulnerabilidad: por la labor periodística y por ser mujer.

Las periodistas en México viven violencia incluso desde sus redacciones y por el mismo gremio, como lo cuento en este otro texto. Entonces esto agrega un elemento más a la fórmula: la vulnerabilidad laboral, si además añadimos las violencias en las relaciones de pareja y el entorno familiar, muchas mujeres periodistas estarían en situaciones aún más graves.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice al respecto, en su informe de 2018: “desde la desigualdad en el ámbito laboral, los comentarios sexistas y misóginos, la violencia sexual o asesinatos de mujeres en razón de su género (o feminicidios), las amenazas o riesgos que enfrentan las mujeres periodistas tienden a ser invisibilizados y no son reconocidos como restricciones indebidas a la libertad de expresión por la mayoría de los colegas, medios de comunicación y autoridades estatales”.

La CIDH agrega: “si bien las mujeres periodistas enfrentan los mismos riesgos que sus pares varones cuando investigan y reportan sobre corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos, también enfrentan riesgos específicos por el hecho de ser mujeres y en la intersección de otras identidades como la raza y la etnia”.

Todo esto no solo afecta el derecho a la libertad de expresión, como lo dice la Corte Interamericana en una doble dimensión: la individual (de las periodistas) y la social (de las audiencias que pierden voces y puntos de vista relevantes). Las mujeres somos poco más de la mitad de la población en Puebla, México y el mundo, no poder expresar nuestras ideas con libertad es dejar sin voz a la mitad del planeta.

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También existen otras afectaciones igual de graves por la violencia contra las periodistas. Según la CIDH, las restricciones a la libertad de expresión de las mujeres refuerzan su marginación del espacio público y limita sus derechos al desarrollo, la educación, la salud, la participación política y a una vida libre de violencia. A su vez, la Corte Interamericana refiere: “un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada”.

En resumen, la violencia contra las mujeres periodistas tiene muchas consecuencias: las margina del espacio público; limita el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, al desarrollo, a la educación, a la salud, a la participación política y a una vida libre de violencia; manda un mensaje de represión a otras periodistas y, simultáneamente, afecta a las audiencias porque se quedan sin puntos de vista relevantes.

Ante esta situación es extremadamente preocupante que el caso de Lydia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos, detenida de forma arbitraria, privada de su libertad y torturada por agentes ministeriales de Puebla, siga en impunidad. Actualmente, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien ordenó la detención arbitraria de Cacho y el empresario José Kamel Nacif, quien habría denunciado a la periodista por los entonces delitos de difamación y calumnia, obtuvieron sendos amparos en contra el auto de formal prisión por la jueza Tercero de Distrito en Quintana Roo, Ana María Nava Ortega.

De igual forma es alarmante que, de acuerdo con estadísticas de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC),  haya mil 217 agresiones contra mujeres periodistas y 549 casos de violencia institucional, de enero de 2019 a la fecha. Además de que, con base en la Encuesta Nacional sobre el Ejercicio Periodístico de la UNESCO, el 97 por ciento de las y los participantes consideran que las mujeres periodistas sufren acoso laboral.

La violencia contra las mujeres periodistas debe ser algo que no se tolere en México  ni en cualquier otro país. Es por ello que, las medidas de reparación que se dictaron en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya deberían ser una guía para todos los países de Latinoamérica:

1. Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
2. Crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores.
3. Diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.
4. Crear un Fondo, el cual debe ser destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género en el ejercicio de su profesión, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión, desde una perspectiva de género.

También sería importante reconocer públicamente la labor de las mujeres periodistas y nuestros aportes a la sociedad. Termino reapropiándome de una frase muy usada en las marchas feministas: “Si callan a una, nos callan a todas”,  así que dimensionemos todo lo que se pierde cuando se violenta a las mujeres periodistas.

*Foto de portada: Jineth Bedoya Lima / Foto: @jbedoyalima | Twitter