Frase: “Y quiero decirles que esta administración ha cumplido ya con ocho de los once puntos de la recomendación 10/2017 de la CNDH y seguimos trabajando”.

Autora: Beatriz Manrique, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

Calificación cazamentiras: No se puede probar.

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Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado el jueves 20 de enero, Beatriz Manrique, secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, habló sobre la contaminación del Río Atoyac, uno de los problemas ambientales más longevos y preocupantes de la entidad. 

La funcionaria dijo que la actual administración cumplió ya ocho de los once puntos de la Recomendación 10/2017 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace ya más de cuatro años. 

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A grandes rasgos, dichas recomendaciones exhortan al gobierno de Puebla a generar un convenio con las demás partes involucradas que permita destinar recursos a la operación de los sistemas de drenaje, alcantarillado y plantas de saneamiento; el documento también sugiere que se vigilen las descargas de aguas residuales y se realicen las denuncias correspondientes en caso de que estas no cumplan con los lineamientos establecidos.

Asimismo, se recomienda realizar un diagnóstico toxicológico permanente de los riesgos y daños a la salud de la población y que se diseñe un programa de atención médica para las personas afectadas. Por otro lado, también contempla que se impartan cursos de capacitación sobre los riesgos a la salud derivados de la contaminación de cuerpos de agua al personal de salud de la entidad y la población en general; así como capacitaciones en materia de derecho humanos para servidores públicos.

De igual manera, uno de los puntos contempla que se difundan de forma periódica los avances en las acciones a ejecutarse.

Sin embargo, Manrique Guevara no dijo cuáles puntos se cumplieron, ni cómo se hizo esto. Hasta el cierre de esta edición, el enlace de prensa de la dependencia no había dado información sobre qué fue lo que supuestamente se cumplió, ni cómo, ni cuándo; solo respondió que se encontraba esperando la información pues la dependencia “además debe validar con otras instancias la información” ya que “intervienen SMADSOT, PROFEPA, SEMARNAT, [y] CONAGUA en el proceso completo”.

Durante la comparecencia, la secretaria mencionó que continúan las acciones para la recuperación ecológica de la cuenca del Alto Atoyac, recordando que fue hasta la actual administración que se firmó el “convenio marco de coordinación institucional, cooperación técnica con los gobiernos federal, de Puebla y de Tlaxcala”. Cabe destacar que la CNDH estableció un plazo de seis meses a partir de la aceptación de la recomendación para realizar el convenio. Manrique también explicó de forma poco clara que en el marco de este convenio se hicieron mesas de trabajo: 

“El instrumento rector de la estrategia en Puebla para avanzar en este objetivo es la hoja de ruta para el saneamiento integral de la cuenca del alto Atoyac y mejoramiento de la calidad del agua superficial de la presa Manuel Ávila Camacho. Este instrumento es un instrumento de planeación estratégica que a través de una matriz semaforizada permitirá que todos los actores involucrados en el problema y en la solución vayan reportando sus avances, y podamos en una pecera, en algo transparente, ir reportando los avances”.

Así, los datos disponibles no son suficientes para comprobar si efectivamente ya se cumplieron los puntos de la recomendación, pues lo dicho por la secretaria ni siquiera se puede verificar. 

Activistas señalan simulación

Foto: Olga Valeria Hernández

Al respecto, Alejandra Méndez, actual directora del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, que ha documentado la contaminación del río Atoyac desde hace diez años, dijo que las autoridades no han cumplido la recomendación y que están solo simulando, como desde hace décadas.

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El documento publicado por la CNDH desde el 21 de marzo de 2017, hace casi cinco años, determina que se tiene que hacer un programa integral de restauración, que incluya la participación de la sociedad civil. Sin embargo las autoridades involucradas tardaron más de tres años en firmar un convenio de colaboración

Las partes involucradas son, de acuerdo con la CNDH: los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, gobiernos municipales de las localidades colindantes con el río (San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla y los municipios de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala), además de dependencias federales como la Semarnat, Conagua y Profepa.

Alejandra apuntó que ese convenio tiene fallas de origen, pues no establece que de inicio las autoridades deben juntarse para crear un programa integral y coordinado de saneamiento, ni convoca a la sociedad civil para formar parte, sino que es discrecional pues determina que dicha incorporación depende de las autoridades.

El propio documento de la CNDH denunció, entre otras cosas, que no había coordinación entre los tres niveles de gobierno, que había planes sin presupuesto y que además la estrategia se había enfocado en construir plantas de tratamiento, que no necesariamente tienen la capacidad para limpiar al cuerpo de agua.

Cuando se hizo la firma del convenio, las autoridades anunciaron que destinarían inversión para infraestructura, lo que se ha traducido solamente en plantas de tratamiento; sin embargo, estas no están funcionando por completo, tal y como LADO B pudo constatar en 2021 durante un recorrido en la zona.

La directora del Fray Julián Garcés dijo también que la CNDH ya había documentado en la recomendación que esa falta de coordinación entre los distintos actores del gobierno es una violación a los derechos humanos, pese a ello las autoridades lo están volviendo a hacer. 

En julio de 2021 la Conagua presentó el Programa de Acciones de Saneamiento (PAS), para el cual cada una de las instancias involucradas está llenando de manera independiente lo que les toca en el marco de lo que les corresponde del saneamiento (tal y como mencionó de manera general Guevara Manrique). Pero esto, como apuntó Alejandra, está incumpliendo lo mandatado por la CNDH, pues “cada quien lo está llenando, pero no están sentándose a trabajar [en conjunto]”.

En su opinión y experiencia de ya diez años insistiendo en el saneamiento del Atoyac desde el Fray Julián, Alejandra mencionó que “si nos ceñimos a lo que dice la recomendación, no lo están haciendo. Es lamentable la actitud de la Secretaría, no están leyendo la recomendación, no están haciendo caso. El reto y donde deben poner énfasis es un programa integral, una coordinación interinstitucional”, dijo en entrevista.

Otro de los problemas es la falta de información pública y actualizada al respecto, por ejemplo en el tema de recursos y medición de contaminación, pues hasta la fecha no se sabe cómo están funcionando las plantas de tratamiento, ni si han disminuido los niveles de toxicidad.

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En palabras de Alejandra, “nos estamos enfrentando nuevamente a una política de simulación que en el discurso todas (las dependencias) dijeron que aceptaban la recomendación y anunciaron acciones de manera descoordinada, y estas acciones que están realizando según la recomendación no están en sintonía”.

Como conclusión, la especialista recordó que desde la sociedad civil llevan varios años trabajando con científicas e investigadoras y ya entregaron a las autoridades competentes una propuesta puntual para el saneamiento del río, que está contaminado principalmente por las descargas industriales. “Mientras eso no ocurra, difícilmente las acciones seguirán, seguirán condenándonos a quienes habitamos en la cuenca a contraer enfermedades”.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández