Primera de dos partes

Parte I: el abandono gubernamental

Mientras más se acerca el río a las industrias, más penetrante es su olor y más intenso su color: el Atoyac puede ser azul verdoso, rojo o azul oscuro, y tan contaminado está que quienes viven cerca de él describen que cuando es gris y turbio está en su color “normal”. Y aunque casi una década de presión por parte de la sociedad civil desembocó en que, el año pasado, empresas y dependencias gubernamentales se comprometieran a trabajar en solventar la situación, el río continúa siendo un nido de muerte.

Desde mediados de los 90, las descargas de drenajes municipales y, principalmente, las empresas que tiran ahí sus desechos han contaminado el Atoyac sin ninguna vigilancia ni consecuencia. Fue en 2017 que, de forma discreta, se emitió un mandato federal para atender y resolver la problemática, pero las primeras acciones se dieron hasta septiembre de 2020, cuando las instituciones y empresas involucradas en el problema firmaron un acuerdo.

Las empresas “pagan y pagan multas y siguen operando (…) El gobierno conoce la problemática y es cómplice”, aseguró Alejandra Méndez, actual directora del centro Fray Julián Garcés, el cual ha documentado la contaminación del río Atoyac desde hace una década. 

La queja desatendida

El centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés nació hace dos décadas para atender dos de los principales problemas de violaciones a Derechos Humanos en Tlaxcala: la trata de personas y la contaminación del Río Atoyac.

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Desde 2011 su equipo inició el titánico proceso para interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el daño y contaminación al río Atoyac. En entrevista para LADO B, Alejandra Méndez contó que el proceso de reunir la información necesaria para interponer la queja tardó seis años por la complejidad que requería hacer los peritajes correspondientes y documentar el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento, e incluso la falta de ellas, además de las afectaciones a la salud de quienes viven cerca del río y las descargas irregulares de las empresas.

En respuesta al trabajo de la sociedad civil organizada, en marzo de 2017 la CNDH emitió la recomendación 10/2017 que determinó, entre otras cosas, que los responsables de la contaminación del río eran los gobiernos municipales de Huejotzingo y San Martín Texmelucan, de Puebla; Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas, de Tlaxcala; los gobiernos estatales de ambos estados y Semarnat, Profepa y Conagua.

Méndez dijo que si bien la recomendación de la CNDH representó un gran avance al reconocer la responsabilidad directa de los gobiernos, no contempla la totalidad del problema ni lo resuelve.

Foto: Olga Valeria Hernández

La recomendación establece en concreto que debe existir una coordinación institucional entre los 70 municipios que integran la cuenta del Atoyac (48 Tlaxcala y 22 de Puebla) e instituciones, lo cual todavía no ha ocurrido. La CNDH también pidió a las autoridades que entregaran información específica de varios temas respecto al Atoyac —como el número de plantas de tratamiento y su funcionamiento— para analizar el trasfondo del problema y poder atenderlo, pero cada quien dio datos distintos.  

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Pese a que la CNDH puso un lapso de seis meses a partir del 21 de marzo de 2017 para iniciar las acciones recomendadas, la firma del convenio de colaboración entre las dependencias y ayuntamientos señalados en el documento se realizó hasta septiembre del 2020.

El convenio se enfoca en construir más infraestructura, principalmente plantas de tratamiento, anunciando una inversión inicial de 96 millones de pesos. Sin embargo, en el Atoyac ya hay plantas y estaciones de monitoreo que, o no operan o no están funcionando correctamente.

En un recorrido por el río, LADO B pudo constatar la existencia de al menos dos plantas de tratamiento totalmente detenidas, sin funcionar, y una estación de vigilancia y análisis de la calidad del agua de la Conagua que está también abandonada, donde incluso los cables de luz para darle energía están cortados, colgados del otro lado del río.

Desde 2017 las autoridades no han difundido la recomendación y ante esto el centro Fray Julián realizó foros y talleres en las comunidades afectadas para socializar el tema y recoger dudas y propuestas. Así surgió una propuesta comunitaria que contempla acciones como la restauración ambiental de la zona y una participación activa de las y los habitantes. Esto, por supuesto, no ha sido tomado en cuenta por el gobierno.

La omisión de las empresas

Foto: Olga Valeria Hernández

La CNDH documentó en la recomendación al menos 50 empresas (entre ellas Bayer y Big Cola) cuyos desechos son vertidos directamente al Atoyac. Méndez explicó que las autoridades federales hacen inspecciones, y si encuentran que las compañías están contaminando el río les ponen multas que pueden ir desde los 30 mil hasta los 100 mil pesos. Sin embargo, el problema es que no hay un seguimiento, y muchas veces las empresas prefieren pagar multas cuyo costo es menor al de instalar sistemas de tratamiento de residuos que les pueden llegar a costar decenas de millones de pesos.

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Además, pese a que desde 2005 las autoridades cuentan con planes de saneamiento, estos no se han ejecutado ni tampoco se llevan a cabo en coordinación con las dependencias competentes. La CNDH determinó que se tendría que construir un plan conjunto y hacer acciones entre todas las entidades responsables, entre gobiernos municipales, estatales, dependencias federales e industrias, lo cual sigue sin ocurrir.

“El plan no es tal, es una serie de acciones de manera individual de cada institución, donde cada quien plantea una serie de acciones distintas, desde el ámbito de su competencia, pero no se coordinan”, explicó Méndez. 

A partir del 2020, tres años después de haberse emitido la recomendación, la Semarnat retomó el tema sin que esto haya significado cambio alguno. La directora del centro Fray Julián explicó que la propuesta principal de las autoridades sigue siendo la construcción de más plantas de tratamiento. 

Sin embargo, estas contemplan solo tratar residuos biológicos (que son los que provienen de descargas municipales, es decir, en su mayoría de sanitarios), y no tienen la capacidad de sanear el agua contaminada con sustancias como plomo, entre otros elementos tóxicos.

Planta de tratamiento de aguas residuales sin operar / Foto: Olga Valeria Hernández

En un recorrido en la zona, desde Tepetitla hasta Huejotzingo, hay al menos dos gigantescos corredores industriales (como el Quetzalcóatl y el Huejotzingo) que reúnen a textileras, empresas farmacéuticas, automotrices y de alimentos.

Las descargas son el principal problema de las empresas hacia el río, particularmente por la falta de una base de datos unificada y certera sobre quiénes descargan qué; por ejemplo, hay industrias conectadas a los drenajes municipales, lo que se traduce en un tratamiento insuficiente para el agua. 

Alejandra Méndez explicó que algunas empresas están conectadas a los drenajes municipales, cuyos desechos tienen materiales tóxicos que no son capaces de ser procesados por las plantas de tratamiento biológico. Además, de acuerdo con los propios datos de la Conagua, 56 por ciento de las plantas asentadas en la cuenca del Atoyac están completamente detenidas, y ninguna de las que sí trabajan funciona al 100 por ciento. 

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“Mientras no se les impida a las empresas conectarse a esos drenajes (municipales), se está tirando el dinero a la basura. Antes de pensar en nuevas plantas se debe hacer un inventario y hacer un diagnóstico para saber cuántas están conectadas a los drenajes municipales, que evaden su responsabilidad”, dijo la activista.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández