Emilio Godoy

América Latina y el Caribe arriba a una nueva cumbre climática con un menú de medidas insuficientes para enfrentar los efectos de la crisis, en medio de los impactos de la pandemia de la COVID-19.

La región más desigual del mundo, la más golpeada por los efectos de la COVID-19 y muy vulnerable a los impactos de la crisis climática, aún no toma de frente la lucha contra esa emergencia, coinciden analistas y estudios.

Tania Miranda, directora de Política y Participación de Partes Interesadas del Programa de Ambiente y Cambio Climático del no gubernamental Instituto de las Américas, resaltó que América Latina ha tenido altas ambiciones climáticas que no han hallado sustento en las medidas aplicadas para reducir emisiones.

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Las metas “son aspiracionales. Si no se respaldan con políticas y financiamiento, se pueden quedar en promesas. Falta financiamiento y aplicar estrategias y políticas públicas que los encaminen a cumplir sus compromisos. Se necesitan miles de millones de dólares”, dijo la investigadora desde la ciudad costera estadounidense de San Diego, en el estado occidental de California.

Un autobús eléctrico de cero emisiones, estacionado en una calle céntrica de Montevideo. El transporte púbico comienza a electrificarse en las urbes de América Latina, como una forma de contener las emisiones de CO2, pero los planes al respecto han sufrido atrasos y recortes por la pandemia de COVID-19. / Foto: Inés Acosta | IPS

Miranda es autora del reporte “Contribuciones nacionalmente determinadas a lo largo de América. Un análisis hemisférico comparativo”, que evalúa las metas climáticas de 16 países, incluyendo a Estados Unidos y Canadá.

En su estudio analiza los objetivos de reducción de emisiones contaminantes, los planes de adaptación a la crisis climática, la dependencia de financiamiento externo, los compromisos de neutralidad del carbono a largo plazo o el estado de los acotamientos de la contaminación.

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Las políticas climáticas serán el foco de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará del 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, en el norte del Reino Unido, luego de ser pospuesta en ese mismo mes de 2020 por la pandemia.

La COP26 abordará las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100 000 millones de dólares anuales, las brechas entre las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés) y las reducciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.

Una calle de la Ciudad de México, con el transito aliviado por las restricciones anticovid. El transporte automotor es uno de los mayores generadores de emisiones contaminantes en América Latina y el Caribe. Pero la transición hacia un parque vehicular más limpio, con el incremento de motores movidos por electricidad en los vehículos privados y otras alternativas, camina con gran lentitud. / Foto: Emilio Godoy | IPS

En paralelo, se escenificará la cumbre alternativa, que reúne a movimientos sociales de todo el mundo, y que propugnan por abandono pronto de los fósiles y el rechazo a las llamadas “falsas soluciones”, como mercados de carbono; una transición energética justa y reparaciones de daños y redistribución de fondos a comunidades indígenas y países del Sur global.

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La de Glasgow se considera, de hecho, la cumbre climática más importante, por la necesidad de acelerar la acción ante los alarmantes datos sobre el calentamiento global, desde la aprobación del Acuerdo de París en la COP21, realizada en diciembre de 2015 en la capital francesa.

Desde entonces presentaron sus primeras NDC 192 signatarios de ese tratado vinculante.

Pero solo 13 países a nivel mundial enviaron en 2020 a la Secretaría de la CMNUCC, que tiene su sede en Bonn, sus nuevas contribuciones climáticas, a pesar del clamor de su secretaria, la mexicana Patricia Espinosa, para que todas las partes del tratado lo hicieran en ese año.

Y de ellos, solo cuatro de la región, Argentina, Granada, México y Suriname, remitieron la segunda versión actualizada de sus contribuciones.

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*Foto de portada: Una planta de energía fotovoltaica en El Salvador, Con 320 000 paneles, es una de las instalaciones solares más grande de América Central, cuyos países se esfuerzan por convertir sus matrices energéticas a fuentes renovables, pero sus planes sufrieron un frenazo por la pandemia de COVID. / Edgardo Ayala | IPS